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Dos años después del asalto al Capitolio de Estados Unidos, otra horda de manifestantes de extrema derecha irrumpió en el Congreso de Brasil el pasado domingo 8 de enero. Aunque fracasaron en su intento de pedir una intervención militar para derrocar a Lula da Silva y restituir a Jair Bolsonaro como presidente, su movilización constató una realidad: la globalización de la derecha golpista.
Con sus ataques al adversario, la difusión de bulos y la deslegitimación del proceso electoral, Donald Trump y Bolsonaro han creado un manual para los líderes de extrema derecha que pretendan erosionar la democracia. Por ello, las movilizaciones de Estados Unidos y Brasil no serán las últimas. Otros líderes, como el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, están esperando para replicarlas.
Trump y Bolsonaro: un patrón común
El ataque a las sedes del Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo de Brasil no fue una sorpresa. En la víspera de las elecciones de octubre, la posibilidad de que los seguidores de Bolsonaro perpetraran su propio “asalto al Capitolio” ya estaba encima de la mesa. Y es que el expresidente venía erosionando la democracia brasileña desde antes de la segunda vuelta.
Con el ejemplo de Trump, Bolsonaro comenzó deslegitimando a su principal contrincante: Lula da Silva. En 2017, Lula había sido encarcelado por su presunta implicación en el caso de corrupción Lava Jato. Su entrada en prisión le inhabilitó y facilitó la victoria de Bolsonaro en las elecciones presidenciales del año siguiente. Como respuesta, el expresidente nombró ministro de Justicia a Sergio Moro, el juez que había condenado a Lula. En 2021, el Tribunal Supremo consideró que Moro había sido parcial en su juicio y absolvió a Lula de todos sus cargos, permitiéndole concurrir a las elecciones de 2022. Pese a ello, Bolsonaro no dudó en calificarlo de “ladrón” y “jefe de organización criminal” durante la campaña.
El relato de la corrupción le sirvió a Bolsonaro para respaldar sus acusaciones de fraude electoral. Consciente de que Lula encabezaba los sondeos, empezó a atacar a los tribunales electorales, usó a la Policía Federal para investigar a las encuestadoras que pronosticaban en su contra y difundió bulos sobre un presunto amaño del voto electrónico. La desinformación fue clave en la estrategia del bolsonarismo, en un país donde dos de cada tres personas utilizan las redes sociales como principal fuente de información y el 54% admite evitar enterarse de las noticias. Al mismo tiempo, Bolsonaro apelaba al Ejército para actuar como observador electoral y a sus seguidores para que revocaran una hipotética victoria de Lula.
La gota que colmó el vaso llegó tras consumarse la victoria de Lula. Bolsonaro se negó a reconocer su derrota y no participó en la ceremonia de inauguración de su sucesor. El protocolo establece que el presidente saliente debe colocarle la banda presidencial al entrante, lo que simboliza la transición pacífica del poder. En su lugar, Bolsonaro optó por marcharse a Florida días antes del evento.
Contexto propicio y complicidad institucional
Las imágenes de una turba de gente asaltando el Congreso de Brasil evocaron a las del ataque al Capitolio de Estados Unidos en 2021. Ambos sucesos guardan enormes similitudes. Primero, se produjeron en contextos de alta polarización política. Las campañas electorales estuvieron marcadas por el lenguaje incendiario, las descalificaciones al oponente y la desinformación por parte de los candidatos ultraderechistas. En los dos casos las elecciones concluyeron con un triunfo del aspirante progresista.
Lejos de reconocer su derrota, Trump y Bolsonaro alentaron el fantasma del fraude electoral. El líder republicano acusó a los demócratas de robar las elecciones en los estados más disputados, mientras que el mandatario brasileño utilizó el estrecho margen de votos entre él y Lula para alimentar su conspiración. Ambos líderes llegaban a los comicios como presidentes, lo que les colocaba en una posición de fuerza para obstruir la transición en el poder. La suma de todos estos factores propició las movilizaciones.
Al contexto común se suma la organización de estas manifestaciones, que han contado con un fuerte respaldo detrás. En Estados Unidos fueron promovidas por milicias de extrema derecha como los Proud Boys o los Oath Keepers, que tenían en sus filas a antiguos integrantes del Ejército, la policía y el FBI. El asalto también contó con la colaboración de congresistas republicanos y miembros de la Administración Trump, quienes mantuvieron reuniones con los organizadores para planificar las protestas.
En el caso brasileño, dos instituciones han desempeñado un papel fundamental. La primera ha sido la Iglesia evangélica. Algunos de los pastores más conocidos del país alentaron la asonada para “impedir el comunismo en el país”. Otros, como Thiago Bezerra, llegaron a participar en el asalto. La segunda fue la policía. Durante su mandato, Bolsonaro colocó a personas afines al mando de las fuerzas de seguridad. Es el caso de Anderson Torres, ministro de Justicia entre 2019 y 2022 y que hasta el domingo era jefe de la seguridad de Brasilia. Su decisión de no movilizar a los cuerpos policiales para detener las revueltas resultó decisiva para que se consumara el asalto en la plaza de las Tres Poderes y provocó su destitución.
Un peligro para otras democracias
Las insurrecciones en Estados Unidos y Brasil no son casos aislados. Los asaltos a las instituciones democráticas han sido una práctica cada vez más recurrente en los últimos años. En mayo de 2020, varios manifestantes irrumpieron con rifles en el Congreso estatal de Michigan para protestar por las restricciones contra el coronavirus. Meses después, militantes de extrema derecha intentaron asaltar el Parlamento alemán.
Esa amenaza volvió a cernirse sobre Alemania el pasado diciembre, cuando la policía llevó a cabo la mayor operación antiterrorista de la historia del país. Las fuerzas de seguridad desarticularon un intento de golpe de Estado que pretendía reemplazar al Gobierno democrático por uno monárquico que restaurara el Imperio alemán. Las tentativas de asalto llegaron incluso hasta España, cuando un grupo de ganaderos entró con violencia en el Ayuntamiento de Lorca en enero de 2022 para frenar una votación sobre la regulación de las macrogranjas. Pese a no instigar las protestas, el partido de extrema derecha Vox les manifestó su respaldo.
El aumento de estos motines demuestra el riesgo de que se produzcan en otros lugares. Argentina o Polonia, muy polarizados, también podrían vivir situaciones similares en las elecciones de este año. Sin embargo, ningún país tiene unas condiciones tan propicias como Turquía. El Estado turco celebrará elecciones presidenciales en junio y se espera una contienda reñida y polarizada entre el presidente Erdoğan y el candidato de la oposición unificada.
Al igual que Bolsonaro, Erdoğan lleva años atacando a sus opositores y socavando los contrapesos del sistema democrático. Su última ofensiva se produjo en diciembre, cuando un tribunal encarceló e inhabilitó al alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, potencial rival del presidente en los comicios. Del mismo modo, las autoridades turcas han aprobado una ley que castiga con penas de prisión la difusión de información que sea falsa para el Ejecutivo. Por ello, ante la perspectiva de una derrota electoral, es probable que Erdoğan movilice a sus bases para impugnar los resultados electorales y dinamitar definitivamente la democracia.
