La victoria del peronista Alberto Fernández en las elecciones presidenciales de 2019 puso fin al paréntesis liberal de su antecesor, Mauricio Macri. Tras asumir el cargo en enero de 2020, el principal desafío de Fernández era negociar el pago de la deuda argentina con los acreedores internacionales y relanzar el crecimiento económico del país. El Gobierno comenzó esas negociaciones y lanzó un paquete de medidas sociales de choque en sus primeros dos meses. El peronismo, que antes que Fernández habían abanderado otros mandatarios argentinos como el matrimonio Kirchner, parecía iniciar su retorno al poder por buen camino. Sin embargo, la llegada de la pandemia a Argentina obligó al presidente a concentrarse en la crisis sanitaria.
El Gobierno argentino decretó el confinamiento el 20 de marzo de 2020, con la consecuente paralización económica y social. Con más de 765.000 contagiados y 20.000 muertos, Argentina tiene una tasa de mortalidad menor que Brasil, Chile, Perú o México, pero es uno de los países más afectados por la pandemia. La cuarentena no ha dado los resultados esperados. Mientras que en España o Francia se habla ya de segunda ola, Argentina sigue en una primera ola perpetua. Su confinamiento, que ha variado por territorios, es el más largo del mundo junto con el de Manila, la capital de Filipinas, y seguirá vigente al menos hasta el 11 de octubre. Si bien las negociaciones con los acreedores internacionales privados llegaron a buen puerto a finales de agosto, la crisis económica y la tensión social se han agravado.
La crisis económica se agrava
El fantasma de la deuda ha perseguido a Argentina durante más de dos décadas. Alberto Fernández llegó a la presidencia con la promesa de gestionar esta pesada carga, que representa cerca del 90% del PIB argentino, y nada más asumir el cargo comenzó las negociaciones con los acreedores internacionales privados, con los que Argentina tiene el 37,3% de la deuda. Tras varios meses de negociaciones, el Gobierno consiguió a principios de septiembre un acuerdo para reestructurar la deuda privada en moneda extranjera, principalmente dólares y euros, que asciende a 66.000 millones de dólares. La reestructuración significa, en la práctica, un aplazamiento de los pagos de la deuda para aliviar la carga en el corto plazo y supone un ahorro de 33.000 millones en la próxima década.
El acuerdo es una buena noticia para Argentina. Sin embargo, más de seis meses de cuarentena y paralización económica han diluido el entusiasmo que debería haber generado. La pandemia está siendo devastadora para una economía que lleva dos años en recesión. Frente a las previsiones de enero de 2020, que estimaban una caída del PIB de en torno al 2%, el segundo trimestre del año ha terminado con un desplome del 19,1% en comparación con el año anterior, una caída aún mayor que la de la crisis del corralito en 2001. El impacto sobre los sectores económicos es generalizado, pero el que más se ha resentido ha sido el turismo, cuya actividad ha caído un 73%.
Las importaciones también se han resentido un 30% debido tanto a la paralización del comercio internacional como a la caída de la actividad económica nacional. El consumo privado ha caído un 19% y el desempleo se ha disparado desde el 10,6% del primer trimestre de 2020 hasta el 13,1% actual, la cifra más alta en quince años. A esta realidad hay que añadirle la frágil situación en la que se encuentran los cinco millones de trabajadores de la economía sumergida, cerca del 25% del total, que han visto cómo el confinamiento los ha dejado expuestos ante la crisis económica. Prueba de ello es el abrumador número de solicitudes del Ingreso Familiar de Emergencia que lanzó el Gobierno en abril: la previsión era de 3,6 millones de solicitudes, pero se han recibido 11,3 millones.
Como resultado de esta debacle, decenas de empresas extranjeras, principalmente de los sectores industrial y turístico, han cesado o vendido sus operaciones en el país. Es el caso de las cadenas de tiendas Falabella, Walmart y Carrefour y de las aerolíneas Latam y Qatar Airways. La pandemia ha sido un detonante, pero la razón de fondo es la falta de confianza en la política económica y sanitaria del Gobierno. Las empresas han priorizado mercados más rentables y estables para garantizar su negocio.
La pandemia incrementa la tensión social
La victoria electoral de Fernández y su éxito en la negociación con los acreedores pronto se vio empañada por el estallido de la pandemia. Seis de los nueve meses que lleva en la presidencia se han dado bajo cuarentena. Argentina lleva desde marzo con restricciones territoriales internas basadas en dos criterios principales: la disponibilidad de camas hospitalarias y la existencia o no de transmisión comunitaria.
