En el pasado fueron el cobre, oro, plata, la sal, especias, guano... y finalmente el petróleo. Ahora la historia de la explotación de recursos está escribiendo una nueva página con la búsqueda de los metales para la transición energética. Una búsqueda que nos ha conducido al fondo del mar. Cada vez más potencias se están lanzando a conquistar este territorio, considerado hasta ahora como bien común global, igual que la Antártida, el espacio ultraterrestre, el espacio cibernético o altamar, que están fuera del alcance de las jurisdicciones. Sin embargo, es un hecho, la minería submarina ha comenzado.
Mientras tanto, más de veinte países y un grupo de ochocientos científicos y expertos marinos piden una moratoria para la ley de explotación de los fondos marinos que publicará en 2025 la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA). En su opinión, antes de definir las reglas del juego debe estudiarse el impacto ambiental, principalmente acústico y luminoso, en los fondos marinos y sobre la columna de agua de las zonas minadas. Los institutos geológicos advierten que los protocolos para el minado submarino responsable aún no se han desarrollado.
La última frontera
Las solicitudes ante la ONU de reconocimiento de la extensión de su plataforma continental ampliada (PCA) se están acumulando. Algunas han llegado tras acuerdos previos con países vecinos, pero otras no han sido consensuadas o muestran conflictos de intereses.
Estados Unidos, por ejemplo, solicitó en diciembre del 2023 la ampliación de su PCA en una superficie de un millón de kilómetros cuadrados, más del doble del tamaño de California. Esta ampliación extendería los límites de su plataforma continental en siete regiones oceánicas. Si se aprueba, al superar las doscientas millas náuticas de su zona económica exclusiva, le daría a Estados Unidos derechos soberanos sobre los fondos marinos y los minerales que haya allí, pero no sobre las aguas donde se encuentran. China y Rusia se oponen a esa extensión.
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