A las 19:59 del 3 de abril de 2016, cientos de periodistas de todo el mundo aguardaban expectantes frente a sus ordenadores: estaban a un clic de publicar la mayor filtración de documentos confidenciales hasta entonces. Un minuto después veían la luz los Panama Papers o papeles de Panamá. 11,5 millones de documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca que involucraban a líderes mundiales, políticos, empresarios, deportistas y artistas en la creación de sociedades pantalla en paraísos fiscales para eludir o evadir impuestos y blanquear dinero.
La investigación fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que había recibido los documentos de Mossack Fonseca a través de una fuente anónima. El informante no quería dinero, solo justicia fiscal. El ICIJ, el periódico alemán y los cuatrocientos periodistas de ochenta países que participaron en la investigación recibieron en 2017 el Premio Pulitzer en la categoría de periodismo en profundidad.
Mossack Fonseca y las sociedades offshore
Con antecedentes como los Offshore Leaks en 2013 o los Swiss Leaks en 2015, los Panama Papers marcaron un antes y un después para el periodismo colaborativo y en la historia de la fiscalidad internacional porque destaparon el funcionamiento detallado de las sociedades offshore. Estas son compañías registradas en un Estado diferente al país en el que operan, normalmente paraísos fiscales, para beneficiarse de la baja presión fiscal y del secreto bancario. Los papeles de Panamá revelaron que Mossack Fonseca había ayudado a crear 214.488 sociedades offshore entre 1970 y 2016, de las que casi 114.000 se encontraban en las Islas Vírgenes Británicas, donde apenas se cobran impuestos.
Aunque crear una sociedad offshore no es ilegal, los Panama Papers revelaron que la mayoría de estas compañías habían sido creadas con ayuda de bancos internacionales para eludir o evadir impuestos y blanquear dinero. Esta pantalla protegía la identidad de sus titulares últimos, desde líderes mundiales y celebridades hasta miembros de organizaciones criminales y narcotraficantes. El escándalo salpicó a figuras como Vladímir Putin, Mauricio Macri, Leo Messi, Pedro Almodóvar y parte de la élite del Partido Comunista Chino, y provocó la dimisión de los primeros ministros de Islandia y Pakistán. Aunque no siempre con presunta forma delictiva, cientos de políticos, cargos públicos y famosos aparecieron conectados a sociedades offshore en más de doscientos países.
Después de los Panama Papers
Gracias a los Panama Papers, los países afectados han recuperado más de 1.360 millones de dólares en impuestos, multas y sanciones, y los fundadores de Mossack Fonseca, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, irán a juicio por supuesto blanqueo de capitales a finales de 2022. Los papeles de Panamá, además, elevaron el mundo offshore al debate público y llevaron a nuevas investigaciones como los Paradise Papers en 2017, que revelaron la ingeniería fiscal internacional de grandes fortunas para no tributar beneficios, o los Pandora Papers en 2021. Desde entonces, los Estados han endurecido su legislación fiscal.
Estados Unidos, por ejemplo, aprobó n 2021 la Ley de Transparencia Corporativa, que obliga a los propietarios de las empresas en el país a reportar su identidad al Departamento del Tesoro para evitar que utilicen sociedades offshore como pantalla. El propio Panamá también ratificó en 2020 la Convención Multilateral de la OCDE para cumplir con los estándares fiscales internacionales y asegurar la tributación de las multinacionales. Pero destaca sobre todo el acuerdo entre 136 países a finales de 2021 para establecer un impuesto mínimo global del 15% a estas compañías.
La Unión Europea, por su parte, también tomó medidas para reducir el fraude fiscal tras la publicación de los Panama Papers. Ya en mayo de 2016 aprobó una directiva que obliga a las empresas a informar sobre los ingresos e impuestos que le correspondan según la jurisdicción fiscal en la que operen, y en 2017 publicó su primera lista de países considerados paraísos fiscales. No obstante, en ella no aparece Suiza, uno de los mayores paraísos fiscales del mundo, ni ningún Estado comunitario, pese a que Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Chipre o Malta reúnen las condiciones para serlo.