Frente a esta situación, Juntos por el Cambio, la coalición opositora del expresidente Macri, ha reclamado mayor equilibrio entre salud y economía: una cuarentena más laxa que permita las relaciones sociales y comerciales. Algunos sectores de la oposición han ido más allá y, dejando a un lado la crítica constructiva, han llegado a acusar a Fernández de aprovechar el confinamiento para implementar su agenda política bajo un estricto control social. Estas acusaciones incluso han incluido noticias falsas que aluden a la supuesta cercanía del presidente con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Las críticas de la oposición dan voz institucional a las manifestaciones antigubernamentales de los últimos meses. La responsabilidad individual para evitar el contagio no ha sido un argumento de peso para muchos de los ciudadanos en situación más vulnerable, que ven con temor la crisis económica y han protestado en rechazo a la cuarentena. Pero las protestas más relevantes han sido las de los colectivos profesionales más vinculados a la gestión de la pandemia. Los sanitarios criticaron en junio la delicada situación del sistema de salud y en septiembre los policías de Buenos Aires reclamaron en septiembre aumentos salariales.
La protesta policial fue la más polémica. América Latina tiene un historial de rebeliones policiales que han acabado derrocando a Gobiernos. El caso más reciente es el del presidente Evo Morales en Bolivia, que a finales de 2019 fue víctima de un golpe de Estado iniciado por la policía. Durante los primeros instantes de la protesta, la oposición argentina apoyó a la policía bonaerense, pero se volvieron más comedidos cuando el 9 de septiembre algunos policías armados cercaron la residencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicilof, también peronista. Finalmente se les ha concedido un aumento salarial que ha devuelto la calma a las aguas.
El futuro de Argentina, otra vez ligado al FMI
Ante la fragilidad de la situación, Alberto Fernández ha maniobrado para mantener el respaldo popular y apuntalar la economía argentina. La sociedad argentina está dividida en cuanto a la gestión del Gobierno de la pandemia, pero el presidente todavía goza del 53% del apoyo. Fernández aún tiene una base que lo respalda y que le da cierto margen de maniobra. Sin embargo, la gravedad de la crisis económica va a poner a prueba a su Gobierno, y sus próximos pasos serán cruciales para asegurar su futuro político. Si la cuarentena sigue y se profundiza la crisis económica, el malestar social puede agravarse y hacerle perder apoyos.
La principal medida de Fernández para frenar la debacle económica ha sido endurecer el control cambiario. El conocido como “cepo al dólar” tiene como objetivo mantener las reservas de dólares para poder hacer frente a las obligaciones de la deuda. Estas reservas se han reducido en los últimos meses debido a la paralización de las exportaciones y seguirán haciéndolo mientras continúe la cuarentena, pero ya arrastran años de caídas debido a falta de inversión extranjera y las fugas de capital. La nueva medida restringe a doscientos dólares por persona al mes los pagos de particulares por compras en el exterior. Las empresas también sufren restricciones para el pago de sus deudas en dólares y se ha introducido un impuesto del 35% a las compras en esta divisa.
Pero el control cambiario no será suficiente si la economía sigue paralizada y la credibilidad de Argentina deteriorándose. El futuro del país parece ligado, una vez más, al Fondo Monetario Internacional (FMI). El Gobierno está negociando con esta institución un nuevo programa de asistencia financiera para aplazar los vencimientos de los préstamos heredados del Gobierno anterior. Cuando llegó al poder, Fernández pretendía reestructurar la deuda privada y centrarse después en la deuda del FMI, que supone el 22,7% del total. Superado el primer objetivo, un acuerdo con el FMI supondría un nuevo balón de oxígeno para el Gobierno, aunque no sería a coste cero. Los intereses serán mayores y, casi con toda probabilidad, deberán realizarse ajustes fiscales.
Las previsiones pronostican una caída del PIB argentino de alrededor del 12,6% para este año y un crecimiento del 5% en 2021. Si así fuera, la economía de Argentina estaría saliendo de un bache en el que lleva ya más de dos años. Sin embargo, Fernández necesita mantener la confianza de los acreedores internacionales, sobre todo del FMI. Los contagios y los muertos siguen subiendo a pesar de las restricciones, y si la cuarentena continúa como hasta ahora, la situación económica continuará deteriorándose. Conseguir un nuevo acuerdo sobre la deuda en los próximos meses reforzaría al Gobierno a mitad de su mandato y abriría la puerta a la recuperación económica, pero entonces Fernández todavía tendría que doblegar a la pandemia.
