En la década de los ochenta del siglo pasado, miles de salvadoreños y guatemaltecos comenzaron a llegar a Estados Unidos huyendo de los conflictos armados en sus países de origen. A su llegada, varias iglesias de las ciudades de Berkeley (California) y Tucson (Arizona) crearon varios programas para ofrecerles cobijo y protección ante unas políticas federales que consideraban duras y restrictivas. Es lo que se conocería como Movimiento Santuario, que pronto se institucionalizaría y extendería por administraciones locales y estatales del resto del país.
A grandes rasgos, los territorios santuario son aquellos lugares que limitan su cooperación con las agencias federales de control de inmigración para ofrecer un lugar más seguro a los inmigrantes. También existen en otros países y en referencia a otras poblaciones. Sin embargo, el término se extendió gracias a los municipios estadounidenses que daban más protección a los migrantes ante el riesgo de deportación, al limitar la información que comparten con las agencias federales para complicar y ralentizar ese proceso.
De acuerdo con el Center for Immigration Studies, en Estados Unidos hay cerca de 230 estados, condados y ciudades santuario, incluyendo San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Denver y Chicago. Se consideran santuarios porque aplican ese tipo de políticas de protección o también porque aprueban una normativa por la que se denominan como tal, pero no cuentan con reconocimiento legal. Estos territorios se reparten por todo Estados Unidos, pero la mayoría se concentran en el este del país, un área históricamente demócrata.
¿Dónde y por qué surgieron?
Tras la aparición del Movimiento Santuario a comienzos de de los años ochenta, el aumento tanto del flujo migratorio como de las políticas de protección llevó a Oregón a convertirse en el primer estado santuario en 1987, mientras que San Francisco se considera la primera ciudad santuario de Estados Unidos, sobre todo desde 1989.
Aquel año, San Francisco aprobó una serie de normativas para evitar la discriminación sufrida por los migrantes. Estas ordenanzas prohibieron el uso de fondos y recursos locales para colaborar con las agencias de control migratorio y prohibieron recopilar y difundir el estatus legal de los individuos. De esta forma, complicaban el acceso a los datos sobre la situación migratoria a las agencias correspondientes. También en los años ochenta, ciudades como Nueva York o Chicago tomaron medidas para proteger a los migrantes.
Sin embargo, el auge de estos territorios comenzó a partir de los años 2000, con políticas en estados como Illinois, Massachusetts, Washington, California o Nueva Jersey, y en ciudades como Denver. Pero el foco de las ciudades santuario cambió a partir de 2007, cuando pasaron de centrarse en migrantes irregulares latinoamericanos recién llegados a enfocarse en migrantes irregulares que ya vivían en el país desde hacía un tiempo. Con este cambio de perspectiva, más personas pudieron beneficiarse de estas políticas y nuevas ciudades comenzaron a aprobar normativas más amigables con la migración.
En la actualidad, San Francisco sigue siendo una ciudad santuario. Por ejemplo, se niega a atender las órdenes de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en ausencia de órdenes judiciales y prohíbe a la policía local preguntar por el estatus migratorio, salvo que el individuo esté bajo investigación por un delito grave. Además, proporciona servicios a los migrantes como asistencia jurídica y sanitaria, así como un documento de identidad local.
Trump contra las ciudades santuario
Antes de ser elegido presidente, Donald Trump ya había prometido deportar a millones de migrantes. En su primer día en la Casa Blanca firmó decenas de órdenes ejecutivas, entre ellas, dirigidas a acabar con la inmigración irregular mediante deportaciones masivas. Para lograrlo, durante su campaña prometió que prohibiría a las ciudades santuario su falta de cooperación con las agencias federales de inmigración.
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Trump también nombró como “zar de la frontera” a Tom Homan, exdirector del ICE y defensor de políticas como la de separación familiar de los migrantes. Homan ha asegurado que el Gobierno puede congelar los fondos federales a las ciudades santuario si no cooperan con las agencias federales. Estas nuevas medidas y amenazas ya han provocado reacciones. Algunas ciudades se han abierto a reducir las medidas que benefician a los inmigrantes, como Nueva York, mientras que otras las han reforzado, como Los Ángeles.
Uno de los argumentos principales de la Administración Trump y sus seguidores contra la inmigración irregular y las ciudades santuario es la tasa de criminalidad, sosteniendo que los migrantes irregulares fomentan la delincuencia. Sin embargo, de acuerdo con un estudio publicado en 2021 y recogido por el Congreso estadounidense, los índices de delincuencia son más bajos en las ciudades santuario. Esto se debe a que los migrantes confían más en las autoridades locales, lo que les permite denunciar abusos y actuar como testigos en los juicios sin ser deportados. Además, las medidas agresivas contra la migración a nivel local pueden afectar la salud pública, ya que los migrantes evitarían acudir a los centros médicos por miedo a dar a conocer su estatus migratorio, lo que puede descontrolar la difusión de enfermedades.
