El desplante que sufrió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado 6 de abril en Ankara es solo la última de las polémicas entre Turquía y la Unión Europea. La cumbre de Von der Leyen y el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, con el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, estuvo marcada por el llamado sofagate: Von der Leyen, con asombro, quedó relegada a un sofá lateral mientras los otros dos mandatarios tomaban asiento en el centro de la sala. Las acusaciones de machismo no tardaron en llegar.
El Gobierno turco aseguró que había cumplido el protocolo de la Unión Europea, pero el portavoz jefe de la Comisión, Eric Mamer, insistió en que la alemana “debería haberse sentado exactamente en el mismo nivel” que Michel y Erdoğan. Tras unos días de malestar entre funcionarios europeos y críticas a ambos, Von der Leyen advirtió a Michel de que no permitiría otro incidente así frente a líderes extranjeros y él tuvo que disculparse.
Más allá de la relación entre ambos mandatarios, que proceden de familias políticas distintas, este suceso ha supuesto un nuevo choque entre la UE y Turquía, magnificado tras las palabras del recién estrenado primer ministro italiano, Mario Draghi, que tildó a Erdoğan de “dictador”. Como respuesta, el Ministerio de Exteriores turco convocó al embajador italiano en Ankara para expresar su malestar. Además, Turquía había llevado a cabo en 2020 maniobras militares y exploraciones de gas en zonas disputadas del entorno de Grecia y Chipre, Estados miembros de la UE. Con la reunión, Bruselas pretendía que Erdoğan relajara la presión en el Mediterráneo oriental tras un año de mayor hostilidad hacia ambos países.
El presidente turco ya había enviado señales de acercamiento y, por ello, en la última cumbre europea de finales de marzo se acordó ofrecer nuevas ventajas económicas a Turquía a cambio de una rebaja de tensión y del respeto a los derechos humanos. Bruselas habla de promover una “agenda positiva” para reparar la relación: más cooperación económica, modernización y ampliación de la unión aduanera y nuevos fondos para los refugiados sirios que acoge Turquía. Pero todo queda supeditado a que la desescalada se mantenga hasta junio, cuando volverán a reunirse los jefes de Estado de la UE y podrían tomar alguna decisión más firme.
La UE depende de Turquía para frenar la inmigración…
En ese contexto, y con el respaldo de los Veintisiete, Von der Leyen y Michel le ofrecieron a Erdoğan renovar el acuerdo migratorio de 2016. El pacto supone el desembolso de 6.000 millones de euros al país vecino y, pese a las quejas de Turquía de que el dinero llega a cuentagotas, hasta ahora se ha entregado el 65% de lo acordado. La Comisión ya ha anunciado que presentará una propuesta de nuevos fondos.
Los objetivos principales se mantendrían: que Ankara controle las salidas irregulares hacia Grecia, acepte devoluciones de migrantes e integre a los cuatro millones de refugiados sirios en su territorio. El acuerdo ya redujo bastante las llegadas de migrantes a las costas griegas, pues Ankara taponó el flujo hacia Europa, pero las cifras aumentaron en 2019 debido a la presión turca para que el bloque comunitario cumpliera sus compromisos. El acuerdo también prevé el reasentamiento de 72.000 refugiados de Turquía a la UE, pero hasta marzo de 2020 solo 25.000 habían sido trasladados.
La falta de una verdadera política migratoria común en la UE, por diferencias internas sobre la acogida de demandantes de asilo, ha hecho que el bloque dependa de Ankara como muro de contención. El pacto ha supuesto que miles de personas queden atrapadas en los campos de las islas griegas o en Turquía, a menudo en condiciones infrahumanas.
Numerosas organizaciones han denunciado que la UE externaliza la gestión de sus fronteras a través de un país cuyo Gobierno no respeta los derechos humanos y está en una deriva autoritaria. Además, supone reconocer a Turquía como tercer país seguro, cuando no cumple el requisito principal: dar el estatus de refugiado a los solicitantes de asilo sirios.
… y vuelve a ofrecer ventajas comerciales y liberalizar visados
Otras promesas de la UE con el país vecino incluidas en ese pacto son reformar la unión aduanera y liberalizar los visados para ciudadanos turcos. Son dos temas clave para Ankara y no se han cumplido, por lo que ahora vuelven a estar sobre la mesa tras la última oferta de los líderes europeos. La relación comercial entre la UE y Turquía se basa en una unión aduanera en vigor desde 1995. Entre otros puntos, esta supone la libre circulación de mercancías —desde bienes industriales a alimentos procesados, excepto los productos siderúrgicos y agrícolas—, un arancel común a terceros países y la alineación de la legislación turca con la normativa comunitaria de mercado interior.
