Con una población de apenas cinco millones de habitantes, Irlanda produce cada año alimentos suficientes para 35 millones de personas, siete veces su población actual. Impulsado por su agencia estatal de capital riesgo (Enterprise Ireland), el país isleño es el cuarto mayor exportador de carne de ternera de la Unión Europea y uno de los que más invierte en tecnología agrícola del mundo. Toda esta maquinaria económica tiene sin embargo un lado oscuro: el sector agroalimentario de Irlanda es el que más CO2 emite por habitante de todo el espacio comunitario, con unas 8,23 toneladas per cápita, según las cifras de la FAO para el año 2021.
Frente a estos datos de contaminación, que apenas se han reducido en 1 tonelada durante la última década, las exportaciones de productos cárnicos, sobre todo bovinos, y lácteos, suponen para Irlanda un importante ingreso anual. Concretamente, el sector agroalimentario representa aproximadamente el 8,3% de las exportaciones totales del país. En el contexto de la UE, Irlanda es el cuarto país con la mayor cantidad de ganado vacuno, algo que de nuevo impacta negativamente en sus emisiones: es el país que más metano emite de toda el espacio comunitario.
Si bien el gobierno de Irlanda pretende ser neutro en carbono para 2050 y busca reducir en un 25% las emisiones derivadas de la agricultura para 2030, actualmente la industria agrícola es responsable un tercio de las emisiones totales del país. A nivel comunitario, además de Irlanda, los países bálticos y nórdicos son los que más emisiones per cápita generan por la agricultura, pesca y ganadería. Los que menos, en contraste, son Malta y Chipre, seguidos de Portugal y España.
Las emisiones que produce el sector agrícola, de media unas 3,2 toneladas por habitante en el conjunto de la UE, se deben a la ganadería intensiva, al uso de los combustibles fósiles, la gestión de los suelos, el uso de fertilizantes o la quema de residuos agrícolas, entre otros. Y aunque las grandes superficies agrícolas también tienen la capacidad de absorber CO2, los gases emitidos siguen superando a aquellos atrapados.
En este sentido, las tierras agrícolas y forestales de la Unión Europea permiten la captura de 229 millones de toneladas de CO2. España, la quinta potencia agrícola de la UE, fue en 2021 el país que más dióxido de carbono absorbió, unas 45 millones de toneladas, según un estudio realizado por Liken Carbon Hub.
Desde principios de los años noventa hasta 2017, el sector agrícola de la UE —el más contaminante tras el energético y el del transporte— sólo ha reducido sus emisiones en un 19%. Ahora, en el contexto del Pacto Verde Europeo, los 27 están trabajando en reducir las emisiones del sector en un 90% para mitad de siglo.
Para conseguirlo es necesaria la combinación de bajas emisiones y una mayor absorción de los suelos, que se consigue con una buena gestión agraria y con la protección de los ecosistemas frente a la deforestación y los fuegos.
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Sin embargo, todas estas demandas, en la mesa de las políticas comunitarias desde hace tiempo, han entrado en conflicto a comienzos de 2024 con el sector agrícola europeo, que ya lleva semanas en huelga en Alemania, Francia, España o Rumanía.
El borrador del nuevo Pacto Verde, que incluía restricciones y prohibiciones sobre el uso de ciertos fertilizantes, ha sido el detonante de un problema que viene de lejos. Entre otras demandas, los agricultores y ganaderos comunitarios exigen igualdad de condiciones con los productos importados, de los que denuncian que no cumplen las condiciones de sostenibilidad a las que los productos comunitarios están sujetos.
En pleno año electoral europeo, la Comisión ha reculado rápidamente, eliminando del borrador la propuesta de reducir a la mitad el uso de pesticidas en la UE, así como autorizando salvaguardas frente a las importaciones de trigo ucranianas, con la intención de responder a las reclamas de los agricultores.
