Abril aún no se ha despedido y los españoles ya comienzan a mirar al cielo con desesperación. En algunos puntos hace más de cien días desde la última lluvia y el fantasma de la sequía y falta de agua comienza a extenderse por todo el país. Esta situación, excepcional a estas alturas del año en el historial meteorológico de España, va camino sin embargo de perpetuarse a consecuencia del cambio climático y una política hídrica incoherente con los recursos disponibles.
Según cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el 74% del territorio español se encuentra en riesgo de desertificación. En los últimos cincuenta años, las precipitaciones se han reducido un 25% y las temperaturas medias han aumentado 1,3ºC en el conjunto del país. Solo en las últimas dos décadas, el suministro de agua dulce ha menguado un 20%. Y a pesar de esas cifras tan alarmantes, los regadíos, culpables de cerca del 80% del consumo de agua nacional, no han parado de crecer hasta suponer el 23% de la superficie agrícola de España y el 65% de la producción agraria en 2021.
La paradoja es evidente: la segunda potencia agrícola de la Unión Europea y la primera en términos de superficie irrigada es también uno de los miembros más secos y calurosos. A futuro, será el país europeo que más sufrirá las sequías extremas.
La accidentada superficie de España influye en su meteorología, ya que las montañas dan lugar a zonas climáticas y sombras orográficas que acentúan la aridez natural del territorio y embolsan las corrientes de aire cálido en verano. Esa falta de humedad obliga al país a consumir cerca de la mitad del agua de la que dispone cada año, una proporción muy ajustada que sobredimensiona los efectos de las sequías y las fluctuaciones en la demanda.
Hasta ahora, la política hídrica española se basaba en la acumulación y la redirección de recursos, pero el cambio climático, la sobreexplotación de los acuíferos, el crecimiento insostenible de los regadíos, el abandono de la tierra y la degradación del suelo ―que afectan a su fertilidad y capacidad para retener humedad― amenazan con inutilizar esa estrategia y obligan a adoptar medidas cada vez más drásticas.
Desalinizadoras en lugar de embalses
España cuenta con alrededor de 1.300 embalses y numerosos trasvases ―los más destacados, los que transfieren agua del Tajo al sudeste de la península―. Gracias a esa infraestructura puede aliviar el estrés hídrico de años concretos con el excedente de lluvias de otras temporadas y redirigir el caudal de sus ríos hacia zonas necesitadas de agua.
El incremento de la evaporación y las rencillas territoriales en torno a los trasvases, sin embargo, están trastocando esa planificación: en lugar de capturar, almacenar y transportar el agua de lluvia, la prioridad es ahora producir más agua dulce en plantas desalinizadoras.
Mientras el número de embalses se reduce, España ya destaca como el quinto país del mundo con más desalinizadoras ―en torno a 900―. Entre ellas se encuentra la más grande de Europa, situada en Torrevieja (Alicante). No en vano, el Levante, concretamente las regiones de Murcia y la Comunidad Valenciana, concentra el mayor número de este tipo de instalaciones en la península española.
A pesar de hecho, el cambio de estrategia no podrá trasladarse al campo, ya que el agua desalinizada requiere de grandes cantidades de energía para ser producida y es más cara. Su uso solo es rentable por tanto para cultivos de alto valor añadido, como la almendra, el pistacho o las plantaciones ecológicas. La alternativa consistirá, irremediablemente, en un uso más reducido y eficiente del agua, un enfoque que probablemente acabará pinchando la burbuja de la agricultura española.
__________
*Fe de errores: en una primera versión de este artículo se afirmaba que el agua desalinizada no es apta para el regadío.
© El Orden Mundial.
Todos los derechos reservados.
