Océanos en disputa: la silenciosa guerra por ampliar las fronteras marítimas

En un solo día, Estados Unidos creció un millón de kilómetros cuadrados. Fue en diciembre de 2023, cuando, sin previo aviso, la Casa Blanca anunció una extensión de sus fronteras marítimas equivalente a cuatro veces el tamaño de Reino Unido en los océanos Atlántico, Pacífico y Ártico, el golfo de México y el mar de Bering. Lejos de ser un gesto improvisado, la ampliación estadounidense se basaba en un ambicioso proyecto de investigación que había permanecido oculto durante dos décadas.

Al igual que Estados Unidos, sesenta países han presentado solicitudes de ampliación a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, un órgano establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) que entró en vigor en 1994. En total, este organismo tiene 108 expedientes sobre la mesa, incluidos cinco de España. Juntos suman casi treinta millones de kilómetros cuadrados, el 12% de las aguas internacionales.

Solicitudes de ampliación de la plataforma continental

La CONVEMAR, uno de los grandes hitos de la cooperación internacional, delimitó lo que se conoce como zona económica exclusiva, una franja que se adentra en el mar 200 millas náuticas —370 kilómetros— desde la costa de cada Estado. En esta zona, el país posee derechos exclusivos de exploración y explotación de los recursos naturales, desde bancos de pesca hasta minerales o hidrocarburos.

Pero el derecho del mar también contempla la posibilidad de que los Estados amplíen su soberanía hasta 350 millas náuticas desde su costa si demuestran que su plataforma continental se prolonga de forma natural más allá de la zona económica exclusiva. Y eso es precisamente lo que pretenden setenta países.

Francia es con diecinueve expedientes el Estado que ha presentado más solicitudes, seguido de Dinamarca con trece, Rusia con once y Canadá con diez. Pero si tenemos en cuenta el tamaño de esas ampliaciones, el ranking cambia y son Canadá, Reino Unido, Australia y Portugal los países que mantienen las reclamaciones más ambiciosas, con más de 2,3 millones de kilómetros cuadrados cada uno.

Extensión de las solicitudes por país

De todas esas solicitudes, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental ya ha dado su visto bueno a 37, aunque se trata en todo caso de recomendaciones. Este organismo únicamente valida que la extensión cumple con los criterios científicos establecidos por la Convención, y su implementación final depende de los propios países. Además, en caso de que dos solicitudes se solapen, la Comisión ni siquiera interviene. Eso explica que solo se hayan registrado oficialmente once ampliaciones en la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de las Naciones Unidas.

Los puntos ciegos del derecho del mar

La primera definición de los límites del mar no llegó hasta 1958, cuando 86 países se reunieron en la primera Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En aquel momento la comunidad internacional convino que la distancia y profundidad máxima que podía reclamar un país se correspondería con sus capacidades de perforación. Pero durante la siguiente década la tecnología de extracción de recursos del lecho marino vivió un desarrollo tan vertiginoso que un país podía reclamar prácticamente un océano entero sobre el papel.

A pesar de ello, la Guerra Fría y la falta de entendimiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética impidieron alcanzar un nuevo acuerdo: el primero buscaba una mayor libertad de navegación para su flota y el segundo un espacio de seguridad más amplio. Así, tras el fracaso de la segunda convención en 1960, se abriría un periodo marcado por la unilateralidad y el vacío legal.

Hasta que en 1973 la comunidad internacional se citó de nuevo para regular el fondo marino con un renovado interés por una gestión compartida. La tercera y última Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se extendería durante los siguientes nueve años y contaría con la participación de más de 150 países y 5.000 diplomáticos y técnicos. Las negociaciones abarcaron una infinidad de temas —desde la navegación, la pesca y la investigación científica hasta la contaminación marina— y culminaron en un marco jurídico integral para el derecho del mar conocido como la «Constitución de los océanos».

Estados Unidos jugó un papel clave en esas sesiones, pero tras las elecciones de 1980, el presidente Ronald Reagan decidió dar un giro de 180 grados a la política exterior estadounidense. La Casa Blanca se negó a regular la actividad marítima y en 1982 votó en contra de la adopción del derecho del mar junto con Israel, Turquía y Venezuela. A día de hoy, Estados Unidos sigue sin firmar el tratado, al contrario que otros 170 países.

El éxito de la CONVEMAR

Es por eso que las reclamaciones estadounidenses son informales, meras comunicaciones a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Sin embargo, Washington sí se apropia del reglamento técnico de la CONVEMAR para fundamentar su ampliación, que se solapa con las aguas de Bahamas, Canadá y Japón. En concreto, el derecho del mar contempla dos vías para solicitar una extensión de la plataforma continental: encontrar el pie del talud continental o una capa de sedimentos lo suficientemente gruesa como para que pueda almacenar gas y petróleo.

