Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, el rey Juan Carlos I asumió la jefatura del Estado en España con el propósito de iniciar una transición democrática. El continuismo del Gobierno encabezado por Carlos Arias Navarro generó tal descontento social, potenciado por la crisis del petróleo de 1973, que terminó siendo sustituido por otro reformista con Adolfo Suárez de presidente.
En 1976, Suárez impulsó la Ley para la Reforma Política con miras a eliminar las estructuras franquistas, lo que permitió celebrar en junio de 1977, con la oposición ya legalizada, las primeras elecciones libres desde la Segunda República. El primer paso estaba dado, pero había que allanar el camino hacia la Constitución que asentase el nuevo régimen democrático. Las herramientas utilizadas para ello fueron los Pactos de la Moncloa, uno de carácter económico y otro jurídico-político.
Negociar para alcanzar el consenso
La Unión de Centro Democrático (UCD) de Suárez fue el partido más votado en las elecciones de 1977, pero no logró la mayoría absoluta. La nueva realidad política reflejaba la influencia de la oposición y de los partidos nacionalistas, por lo que era necesaria la colaboración política para profundizar en las reformas y hacer frente a la crisis económica y la conflictividad social. Así, después de casi cuarenta años de dictadura, España se enfrentaba a un doble reto: transformar su sistema económico y político, y conseguirlo desde el diálogo entre la diversidad de opiniones propia de una democracia.
El primer Gobierno democrático arrastraba los efectos de la crisis del petróleo de 1973. Las medidas de los últimos años del franquismo para esquivarla, en vez de poner en marcha políticas de ajustes como en Europa y Estados Unidos para corregir el alza de precios, habían empeorado la situación. El modelo desarrollista de los años sesenta había quedado obsoleto: ya no había reservas de divisas, la inflación alcanzaba el 26% y las industrias no eran capaces de competir en el extranjero. Durante los primeros años de la Transición se priorizaron los cambios políticos, pero para afianzarlos había que equilibrar la economía.
Con este fin, la UCD impulsó un acuerdo que debía alcanzar el mayor grado de consenso posible, de forma que obtuviese legitimidad. Si querían llevar a cabo una reforma estructural, había que integrar a todas las fuerzas políticas, los sindicatos y los empresarios. Incluso Santiago Carrillo, líder del recién legalizado Partido Comunista de España, insistió en la necesidad de que hubiese representación del antiguo régimen franquista, como el líder del partido conservador Alianza Popular y el antiguo ministro franquista, Manuel Fraga.
Esto suponía una ruptura pactada con la dictadura, en la que la oposición debía ceder en ciertas cuestiones, renunciando a un cambio de régimen total. Por ejemplo, el PCE y el sindicato Comisiones Obreras priorizaron los derechos y libertades, logrando la amnistía de los presos políticos y el Estatuto de los Trabajadores, pero accedieron al ajuste salarial.
Dos grandes pactos: uno económico y otro político
A pesar de las discrepancias, el 25 de octubre de 1977 los partidos con representación parlamentaria, con el apoyo de los sindicatos y la patronal, firmaron dos grandes pactos en el Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno: el Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y el Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política. No obstante, AP no firmó este último, desmarcándose de UCD, con quien rivalizaba por el centro-derecha.
El acuerdo económico sentó las bases del sistema económico liberal y del modelo financiero español actual. Reconoció el derecho de asociación sindical, estableció un impuesto progresivo sobre la renta y reformó el sistema de seguridad social. Al mismo tiempo, introdujo la contratación temporal, el despido libre hasta el 5% de los trabajadores de una empresa y el ajuste salarial en función de la inflación prevista, lo que suponía renunciar al poder adquisitivo perdido durante la crisis. Sin un estado de bienestar desarrollado, estas medidas liberales también conllevaron la precarización del mercado laboral. Para muchos trabajadores fue una gran decepción e hizo que perdieran la confianza en los sindicatos, provocando una importante desmovilización.
Por otro lado, el acuerdo jurídico y político puso fin al Movimiento Nacional franquista y tipificó como delito la tortura y la violación de los derechos de asociación, reunión, expresión y manifestación. Además, supuso un avance en otras libertades públicas, sobre todo para las mujeres, al despenalizar aspectos como el adulterio o los anticonceptivos.
Las reformas pactadas adquirieron forma de ley con el tiempo, constituyendo parte de los pilares necesarios para la Constitución de 1978. Asimismo, controlaron la inflación y disminuyeron el déficit público, lo que permitió a España recuperarse de la crisis e iniciar la modernización que la acercaría a Europa.
