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Los retos de la política climática de Biden

Los retos de la política climática de Biden
Fuente: elaboración propia.

Joe Biden se presentó a las elecciones con una ambiciosa agenda ambiental: pretende descarbonizar la economía estadounidense para 2050, una meta que podría verse bloqueada por un Senado de mayoría republicana. Que Estados Unidos retome el liderazgo en la lucha internacional contra el cambio climático también es una buena noticia, pero puede resultar contraproducente ante la necesidad de que la comunidad internacional adopte medidas vinculantes de reducción de emisiones y financiación climática, a las que Washington suele ser reacio.

La carrera hacia la Casa Blanca de 2020 ha estado protagonizada por dos candidatos con posturas opuestas en materia climática. El republicano Donal Trump, escéptico del cambio climático, dedicó su mandato a desmantelar más de cien regulaciones medioambientales y favoreció a las industrias extractivas para promover la independencia energética. Por otro lado, el demócrata Jon Biden se presentó con una agenda ambiental ambiciosa y la promesa de situar a Estados Unidos en el centro de la lucha internacional contra el cambio climático. Ahora que Biden ha sido elegido cuadragésimo-sexto presidente de EE. UU., su programa medioambiental podría dar un giro de 180 grados al de la Administración Trump.

El plan de Biden para una revolución limpia

El plan climático de Joe Biden se basa en lo que ha venido a llamar una “revolución de la energía”: crear una red eléctrica libre de carbono para 2035 y eliminar la huella de carbono de la economía estadounidense antes de 2050. Para lograrlo, Biden pretende invertir 1,7 billones de dólares estadounidenses en energías renovables a lo largo de la próxima década. Revertir la rebaja de impuestos corporativos de la era Trump o terminar con los subsidios a los combustibles son algunos de los medios que plantea para sufragar tal desembolso. 

Durante la campaña electoral Biden destacó el cambio climático como una de las cuatro grandes crisis históricas a las que se enfrenta la nación. La agenda medioambiental se enlaza con su respuesta a las otras tres grandes crisis: la pandemia, la situación económica y la injusticia racial. Para responder a estos problemas plantea crear millones de empleos en sectores limpios, proteger a las comunidades más vulnerables colocándolas en el centro de las políticas y reforzando organismos de justicia climática o erigir toda una nueva infraestructura de transporte, vivienda y edificios gubernamentales resiliente y baja en carbono.

Todas estas políticas hacen creer que Biden respalda el Green New Deal (GND), aunque su postura al respecto es incierta. El GND entró oficialmente en la política estadounidense a través de una resolución que los demócratas Alexandria Ocasio-Cortez y Ed Markey intentaron pasar, sin resultado, por el Senado en 2019. Se trata de un paquete de políticas que emula el New Deal del presidente Franklin Roosevelt, un estímulo económico masivo para sacar a la economía estadounidense de la crisis del 29. Basándose en la idea de que la emergencia climática exige un esfuerzo de igual magnitud, el GND es un paraguas que recoge políticas, regulaciones e inversiones verdes de gran escala.

Si bien durante los debates electorales Biden lanzó mensajes contradictorios, su programa sí incluye una mención al GND. Lo adopte oficialmente o no, la realidad es que su agenda también se enfoca en la justicia climática y recoge más de la mitad de las propuestas del GND, como eliminar las emisiones del sector del transporte, promover tecnologías de captura de carbono o hacer que las corporaciones respondan legalmente por su contaminación. No obstante, hay un motivo de peso que podría amedrentar a Biden a la hora de apoyar abiertamente el Green New Deal. Asociado al ala más izquierda del partido, el debate en torno al GND provoca división entre las filas demócratas ya que un sector más conservador del partido considera estas políticas demasiado radicales.

La agenda de Biden también presenta algunas flaquezas o puntos negativos. La descarbonización de la economía descansa excesivamente en la posibilidad de un rápido avance en el desarrollo de alternativas como el hidrógeno verde o las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Solo así puede eliminarse la huella de carbono con un plan que no contempla modificar las bases de la economía de consumo. Por otro lado, el futuro presidente ha asegurado que no planea prohibir el fracking, o fracturación hidráulica, una práctica de extracción de petróleo muy contaminante, sino que optará por no permitir nuevas licencias en terreno público.

Toda una carrera de obstáculos nacional

La ambición que la agenda de Biden demuestra sobre el papel se da de bruces con la realidad del complejo entramado político de Washington. Aunque el resultado de las elecciones del Senado está todavía por determinar, una mayoría republicana en esta cámara podría bloquear muchas de las propuestas más agresivas de Biden, como la inversión federal masiva en energía limpia, eliminar los subsidios a las compañías petroleras o prohibir nuevas licencias extractivas en tierras y aguas públicas. Además, el senador Mitch McConnell ha sido reelegido líder republicano del Senado, cargo que ostenta desde 2015. McConnell es conocido por ser particularmente obstruccionista, como demostraron los numerosos bloqueos que impuso durante la administración Obama. Su actitud hacia el programa climático de la nueva Administración será un factor importante para determinar su viabilidad en el Congreso.

La oposición del Senado puede sortease parcialmente con alternativas como legislar mediante las agencias federales y las órdenes ejecutivas, decretos presidenciales con fuerza de ley. La regulación de las agencias podrían servir, por ejemplo, para endurecer las medidas sobre contaminación del aire. En cuanto a las órdenes ejecutivas, Biden plantea emplearlas para crear nuevos estándares de eficiencia que afectarían al transporte y edificios o proteger casi un tercio de las aguas y tierras del país para 2030. No obstante, la Corte Suprema, que en los últimos años se ha vuelto más conservadora y reacia a una Administración grande, podría estar poco inclinada a que órganos como la Agencia de Protección Ambiental, principal agencia medioambiental del país, adopten regulaciones o reciban amplios poderes del Congreso.

