Las calles de Francia están en llamas, otra vez. Desde 2020, el país ha acogido una media de veinte protestas al día, según datos de The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). Y aunque la inmensa mayoría de las manifestaciones —el 95%— son pacíficas, en promedio todos los días también se produce un disturbio o protesta violenta como la que se ha desatado tras la muerte a manos de la policía de Nahel, un adolescente de 17 años de ascendencia argelina.
Se trata de episodios en los que los manifestantes han protagonizado enfrentamientos con otros ciudadanos o fuerzas gubernamentales, pero también actos de vandalismo o bloqueos de carreteras con barricadas, entre otras actividades de carácter destructivo. De forma más o menos recurrente esas protestas violentas han escalado y paralizado el país: sucedió en 2005 tras la muerte de dos jóvenes musulmanes de origen africano mientras escapaban de la policía en una banlieue («suburbio») de París; en 2018 con los chalecos amarillos; y ahora con los altercados provocados por la muerte de Nahel.
Más allá de los episodios puntuales de violencia, históricamente los franceses han acudido frecuentemente a huelgas y manifestaciones que alcanzan altas tasas de movilización para expresar su descontento con el gobierno, una tradición que deriva de la tormentosa relación que han mantenido con sus mandatarios —la Revolución Francesa es el ejemplo más evidente— pero también del poder de sus sindicatos —pequeños en número de afiliados pero con un amplio respaldo legal—.
Hace cincuenta años, por ejemplo, estudiantes de la Universidad de Sorbonne levantaron barricadas para desafiar el estatus quo del Estado francés. La violencia con la que las autoridades respondieron a la revuelta provocó que los trabajadores del país tomaran parte en las protestas y en mayo de 1968 las movilizaciones ya contaban con nueve millones de participantes. Al final, los manifestantes consiguieron que el salario mínimo se incrementara un 35% y subidas salariales del 10%.
Es solo un ejemplo de una larga lista de protestas y, también, de logros sociales cosechados en las calles por los franceses: la contestación ciudadana obligó al Gobierno a reformar el proceso de selección universitaria en 1986, abandonar la reforma de las pensiones de los trabajadores del transporte público en 1995 o descartar una escala salarial más baja para los recién graduados en 2006.
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De lo que no han sido capaces los manifestantes, sin embargo, ha sido de detener la reforma por la cual Emmanuel Macron ha aumentado la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. El anuncio del plan del Ejecutivo francés a principios de enero dio lugar a la ola de protestas más multitudinarias del Gobierno de Macron desde la crisis de los chalecos amarillos, pero el presidente logró resistir y a mediados de abril aprobó la reforma tras recibir el visto bueno del Consejo Constitucional.
Desde 2020, el liberal también ha tenido que hacer frente a fuertes protestas por las condiciones salariales y laborales del personal sanitario (los blusas blancas) o la imposición del pasaporte sanitario durante la pandemia y las huelgas salariales de finales de 2022 motivadas por la inflación y el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Asimismo, durante los últimos tres años los franceses también se han echado en masa a las calles el 1 de mayo, el Día del Trabajador y una fecha muy celebrada en Francia.