El acuerdo también ha impulsado el comercio bilateral y el de Turquía con terceros países, pero desde hace tiempo deja fuera a los productos agrícolas, al sector servicios y la licitación pública, lo que limita el acceso de empresas turcas al mercado comunitario. De ahí el interés del Gobierno turco, cuyo principal mercado internacional es la UE, con un 42% de sus exportaciones, mientras que el país es el quinto socio comercial del bloque.
La reforma de la unión aduanera está pendiente desde 2016, cuando la Comisión propuso modernizarla incluyendo esos sectores. No obstante, la deriva autoritaria de Erdoğan y su hostigamiento a Grecia o Chipre ha dificultado las negociaciones. Ahora, el Ejecutivo comunitario se ha abierto a esa ampliación si Ankara continúa haciendo gestos positivos de aquí a junio.
La liberalización de visados para ciudadanos turcos también se abordó en la última reunión. Bruselas ha ofrecido asesoramiento a las autoridades del país sobre cómo cumplir las condiciones para lograr esa exención. Von der Leyen ha prometido mejoras en la “movilidad” en relación al reclamo turco para que sus ciudadanos puedan viajar a la UE sin visado. Esas mejoras también contemplan más presencia turca en el programa de intercambio de estudiantes Erasmus o en el plan de inversión en investigación e innovación Horizon Europe. Por último, Bruselas le ha ofrecido a Erdoğan retomar el diálogo, muy estancado desde 2019, sobre cuestiones de peso como el cambio climático, la salud pública o la lucha antiterrorista.
A cambio, Bruselas quiere que Turquía respete el Estado de derecho
La “agenda positiva” que propone la UE para mejorar las relaciones con Turquía incluye condiciones. “Queremos una cooperación honesta, franca y que también permita hablar de lo que nos separa. Turquía debe respetar el Estado de derecho y los derechos humanos”, aseguró Von der Leyen al finalizar la reunión con Erdoğan.
Pese al acercamiento, el Gobierno turco aún envía señales que preocupan en Bruselas. Apenas dos semanas antes del encuentro, Ankara decidió abandonar el convenio europeo contra la violencia machista, el Convenio de Estambul. El Consejo de Europa consideró la decisión “un gran revés” que ha provocado protestas feministas en todo el país. Asimismo, es probable que sea ilegalizada la segunda fuerza opositora turca, el partido prokurdo HDP, tras el procedimiento que el fiscal general del país ha abierto en contra de la formación acusándola de estar vinculada con el terrorismo independentista kurdo. La UE ya ha condenado el acoso contra el HDP.
Entretanto, Bruselas se enfrenta al problema de la división entre los socios europeos sobre la relación con Turquía. El pasado verano, tras varios incidentes en aguas del Mediterráneo oriental, Francia, Grecia y Chipre presionaron para que la UE impusiera sanciones a Ankara, pero otros países, con Alemania, España e Italia a la cabeza, mediaron para reducir la tensión. El plano diplomático también se ha visto afectado por los enfrentamientos de los últimos meses entre Erdoğan y el presidente francés, Emmanuel Macron, si bien también hubo avances, con Turquía y Grecia sentándose a negociar por primera vez en cinco años.
Pese a los conflictos y la preocupación por el Estado de derecho y los derechos humanos, Turquía es un socio comercial y económico de primer nivel para la UE. Muchas empresas europeas tienen intereses allí y por ello varios países miembros, como Alemania o España, suelen ser reticentes a imponer sanciones duras. Sobre todo Berlín considera vital una buena relación con Ankara para evitar que incumpla el acuerdo de 2016 y que se genere una nueva ola migratoria lustro. Además, en Alemania viven 2,4 millones de personas de origen turco, lo que lleva siempre al Gobierno a ser prudente en sus relaciones con Turquía.
Por todo ello, la UE no se plantea ahora imponer sanciones a Turquía, y prefiere tratar de mejorar la relación. A su favor tiene el cambio de actitud de Erdoğan, que se atribuye a la grave crisis económica que vive el país, que precede a la pandemia, y a la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca con una postura más dura que su predecesor respecto a Turquía. Pero la clave estará en lo que pase de aquí a junio será clave. Los líderes europeos celebrarán entonces una cumbre en la que evaluarán el estado de la relación y podrían acordar medidas o, por el contrario, frenar el acercamiento.
