La educación concertada en España nació como un intento de garantizar la enseñanza en todas las partes del país, fundamentalmente en los territorios y segmentos de la sociedad donde no llegase la intervención pública. Pero la inversión en este tipo de centros, que supone el 17% de todo el gasto público en educación del país, no ha traído consigo un sistema educativo igualitario, sino uno marcado por la segregación socioeconómica, el cobro obligatorio de cuotas ilegales a las familias, el dominio de los centros católicos y la desigual implantación territorial.
En el curso 2021-2022 existían en España más de 28.000 centros educativos no universitarios. Si bien el grueso de estas escuelas (67,5%) son de titularidad pública, 5.428 centros tenían todas o parte de sus enseñanzas bajo concierto. Esta cifra corresponde a más de un 19% de todas las escuelas de España, dejando el valor restante a la educación privada.
El trasvase de fondos públicos a estos centros no es homogéneo en todas las comunidades autónomas. Mientras que las administraciones de País Vasco, Madrid y Cataluña llegaron a dedicar en dicho curso el 28%, 27,3% y 21% respectivamente de sus presupuestos públicos para educación no universitaria a este tipo de centros, el presupuesto para la concertada en Castilla-La Mancha, Extremadura o Canarias no alcanzó el 10%.
La escuela concertada ha acogido en torno al 30% de los estudiantes españoles a lo largo de las últimas décadas. Este porcentaje, en casos como el de País Vasco, asciende hasta la mitad de los alumnos de la región y desciende por debajo del 20% en comunidades como Castilla La Mancha, donde la ruralidad y la despoblación se suele traducir en un único centro público por pueblo o agrupando varios pueblos. La escuela concertada, por su parte, se concentra en núcleos urbanos, más densamente poblados, y zonas de rentas altas.
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Aunque tres cuartas partes de los estudiantes de centros concertados están matriculados en centros católicos, es precisamente este último factor —que las familias tengan mayor capacidad económica— el que condiciona la mayor o menor presencia de la escuela concertada en cada comunidad autónoma, según Save the Children.
En este sentido, y aunque por ley está estipulado que la escuela concertada debe garantizar la educación de forma gratuita y únicamente deben cobrarse de manera voluntaria las actividades extraescolares, las familias con hijos matriculados en centros concertados pagan de media al año más de 1.600 € en comunidades autónomas como Cataluña. El argumento suele ser que no reciben suficientes fondos públicos como para sufragar sus gastos, pero la realidad es que, como subrayan desde Esade, el porcentaje de escuelas que cobran cuotas asciende hasta el 75%, según la etapa educativa. Y, además, la probabilidad de cobro de cuotas así como su precio es mayor en centros con mejor financiación pública. Ejemplo de esto son las ya mencionadas tres comunidades autónomas donde más inversión pública se destina a financiar la escuela concertada, País Vasco, Madrid y Cataluña, que son, sin embargo, las que cuentan con las cuotas más altas de cobro a las familias.
Según el último estudio de Cuotas y Precios en Colegios Concertados realizado por la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), el 98% de los colegios concertados encuestados de Cataluña cobran una cuota base a las familias, número que asciende al 99% en caso de la Comunidad de Madrid y al 100% en el País Vasco. La mitad de estos, en el caso madrileño, cobran más de 150 euros al mes, y una cuota promedio de 250 euros mensuales en el caso catalán. La voluntariedad de estas cuotas, recogida en la última ley de educación o LOMLOE, brilla por su ausencia. En líneas generales, el 68,6% de los centros no menciona que las cuotas no son obligatorias en sus entrevistas con las familias.
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En el caso específico de la Comunidad de Madrid, los centros concertados deben, de acuerdo a la orden publicada en el BOCM el 22 de diciembre de 2023, publicar en sus páginas webs el listado y precio de todas las actividades, extraescolares y servicios complementarios del curso anterior y los previstos para el nuevo curso de cara a garantizar la plena libertad de elección de las familias. El CICAE incluyó en el mencionado estudio un análisis de las páginas web de los centros concertados madrileños con cuotas más altas y más de la mitad de los colegios no incluye mención a la cuota o aportación que las familias tienen que hacer.
Así pues, y aunque el gasto público en educación concertada en España ha aumentado progresivamente con los años —pasando de 5.779 millones en 2011 a 7.459 millones en 2022— y el 30% de los colegios concertados están en clara situación de sobrefinanciación, no se está garantizando una educación inclusiva en todo el sistema educativo sino perpetuando la brecha socioeconómica entre los estudiantes de ambos tipos de centros.
