Desde hace años se habla de las bondades del voto electrónico. Consumiría menos recursos físicos, aceleraría el recuento de votos, eliminaría la necesidad de desplazamiento y podría aumentar la participación si se salvasen las brechas tecnológicas. Sin embargo, este sistema está lejos de consolidarse. Según un análisis del International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), solo el 14,6% de 188 países cuenta con voto electrónico nacional, el 8,4% a nivel regional y el 2,2% a nivel local. Excluyendo al 0,6% que no reporta datos, el 80,9% de los países no lo ha implantado. ¿Y qué lleva a tantos países a renunciar al voto electrónico? Las causas son tecnológicas y sociales.
Cualquier votación electrónica puede ser ciberatacada
El voto electrónico puede ser de varios tipos. Además de a través de internet, puede ser presencial mediante tarjetas perforadas o la selección en una pantalla, entre otras opciones. La mayoría de los países que lo ha implementado en alguna de sus formas están satisfechos con el balance. El investigador español Fernando García Mora, de la Universidad Oberta de Catalunya, publicó en junio de 2020 un estudio sobre el voto electrónico a nivel internacional. Entre los países que habían apostado por este sistema la satisfacción era alta: Bélgica, Brasil, Venezuela y Filipinas destacaban la automatización del recuento, mientras que Estonia señalaba la facilidad del voto de los emigrantes, Estados Unidos la agilidad del escrutinio e India la posibilidad de evitar fraudes electorales. Entre los países que sopesaban implantarlo, los alicientes también eran la automatización del voto y la participación de emigrantes.
Sin embargo, no todo son ventajas. En un escenario de ciberguerra como el actual, cualquier punto vulnerable puede aprovecharse para desestabilizar a un adversario. En ese contexto el voto electrónico es una opción muy atractiva, más cuando cualquier sistema informático puede ser ciberatacado. En 2014, por ejemplo, el sistema de voto electrónico de las elecciones locales de Polonia sufrió un ciberataque y el recuento tuvo que hacerse de forma manual. Algo similar ocurrió en las elecciones de 2015 en Bulgaria, cuya página sufrió un ataque de denegación de servicio (DDoS, por sus siglas en inglés), que consiste en programar miles o millones de accesos simultáneos a una web para sobrepasar el servidor y hacerla caer. También República Checa fue víctima en 2017 de otro ataque DDoS en su servicio electoral.
Estos sucesos han hecho que muchos países, en especial los que tienen un sistema de voto físico consolidado, tengan reservas hacia el voto electrónico. Alemania ya lo descartó en 2009 después de que su Tribunal Constitucional cuestionase el sistema. En 2017, España lo rechazó por la amenaza de ciberataques, igual que Francia, que también lo eliminó para expatriados. Países Bajos hizo lo propio tras detectar fallos de seguridad. Incluso Suiza, uno de los países más avanzados en este sentido, lo abandonó en 2019 por considerar que no era del todo seguro.
El anonimato y la transparencia, otros problemas
Pero los ciberataques no son el único problema tecnológico que enfrenta el voto electrónico. También está el anonimato, que debe garantizar la confidencialidad del votante sin dejar de evitar que haya votos dobles. La fiabilidad del voto electrónico se basa en un sistema de “dos llaves”: un primer proceso identifica al votante y el segundo elimina esa identificación tras contabilizar el voto y asegurar así el anonimato del proceso.
Lo esencial, por tanto, es que cada proceso sea ejecutado por organismos distintos e incluso con intereses enfrentados para evitar alianzas que corrompan el anonimato. Pero la tarea no es sencilla; de hecho, hay quien la considera imposible. La Verified Voting Foundation publicó en 2016 un informe que asegura que no se puede desvincular al 100% el voto de la identidad del votante, ya que, entre otras razones, “la autenticación se produce al mismo tiempo que el proceso de votación”, apunta la presidenta de la fundación, Pamela Smith.
La transparencia también es un problema. Los ciudadanos tienen derecho a auditar las votaciones y los recuentos, pero eso es más complicado con el voto electrónico. En 2014, un grupo de expertos acudió a Estonia para auditar sus votaciones. En su informe destacaron medidas bienintencionadas, como la publicación en código abierto del software empleado, pero también problemas.
Los expertos no pudieron evaluar la seguridad informática de los equipos que procesaban los votos ni de los discos duros que los almacenaban, o capturar la ejecución de varios procesos de seguridad, y observaron mensajes de error en las pantallas. Además, comprobaron que el auditor contratado por el Gobierno no realizaba comprobaciones de seguridad, sino que observaba el proceso desde fuera, y detectaron que parte del código no estaba publicado. En definitiva, concluyeron que el voto electrónico podía aportar una falsa sensación de seguridad y recomendaron a Estonia dejar de usar ese método por no considerarlo transparente.
El problema social: no nos fiamos del voto electrónico
Más allá de los retos tecnológicos, el voto electrónico implica también un debate social que depende de factores subjetivos y más difíciles de controlar. ¿Es seguro el sistema? ¿Puede alguien manipular los votos, acceder al registro o incluso saber qué ha votado cada ciudadano? Muchos ciudadanos podrían hacerse esas preguntas, y lo peor es que las dudas son independientes del problema tecnológico: aunque la tecnología fuera perfecta, la población podría seguir recelando.
Los datos apuntan a que el ciudadano medio tiene dudas al respecto. En México, una encuesta del Gobierno en 2014 reveló que apenas el 20% de los ciudadanos confiaba en el voto electrónico, frente al 65% que desconfiaba. En Italia, un informe de 2021 del Instituto IXE preguntó a la población si se fiaba del voto electrónico. El 40% se mostró en contra, mientras que el 27% estaba a favor solo para consultas internas de los partidos y el 30% para cualquier votación. Por lo general, a mayor edad mayor también la desconfianza.
¿Cuál es el origen de estos recelos? En 2008, la Universidad del País Vasco preguntó a sus alumnos y personal docente y administrativo por su opinión al respecto. Aunque la mayoría dudaban del sistema, sus opiniones eran muy variadas, incluyendo sospechas sobre la fiabilidad del software, el sistema electrónico y el carácter anónimo del voto.
Estos datos plantean otras dudas: ¿son más desconfiados unos perfiles ideológicos que otros?, ¿la desconfianza es hacia el voto electrónico o hacia cualquier tipo de votación? En Estados Unidos, por ejemplo, The Economist evidenció que los votantes republicanos desconfían mucho más que los demócratas tanto del voto por correo como de la transparencia electoral en general, quizá por las semillas de sospecha que sembró el expresidente Donald Trump.
En España hay un caso paradigmático: Indra, la empresa a la que tanto la izquierda como la derecha han señalado como responsable del recuento de votos, pese a que solo gestiona la web electoral. Este tipo de percepciones confirman la tesis que el politólogo Joseph E. Uscinski expuso en un artículo de 2014, Conspiracy Theories Are for Losers: las teorías de la conspiración siempre surgen en el bando perdedor o entre quien cree que está obteniendo peores resultados de los que esperaba o deseaba.
Abocados a la duda
Aunque ofrece ventajas logísticas, el voto electrónico es un sistema de votación imperfecto, vulnerable a ciberataques y que ya ha vivido boicots y manipulaciones informáticas. Por si fuera poco, conlleva una desconfianza social que no desaparecería por fiable que fuese el sistema. Como dice la periodista Marilín Gonzalo citando al experto en seguridad informática Bruce Schneier, “el voto tiene dos propósitos: elegir a un ganador de forma correcta y convencer al perdedor de que ha perdido bien”. Y por ahora no parece que el voto electrónico pueda garantizarlo.
