La Administración Trump tiene un nuevo chivo expiatorio: las medidas para favorecer la diversidad, equidad e inclusión de personas racializadas y otros grupos desfavorecidos en Estados Unidos, conocidas como DEI. Tras el accidente aéreo en Washington D. C. el pasado enero en el que murieron 67 personas, el presidente sugirió que las políticas de diversidad de Barack Obama y Joe Biden habrían reducido la seguridad aérea. Además, el republicano afirmó que Usaid, la agencia de cooperación estadounidense, financiaba proyectos “corruptos” centrados en la diversidad, como parte de su campaña para desmantelarla.
La cruzada contra las políticas DEI ha sido una constante del Partido Republicano en los últimos años. Es parte de una batalla cultural contra aquello considerado woke, un término que engloba luchas sociales contra el racismo o la homofobia. Cuando Kamala Harris fue elegida candidata demócrata a las elecciones del año pasado, congresistas como Harriett Hageman o Tim Burchett la definieron como una “contratación DEI”, una etiqueta usada también para otras figuras como la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Sin embargo, Trump se ha comprometido a ir más allá y poner fin a estas políticas.
Una cruzada en los sectores público y privado
La ofensiva de Trump contra la políticas DEI era una promesa de campaña. El republicano había prometido eliminar cualquier referencia a políticas destinadas a diversificar el Gobierno federal y las empresas. En un vídeo promocional de 2023, afirmó que aquellos centros educativos que persistieran en políticas de “discriminación ilegal explícita” enfrentarían multas. Asimismo, en junio de 2024, el entonces senador J. D. Vance, ahora vicepresidente, introdujo un proyecto de ley para “desmantelar” las políticas DEI.
Tras su investidura el pasado 20 de enero, Trump no tardó en tomar cartas en el asunto. Ese mismo día firmó una orden ejecutiva para poner fin a las “actividades ilegales” de DEI en el Gobierno federal. Al día siguiente, derogó órdenes previas centradas en la diversidad, incluyendo una de 1965 que prohibía “la discriminación laboral por motivos de raza, color, religión y origen nacional por parte de organizaciones que reciben contratos federales”. Además, la nueva orden trumpista obliga a las agencias federales a “combatir las preferencias, mandatos, políticas, programas y actividades DEI ilegales del sector privado”.
Trump pretende moldear el personal del sector público e influir en las grandes empresas. Por ejemplo, ha prohibido que los militares trans sean parte del Ejército, y el Servicio Público de Radiodifusión (PBS, por sus siglas en inglés) tuvo que cerrar su oficina de DEI. Además, el Gobierno puso en excedencia a los trabajadores federales que trabajasen en estas medidas para despedirles posteriormente. Por su parte, empresas como Google, Amazon o Deloitte tomaron medidas para poner fin o reducir sus políticas DEI a los pocos días de las órdenes de Trump, mientras que Walmart o McDonalds ya lo habían hecho antes.
Medio siglo de iniciativas
Las políticas DEI no tienen un origen concreto, pero su trayectoria se remonta a los años sesenta. En 1961, el entonces presidente John F. Kennedy adoptó una orden ejecutiva pionera contra la discriminación por “raza, credo, color u origen nacional” en la Administración. En esa década, los movimientos por la igualdad racial culminaron en la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibió la discriminación en lugares públicos y en el empleo.
Desde entonces, otros grupos discriminados como las mujeres o minorías como la población LGTBQ fueron incluidos en medidas para salvaguardar sus derechos. Por ejemplo, una orden ejecutiva de 1967 prohibió la discriminación por motivos de sexo en contrataciones federales, y en 1990 se aprobó la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Otra orden ejecutiva de 2021 sirvió para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, hasta que Trump la abolió tras su regreso al poder.
Sin embargo, el punto de inflexión para las políticas DEI fue en 2020. Tras el asesinato de los ciudadanos afroamericanos George Floyd en Minneapolis y Breonna Taylor en Louisville a manos de policías, las grandes empresas estadounidenses trataron de mostrar su compromiso con la diversidad a través de iniciativas DEI. Por ejemplo, las empresas del índice S&P 500 que discutieron políticas de diversidad aumentaron del 6% en 2019 al 40% en el segundo trimestre de 2020. Además, las compañías del índice S&P 100 añadieron más de 323.000 trabajadores en 2021, un 94% personas racializadas. Sin embargo, muchos de estos programas tienen un impacto limitado a corto plazo centrado en “concienciar”, mientras que a mediano y largo plazo no consiguen cambiar las estructuras internas que generaron las desigualdades.
Trump y el Partido Republicano ya demostraron su oposición a las medidas DEI durante su primer mandato. En septiembre de 2020, el presidente aprobó una orden para luchar “contra los estereotipos raciales y de género” que tachaban a Estados Unidos de país racista y sexista. Esta “ideología perniciosa”, dice la orden, está “apareciendo en las formaciones de diversidad de las empresas”, algo a lo que Trump se oponía. Ese mismo mes, el republicano definió algunas formaciones de sensibilidad racial de las agencias federales como “divisivas” y “no estadounidenses”. Tras asumir el cargo en 2021, Biden hizo de las políticas DEI un pilar central de su Administración, que marcaron su política durante todo su mandato.
El futuro de las políticas DEI
El futuro inmediato de las políticas DEI está en manos de los tribunales, ya que muchas órdenes ejecutivas están sujetas a revisión judicial. Mientras que la Administración federal intenta desmantelarlas, diversas organizaciones y grupos sociales ya han emprendido acciones legales para defenderlas. Por ejemplo, la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios y otras organizaciones educativas presentaron una demanda alegando que las decisiones anti-DEI de Trump amenazan la libertad académica y el acceso a la educación. Por otro lado, Lambda Legal y Human Rights Campaign, dos organizaciones LGBTQ, han interpuesto una demanda federal para impugnar la prohibición de personas trans en el Ejército.
A nivel político, la oposición demócrata está dividida. Mientras que algunos congresistas del ala progresista como Jasmine Crockett defienden las medidas DEI para favorecer a “gente que históricamente ha tenido que trabajar muchísimo más duro”, otros creen que un excesivo foco en la identidad en detrimento de otros factores como la clase, ha perjudicado al partido a nivel electoral. “En los últimos cuatro o cinco años, se pasó de la tolerancia y la aceptación al activismo”, dijo Rahm Emanuel, antiguo jefe de gabinete de la Casa Blanca con Barack Obama. “La respuesta correspondiente ha sido el rechazo”.
Las políticas DEI se han convertido en un caballo de batalla para los republicanos, y su oposición a estas medidas los próximos cuatro años puede terminar por conseguirles más adeptos. Para recuperar su popularidad entre la población, los defensores de DEI podrían pivotar su estrategia, buscando ampliar el apoyo social a estas iniciativas. Para ello, quizá sea necesario cambiar su nombre a términos más amplios con menos carga política, así como su enfoque, priorizando cambios estructurales en vez de medidas centradas en el corto plazo. Así, con oposición y frenos judiciales, las políticas y medidas para favorecer a minorías no desaparecerán pese a la ofensiva de la Administración Trump y del Partido Republicano.
