España es el segundo país de la OTAN que menos dinero invierte en defensa, con un gasto que apenas llegó a un 1,02% de su PIB durante 2021 según datos oficiales de la organización atlantista. La cifra aún está lejos del objetivo del 2% que establecieron sus miembros en la cumbre de Gales de 2014, y sitúa a España solo por delante de Luxemburgo —0,6%— en la lista de países que menos recursos destinan a este ámbito.
Aunque aún está por ver si las intenciones del Gobierno se traducirán realmente en un aumento del gasto, el presidente español Pedro Sánchez anunció a mediados de marzo que Madrid aumentará el presupuesto destinado a defensa durante los próximos años hasta alcanzar el mínimo oficial marcado por la OTAN.
Dos son las razones de este cambio de postura histórico en un país cuya inversión ha estado siempre a la cola en bloque occidental: la invasión rusa de Ucrania, que ha encendido las alarmas de la Unión Europea y ha provocado que varios países, incluyendo Alemania, se replanteen su estrategia militar; y la cumbre de la OTAN que Madrid acogerá el próximo mes de junio, una cita a la que el Ejecutivo español quiere acudir habiendo confirmado su compromiso con la seguridad atlantista.
En concreto, para cumplir con las exigencias de la OTAN —un acuerdo político pero no vinculante— España debería prácticamente duplicar su gasto en defensa, aumentándolo desde los 11.700 millones que contemplan las cuentas aprobadas para 2022 —incluyendo la partida del Ministerio de Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia y otros organismos autónomos militares— hasta los 24.000 millones anuales.
Existen, no obstante, distintas formas de medir esta inversión. La organización atlantista tiene en cuenta los recursos destinados a la adquisición y construcción de equipamiento militar, a la investigación y al desarrollo y costes operativos, de forma que a esos 11.700 millones de euros se suma el gasto asociado a las operaciones que realiza España en el exterior hasta alcanzar los 12.208 millones, el equivalente al 1,02% del PIB.
El Banco Mundial, por su parte, haciendo uso de los datos del Centro Internacional de Estocolmo para la Defensa de la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés), también contabiliza las pensiones de los militares, y eleva el gasto hasta los 16.800 millones de euros —el 1,4% del PIB—. Este es el dato desde el que parte el Gobierno de España y el que, comparado con el 2,49% de la media de la OCDE, presenta una brecha de más de un punto porcentual.
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Además, grupos del tercer sector optan por incluir asimismo el presupuesto de la Guardia Civil y partidas asociadas a otros ministerios pero que guardan una estrecha relación con la seguridad y la defensa, como el Programa Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la Defensa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. De acuerdo con sus cálculos, la inversión española en defensa es en realidad de más de 20.000 millones de euros, según el Grup Antimilitarista Tortuga, o incluso 23.000 millones, de acuerdo con el Centro Delás de Estudios de Paz.
Sea cual sea la metodología empleada, lo que está claro es que el gasto de España en defensa siempre ha sido relativamente inferior al de los países de su entorno. Durante el franquismo, un periodo de inversión variable, el presupuesto se situó alrededor del 2% del PIB, pero muy por detrás de una OCDE a rebufo de la invasión de Vietnam. Posteriormente, la invasión soviética de Afganistán y la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca dieron paso a un nuevo periodo de expansionismo militar, pero tras la caída de la Unión Soviética la inversión en defensa se ha desinflando.
La pandemia, que redujo notablemente la riqueza nacional, ha aumentado el peso proporcional de la inversión en defensa de la OCDE en los presupuestos generales, pero se trata de un aumento coyuntural. El nuevo desafío ruso, sin embargo, sí que está llamado a provocar un rearme y una mayor movilización de recursos militares durante los próximos años en el bloque occidental. Tanto es así que Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, ha anunciado que los Veintisiete han acordado crear una fuerza común de intervención rápida formada por 5.000 soldados, así como «gastar más y gastar mejor en defensa».
