Cientos de bolsonaristas radicales asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasil el pasado domingo 8 de enero para pedir un golpe militar contra el nuevo Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Traspasaron la barrera policial de seguridad e irrumpieron en las sedes del Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo, ocasionaron daños en los edificios y fueron retirados horas después por las fuerzas de seguridad.
Los asaltantes niegan la victoria de Lula contra Bolsonaro en las elecciones presidenciales del pasado octubre y piden una intervención militar. Bolsonaro, en Estados Unidos desde su salida del Gobierno, se ha limitado a señalar en Twitter el asalto a las instituciones públicas como salidas de la norma. Aunque no ha reconocido formalmente a Lula como presidente, en el hilo se refirió a él como jefe del Ejecutivo. Mientras tanto, los principales líderes políticos estadounidenses, latinoamericanos y europeos han condenado el ataque, calificándolo de ofensiva contra la democracia y manifestando su apoyo a Lula. El presidente de Brasil, que se posesionó el pasado 1 de enero, decretó que el Gobierno asumiría el control de la seguridad del Distrito Federal, donde se encuentra Brasilia, hasta el día 31.
Malestar con el resultado electoral
El asalto del domingo brotó de las concentraciones de miles de manifestantes en Brasilia, escoltados por las fuerzas del orden en una marcha convocada en dirección a las sedes del Estado. Llevaban semanas acampados frente a los cuarteles del Ejército en diversas ciudades, entre ellos el Cuartel General en Brasilia, desde el que partieron hacia la plaza de los Tres Poderes.
Los bolsonaristas han protestado contra el resultado de las elecciones desde antes de su celebración, que el 30 de octubre dio un 50,9% de los votos a Lula y un 49,1% a Bolsonaro en segunda vuelta. Sostienen que el sistema de votación es propenso a fraude y tras las elecciones bloquearon las carreteras del país, a lo que Bolsonaro pidió tres días después que interrumpieran los cortes. Esta desacreditación del sistema electoral ha sido fruto del discurso que mantuvo el expresidente, quien llamó a sus seguidores a manifestarse contra las elecciones hasta su salida.
Los manifestantes reclaman una intervención de las fuerzas de seguridad para reinstalar a Bolsonaro en el poder o derrocar a Lula a través del artículo 142 de la Constitución. Este artículo establece el rol de las Fuerzas Armadas de defender la patria y garantizar los poderes constitucionales, la ley y el orden. Los asaltantes pretendían que las acusaciones de fraude y la inestabilidad obligaran a los militares a intervenir con un golpe para mantener el orden público.
Asalto a la democracia en Brasil: detenidos y represalias
Tras el asalto, el foco también ha estado sobre las autoridades del Distrito Federal, que no movilizaron a la policía para evitarlo. El gobernador Ibaneis Rocha destituyó al secretario de Seguridad Pública, Anderson Torres, que al igual que Bolsonaro estaba en Estados Unidos cuando se produjeron los hechos. Más tarde, el Tribunal Supremo apartó del cargo al propio Rocha durante noventa días. Torres había sido ministro de Justicia durante la presidencia de Bolsonaro, y Rocha había sido respaldado por el expresidente en su reelección a gobernador.
Hay cientos de detenidos, que pueden aumentar tras el desalojo de los campamentos bolsonaristas por orden del Tribunal Supremo a la policía. También se han incautado decenas de autobuses que llevaron a los manifestantes desde distintos puntos del país hacia la capital, en el peor incidente desde que se restauró la democracia en 1985. Además de la reprobación internacional, las fuerzas políticas brasileñas —incluyendo gobernadores aliados de Bolsonaro— han condenado el asalto y se han posicionado a favor de Lula, cuya victoria ya había reconocido el Ejército. La violencia en Brasilia, que recuerda al asalto al Capitolio estadounidense en Washington en enero de 2021, podría tener consecuencias legales para Bolsonaro.