Pese a la polarización, republicanos y demócratas coinciden en que el país requiere estímulos económicos para capear la crisis provocada por la pandemia. Ello abre a Biden una ventana de oportunidad para que, incluso con un Senado hostil, el paquete de estímulos actúe como caballo de Troya para algunas políticas medioambientales, como invertir en infraestructuras o la formación en sectores limpios. Sin embargo, es muy posible que el nuevo presidente tenga que suavizar el alcance de las medidas que había planteado en un principio.

¿Buenas noticias para el panorama internacional?

La agenda climática internacional de Biden también es opuesta a la de Trump. Biden empezará su mandato ordenando que el país vuelva al Acuerdo de París, del que se retiró el pasado 4 de noviembre por decisión de Trump. El demócrata aspira a hacer de EE. UU. un líder en la lucha climática y espolear al resto de la comunidad internacional a adoptar compromisos más ambiciosos. Para ello contará con John Kerry, secretario de Estado con Obama y candidato demócrata en las elecciones presidenciales de 2004, que ganó George Bush. Biden le ha nombrado enviado especial para el cambio climático, un cargo nuevo con el que la diplomacia climática estadounidense queda en manos de una figura experimentada y conocida. Kerry formó parte de las negociaciones del Acuerdo de París y lanzó en 2019 una coalición de líderes mundiales, Guerra Mundial Cero, para llamar a la acción climática.

“El trabajo que empezamos con el Acuerdo de París está lejos de haberse completado. Vuelvo al Gobierno a reencaminar a Estados Unidos para enfrentar el mayor reto de esta generación y las siguientes”.

Sin embargo, recuperar el liderazgo internacional va a exigir más esfuerzo que una mera firma. El panorama global es bastante diferente a cuando Trump llegó al poder, y otros líderes como China o la Unión Europea han escalado considerablemente sus compromisos medioambientales. Washington necesita mostrarse ambicioso y creíble si quiere recuperar el espacio cedido al resto de potencias.

Este regreso de Estados Unidos a la lucha internacional contra el cambio climático se puede considerar una buena noticia, con matices. Es la primera economía mundial y el segundo país con más emisiones de CO2 en términos absolutos, tan solo por detrás de China, por lo que es una clara victoria que se reincorpore. Pero si lo hace manteniendo la actitud de que Estados Unidos ha adoptado en negociaciones climáticas pasadas, el resultado podría ser contraproducente.

Washington ha abogado tradicionalmente por acuerdos no vinculantes, metas poco exigentes y mecanismos flexibles de mercado que resulten atractivos para el sector privado. Así se vio en las negociaciones del Protocolo de Kioto de 1997, donde se le hicieron numerosas concesiones, como establecer un mercado de emisiones de carbono. Pese a ello, Estados Unidos nunca llegó a ratificar el acuerdo ya que el Senado estadounidense se opuso, argumentando que podría dañar la economía nacional y que no exigía los mismos compromisos a los países en desarrollo. 

El fracaso de Kioto no es anecdótico, sino sintomático del funcionamiento de la política nacional, y ha marcado la postura estadounidense desde entonces. Al no poder aceptar acuerdos con obligaciones de reducción de emisiones o financiación sin que estos pasen con el Congreso, Washington defiende acuerdos no vinculantes o que no pongan a su economía en “desventaja” respecto a otros países. Así, la administración Obama jugó un papel clave a la hora de hacer que el Acuerdo de París de 2015 se basase en compromisos de reducción de emisiones voluntarios y determinados por cada país, en lugar de objetivos vinculantes impuestos desde arriba.  Y si bien EE. UU. no es el único país que ha intentado descafeinar los acuerdos internacionales sobre el clima, su peso en la esfera internacional le hace determinante en las negociaciones.

Un respiro de cuatro años

El tiempo corre en contra de la comunidad internacional. El calentamiento global ya ha superado el grado centígrado por encima de niveles preindustriales y es cada vez más inminente el peligro de superar los puntos de no retorno que traerían cambios irreversibles, como la pérdida de permafrost. Y sin embargo las contribuciones propuestas en París son insuficientes.  Por ello es crucial que la próxima cumbre climática, la COP26 de Glasgow en 2021, rompa con la tónica de las últimas cumbres y adopte medidas ambiciosas para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC. Pero si Biden sigue las mismas pautas que sus antecesores, cabrá esperar que presione de nuevo por un acuerdo sin objetivos ambiciosos y vinculantes de reducción de emisiones.

Indistintamente de la postura de la futura Administración demócrata en los foros internacionales, su agenda climática nacional supondrá un gran avance a escala global. Descarbonizar la economía estadounidense para 2050 supondría ahorrar al planeta un calentamiento de 0,1 ºC para el año 2100. Aunque la cifra parezca nimia, en conjunto con los planes de descarbonización que han adoptado otras potencias como China, Japón o la UE, estos programas harían que mantener el calentamiento por debajo de 1,5 ºC vuelva a ser realizable.

Desafortunadamente, no hay ninguna seguridad en que los planes de Biden se mantengan a largo plazo. Incluso si consigue sacar adelante sus políticas más ambiciosas, los avances siempre van a estar sujetos a la amenaza de los vaivenes políticos. No es muy probable que un futuro Gobierno republicano, tradicionalmente más hostil a las medidas medioambientales, vaya a seguir la senda marcada por el demócrata. Pero al menos las ambiciones de Joe Biden proporcionan un respiro a la lucha contra el cambio climático durante los próximos cuatro años.