La península ibérica está atravesada por una gran brecha: la educativa. España es el país de la OCDE con la mayor diferencia socioeconómica entre los alumnos de la escuela concertada y los de la pública. Mientras tanto, su vecino Portugal invierte los roles con una concertada que acoge a los estudiantes de menor nivel adquisitivo, por mucha distancia respecto a la pública.
Los datos proceden de un análisis sobre la desigualdad en la educación de la ONG Save the Children realizado en septiembre del año pasado a partir del último informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, más conocido como informe PISA y elaborado cada tres años por la OCDE. En concreto, la organización española ha desglosado por tipo de escuela el índice de estatus económico, social y cultural (ISEC) de aquellos países que tienen más de un 5% de sus alumnos matriculados en centros concertados.
En España, el motivo de la desigualdad en la educación son las cuotas voluntarias sobre el papel pero habituales en la práctica que deben pagar las familias y que terminan financiando cerca del 20% de este tipo de escuelas, donde estudian hasta el 30% de los alumnos españoles. De acuerdo con la actual ley de educación, la LOMLOE o Ley Celaá, tanto centros públicos como privados solo pueden recibir dinero por parte de las familias siempre y cuando sea de manera voluntaria y para sufragar actividades extracurriculares, puesto que ya reciben subvención pública.
Sin embargo, según el think tank español Esade, entre el 81% y el 95% del alumnado de la escuela concertada española paga una cuota media de entre 680 y 860 euros al año, en función de la etapa educativa, un desembolso que contribuye a ampliar la desigualdad en la educación del país. Estos pagos rara vez son voluntarios: casi el 70% de los centros no menciona en sus entrevistas con las familias que las cuotas pueden no pagarse, como señala un estudio de la Asociación de Colegios Privados e Independientes.
El caso portugués es único precisamente porque es al revés: el alumnado de la educación pública es el que presenta un mayor perfil socioeconómico, a una distancia considerable de los centros concertados. El modelo de Portugal se basa en invertir mucho dinero en la educación pública y que, allá donde esta no llegue, exista la concertada. Es decir, en aquellas regiones donde no existen escuelas públicas se crean los denominados centros educativos privados y cooperativos con contratos de asociación, que reciben también financiación pública y son gratuitos para los estudiantes. Así, la diferencia en el perfil del alumnado no viene definida por el hecho de que haya que pagar unas tasas en determinadas escuelas, sino porque este tipo de colegios se crean en municipios pequeños y medianos, así como en zonas más desfavorecidas económicamente.
En concreto, el índice ISEC de PISA del que parte el análisis de Save the Children se calcula a partir de tres indicadores: el nivel educativo más alto de los padres, el estatus ocupacional más alto de los padres y las posesiones del hogar, que dan cuenta de la riqueza familiar. La OCDE expresa este índice en base a la media de los miembros de la organización, que recibe un valor cero, y cuanto más alto es el dato del ISEC, mayor es el estatus socioeconómico.
De esta forma, la ONG compara con datos de 2022 el perfil socioeconómico de los alumnos de 15 años de la escuela pública con los de la concertada y la diferencia entre unos y otros refleja la desigualdad en la educación. En el ejemplo español, el cruce entre ambos índices ISEC arroja un resultado de 0,48 puntos a favor de los centros concertados, la diferencia más amplia en toda la OCDE, mientras que en el caso de Portugal la diferencia es de 0,29 puntos pero a favor de la educación pública.
Ejemplos como el de Estonia o Colombia, con una presencia muy limitada de la concertada —el 6% y el 8% de los alumnos, respectivamente—, también muestran grandes desigualdades socioeconómicas entre los dos tipos de escuelas. Ese desequilibrio pone de manifiesto dos cuestiones: por un lado, la diferencia en el reparto de la riqueza de la población en el caso colombiano, donde solo unos pocos pueden permitirse la educación concertada o privada.
En ese sentido, el sistema se asemeja a un apartheid educativo en el que los ricos estudian en instituciones privadas de buena calidad y las personas de clase media o en situación de pobreza acuden a centros públicos de menor calidad. Y, por otro lado, el peso de la religión en el caso estonio. En el país báltico, la mayoría de los colegios son públicos y gratuitos, pero solo en un 14% de ellos se ofrece la posibilidad de cursar la asignatura de Religión, una materia que sin embargo tiene plaza fija en los programas de las escuelas concertadas cristianas.
Por el contrario, en Reino Unido y Países Bajos, más del 65% de los alumnos asisten a centros concertados y la diferencia socioeconómica entre estos y los estudiantes de la pública es entre mínima e inexistente. En el caso de Países Bajos, el crecimiento de los colegios privados religiosos como alternativa a la laicidad de los públicos llevó a que se reconociese constitucionalmente la financiación de los primeros con dinero público, provocando que el concierto sea prácticamente la base de su sistema educativo. Por su parte, el modelo de Reino Unido es el de las “academias”: colegios independientes financiados por el Estado y con posibilidad de apoyo de patrocinadores, que tienen más libertades a la hora de diseñar sus programas académicos y horarios y que no deben cobrar cuotas a las familias.
La escuela concertada es insostenible si no se piden cuotas voluntarias a los padres. El Estado no cubre todos los gastos y casi todos los colegios concertados que conozco (de Valladolid) van a `pérdidas. El Estado gasta casi dos tercios menos en la concertada de lo que gasta en la pública. Los profesores trabajan más y hacen más horas extra (comedores, madrugadores…) que en los de la pública, donde contratan monitores. El negocio le sale redondo al Estado. Sería interesante que algún día hicieseis un estudio en profundidad de lo que le cuesta al Estado un colegio público de 600 alumnos frente a uno concertado con el mismo número de alumnos. Saludos