Macron gana, Merkel pierde: los nuevos cargos de la UE

En política y en los procesos electorales muy poco está dejado al azar. Las legislaturas suelen durar varios años porque redactar leyes y definir la dirección de un país a largo plazo no son tareas que se puedan realizar de la noche a la mañana. En la Unión Europea ocurre exactamente igual: las legislaturas —que en este caso concreto tienen una duración de cinco años— buscan dar estabilidad al aparato organizativo y encontrar cierta continuidad en las políticas a aplicar y en la dirección que, bajo consenso, anda el proyecto comunitario. 

Los resultados electorales de este año se han salido de lo que ha sido habitual en el proyecto comunitario en varios aspectos, un síntoma de que la estructura organizativa europea necesita echar carbón a la máquina para adaptarse a los nuevos desafíos que vienen. En primer lugar, el índice medio de participación en la Unión Europea ha alcanzado su máximo histórico de los últimos 20 años: más del 50% de los votantes europeos participó en estos comicios, una cifra varios puntos superior a la de 2014, en que la participación fue inferior al 43%. Esto solo tiene una lectura: a la gente le importa lo que ocurre en Europa. En segundo lugar, la propia configuración del nuevo Parlamento Europeo es un reflejo, por primera vez, de lo que lleva ocurriendo en varios países de Europa desde hace años: irrumpen nuevas fuerzas políticas, se acaba la hegemonía de los grandes partidos tradicionales, la sociedad se polariza, los movimientos de extrema derecha y euroescépticos cobran fuerza y, en consecuencia, la demanda de entendimiento entre distintas fuerzas es ya inevitable. Es la primera vez en la historia del Parlamento Europeo en la que los dos grupos parlamentarios más grandes, S&D —Socialistas y Demócratas— y el PPE —Partido Popular Europeo— no suman juntos mayoría absoluta, lo que cambia toda la aritmética parlamentaria y el eje del juego de poderes, como ya se ha visto en la elección de los puestos de más alta responsabilidad de la Unión. 

Para paliar de alguna manera el déficit democrático que sufría la Unión Europea, en las elecciones de 2014 se pensó en un proceso —no oficial— que pretendía aportar transparencia a la elección de los máximos representantes de la Unión: el spitzenkandidaten (“candidato principal” en alemán). Este proceso obligaba a los grupos parlamentarios europeos a elegir a su candidato a la Comisión Europea antes de las elecciones y a defender su candidatura a lo largo de Europa. El grupo parlamentario ganador en las elecciones europeas sería quien colocaría a su spitzenkandidaten como presidente de la Comisión y, en función de las negociaciones y coaliciones, se repartirían el resto de los cargos importantes entre los candidatos principales. Este proceso aporta varios aspectos positivos al funcionamiento de la Unión Europea: por un lado, los candidatos deben contar con el apoyo del grupo parlamentario europeo al que pertenezcan sus respectivos partidos para postularse para el puesto. Por otro, la ronda de debates entre los distintos spitzenkandidaten acerca la UE a los ciudadanos y contribuye a que las campañas no se centren solo en asuntos nacionales de cada país. Por si fuera poco, el nombramiento del presidente de la Comisión queda, de alguna forma, vinculado a los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, que es elegido directamente por los ciudadanos.