Las plataformas continentales son prolongaciones submarinas poco profundas de hasta 200 metros bajo el nivel del mar y ricas en recursos naturales, lo que facilita su explotación. Terminan bruscamente en grandes pendientes conocidas como taludes continentales, a partir de los cuales comienzan las plataformas oceánicas.

Utilizando ambos métodos, y teniendo en cuenta que la extensión de la plataforma continental no puede superar las 350 millas náuticas desde la costa ni 100 si la profundidad supera los 2.500 metros, Estados Unidos identificó 1.279 puntos de coordenadas para delimitar la nueva plataforma continental.

Los límites del mar

Pero el país norteamericano no es el único que instrumentaliza la CONVEMAR. China reclama un 90% del mar de la China Meridional aludiendo a razones históricas: sostiene que la dinastía Han ya lo controlaba en el siglo II a. C. Pero el derecho del mar no permite solicitar ampliaciones marítimas basadas en motivos históricos. Es por eso que Pekín ha acudido a argumentos técnicos para apuntalar su reclamación, representada por la conocida como línea de los nueve puntos.

China defiende que es un Estado archipelágico, un estatus reservado para aquellos países que se componen fundamentalmente de islas y que solo se ha concedido a veintidós Estados, incluidos Indonesia, Japón o Reino Unido. Esta condición convierte automáticamente las aguas entre las islas del país en aguas internas, como los ríos. China extiende sus reclamaciones marítimas desde las islas Spratly, cuya soberanía se disputa con otros cinco países, y otras formaciones naturales como atolones o incluso estructuras artificiales, no consideradas islas por el derecho internacional. Por tanto, ver pasar a ser considerado un Estado archipelágico daría a Pekín daría derecho a reclamar una porción mayor del mar de la China Meridional ahora en disputa.

En 2016, la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya falló tras una denuncia de Filipinas que China carecía de fundamentos jurídicos para sostener reclamaciones territoriales en la zona. Pero Pekín no solo se negó a participar en el proceso: ignoró el dictamen y apostó por la negociación entre Estados como único medio de solución de disputas.

Frente a los casos de Estados Unidos y China, y a pesar de que casi la mitad de las solicitudes se solapan con otras, la mayoría de países sí son fieles al espíritu de cooperación y entendimiento que caracteriza al derecho del mar. De hecho, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental ha recibido cinco solicitudes conjuntas, expedientes que varios países elevan a la vez para acordar luego bilateralmente su reparto. Un ejemplo es el FISU, un área de 79.000 kilómetros cuadrados en el Atlántico solicitada por España, Irlanda, Francia y Reino Unido que ya recibió una recomendación positiva pero pendiente aún de implementación. También destaca la solicitud de 616.000 kilómetros cuadrados con hasta siete firmantes de África Occidental realizada con ayuda de Noruega.

Solicitudes en el Atlántico Norte

El botín del lecho marino

Cerca del 60% de los océanos son aguas internacionales, es decir, no están bajo la jurisdicción de ningún Estado y sus fondos marinos se consideran patrimonio común de la humanidad. Si un país quiere realizar actividades de minería en esas zonas, debe pagar regalías a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, creada también por la CONVEMAR. Excepto si eres Estados Unidos.

El pasado mes de abril, su presidente, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para acelerar el proceso para otorgar permisos de minería comercial en aguas profundas, incluso en áreas fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. Su objetivo es convertir al país en el líder mundial en la minería de minerales estratégicos en alta mar, aunque eso implique desafiar el régimen de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

Hasta ahora, este organismo ha otorgado 31 licencias de exploración, cinco de ellas a China, y está ultimando un código de minería para dar el pistoletazo de salida a la explotación del lecho marino en aguas internacionales. Trump ya ha renunciado a participar en ese mecanismo al igual que lo hizo Reagan con la CONVEMAR en los ochenta. Desde entonces, diversos líderes de todo el espectro político estadounidense han indicado que no ratificarla fue un error, ya que se ha convertido en la norma en el derecho del mar y en cierto modo el país ya la acata. Al mismo tiempo, Washington queda al margen en las negociaciones multilaterales sobre el reparto de regiones ricas en recursos como el Ártico.

La disputa por el Ártico

Tampoco hay que perder de vista que las estimaciones sobre los costes y la rentabilidad de la minería en aguas profundas han sido a menudo demasiado optimistas, y que su impacto medioambiental exacto aún se desconoce. La ruptura de Ronald Reagan estuvo motivada por empresas mineras que pocos años después perdieron el interés en explotar comercialmente el lecho marino.

La transición energética y la escasez de minerales estratégicos como el cobre, níquel o cobalto han reavivado el interés por excavar el lecho marino en busca de nuevos depósitos. Esa carrera ha dado lugar a una oleada de solicitudes de ampliación de la plataforma continental cuya resolución apunta inevitablemente al multilateralismo. Más allá de los argumentos técnicos, la gestión y el reparto del mar requiere de consensos cada vez más difíciles de lograr en un mundo caracterizado por la fragmentación y la imposición de la fuerza como herramienta diplomática.