Para la Unión Europea no existe ningún país comunitario que pueda ser catalogado como paraíso fiscal. Al menos no para el Consejo Europeo, cuya lista de “países y territorios no cooperadores” en materia fiscal se va actualizando conforme los territorios que la Unión tiene en el radar ponen al día legislación y políticas para luchar contra el fraude y la evasión. Hoy esa lista apenas cuenta una docena de ellos, y nunca ha incluido a países de la UE desde que fuese publicada por primera vez en el año 2017. Ni siquiera cuando el Comité Especial de Delitos Financieros, Evasión Fiscal y Elusión Fiscal del Parlamento Europeo concluyó en 2019 que siete países de la Unión tenían rasgos de refugio fiscal: Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos. La ONG Oxfam llegó a unas conclusiones parecidas: si a los países de la Unión se le aplicasen los criterios que utiliza la propia Bruselas para decidir si terceros territorios son o no un refugio fiscal, Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos no pasarían la criba.
Entre este grupo de países, probablemente Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo sean los más relevantes, tanto por las prácticas que llevan a cabo como por la cantidad de dinero que se mueve a través sus fronteras. Con todo, no todos los modelos son iguales: algunos ofrecen una tributación enormemente generosa, otros actúan como intermediarios facilitando que el dinero acabe escondido en otros paraísos fiscales fuera de la UE. No obstante, ni la Unión Europea tiene intención de abrir un debate tan espinoso y ni existe ningún incentivo o coerción lo suficientemente potente como para que estos países dejen de competir con sus vecinos por la vía fiscal.
Para ampliar: “¿Qué es un paraíso fiscal?”, El Orden Mundial, 2020
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