Estambul y las principales ciudades universitarias de Turquía han sido escenario de manifestaciones intensas desde enero de 2021. El origen de las protestas está en el nombramiento unilateral del rector de la Universidad del Bósforo por parte del presidente Erdoğan a principios de año, que alumnos y profesores han percibido como una intromisión en la autonomía universitaria. Sin embargo, lo que parecía un problema localizado parece convertirse en un movimiento social en todo el país. La desproporcionada respuesta policial y política a las primeras manifestaciones ha motivado concentraciones de solidaridad en los campus de Turquía y parte del extranjero. Algunas se han saldado con disturbios y las fuerzas de seguridad turcas han detenido a cientos de activistas universitarios.
La escalada de las protestas se explica en parte por la importancia simbólica de la Universidad de Boğaziçi, o del Bósforo, en Estambul, una de las universidades públicas más prestigiosas de Turquía, con tradición de debate público y libertad de expresión. Los mejores estudiantes de secundaria compiten cada año por las pocas plazas que ofrece el centro, en especial para estudiar ingeniería y ciencias sociales. Boğaziçi también tiene la reputación de ser uno de los centros más progresistas y de izquierdas del país, por sus estudiantes y su claustro, y alberga una importante comunidad LGTBI+, cuya asociación ha sido clausurada por el nuevo rector.
El rector escogido por Erdoğan, Melih Bulu, no pertenece a la Universidad del Bósforo —aunque impartió clases como profesor asociado un par de años— ni destaca por su trayectoria académica. Bulu es miembro destacado del AKP, el partido de Erdoğan, desde hace dos décadas, y ha sido acusado de plagio en varias ocasiones. Los profesores de la universidad han mostrado su desaprobación al nuevo rector dándole la espalda en actos públicos y algunos negándose a presentarse como vicerrectores. La demanda principal de los manifestantes es que Bulu dimita, ya que perciben su nombramiento como un nuevo paso en la política antiacadémica de Erdoğan, que ha aprovechado las protestas para designar a once rectores más en otras universidades. Sin embargo, el conflicto parece haber superado su dimensión académica y recuerda a las protestas de 2013.
La campaña de Erdoğan contra la libertad académica
El nombramiento de Melih Bulu es el último capítulo de la campaña de Erdoğan contra la libertad académica, un síntoma más del autoritarismo de su Gobierno. Desde una serie de reformas legislativas en 2018, el presidente turco tiene el poder de nombrar a los rectores de las universidades públicas de todo el país. Esto le ha permitido nombrar a algunos exdiputados del AKP, en un intento por controlar las instituciones académicas, dominadas por intelectuales laicos: un número significativo de los nuevos rectores son catedráticos en teología islámica. El resultado es una pérdida de calidad y prestigio de las universidades turcas, muchos de cuyos máximos responsables no tienen trayectoria investigadora ni experiencia docente destacable.
La deriva autoritaria de Erdoğan comenzó a acentuarse en 2016 tras un fallido intento de golpe de Estado militar en su contra. Después de depurar a militares, policías y jueces sospechosos de simpatizar con los golpistas y con el controvertido clérigo Fethullah Gülen, el Gobierno centró su atención en los docentes. Decenas de miles de profesores y personal educativo perdieron sus empleos en los días que siguieron al golpe, cientos fueron arrestados y tratados sin garantías procesales, y muchos otros abandonaron el país por miedo a las represalias, que al final cayeron sobre más de 125.000 funcionarios. La mayoría de los purgados enseñaban humanidades y ciencias sociales, un sector significativo era afín a Gülen —que dirige un movimiento conservador y crítico con Erdoğan— y muchos otros pertenecían a organizaciones de izquierdas.
De hecho, la campaña contra los académicos críticos con Erdoğan había comenzado meses antes del golpe. En enero de 2016 el conflicto con la guerrilla independentista kurda del PKK en el sureste del país se recrudeció. Como respuesta, un millar de profesores y periodistas, miembros y simpatizantes de la organización turca Académicos por la Paz, firmaron una petición en la que pedían al Gobierno una resolución pacífica del conflicto con el PKK y levantar distintas restricciones.
La respuesta fue virulenta: por un lado, el Gobierno y los medios afines acusaron a los opositores de simpatizar con el terrorismo y el presidente declaró que los profesores quizá deberían cavar trincheras y luchar en las montañas antes de criticar desde la comodidad de sus sillones y su sueldo público. Además, se impulsaron acciones legales contra los firmantes de la petición. En los meses que siguieron al golpe, muchos de ellos fueron condenados y desde entonces han pasado temporadas en prisión. Con todo, esas purgas académicas y administrativas de 2016 no afectaron mucho a la Universidad del Bósforo y a otros centros prestigiosos, sino que comenzaron en universidades regionales pequeñas y afectaron sobre todo a profesores jóvenes sin una posición consolidada.
Para ampliar: “Purge, Exile, and Resistance: Rethinking the Conflict of the Faculties through the Case of Academics for Peace in Turkey”, Cem Özatalay en European Journal of Turkish Studies (2020)
Polarización y protestas
Las protestas y el debate público, no obstante, no se restringen al ámbito universitario. Esta oleada de manifestaciones tiene lugar en un contexto de acentuada crisis económica agravada ahora por la pandemia. Aunque la recesión es casi global, la lira turca ha sido la divisa que más se ha devaluado durante 2020. Esto puede tener efectos positivos, como el aumento de la inversión extranjera y de la capacidad de atraer turismo, pero también reduce el poder adquisitivo de los hogares y las posibilidades de comprar productos importados. El desempleo juvenil supera el 40%, y una encuesta reciente ha señalado que más del 60% de los jóvenes turcos preferiría vivir fuera del país. A esto se suma el malestar en parte de la población por la gestión de la pandemia, que mina la confianza en el Gobierno, como en muchos otros países.
Entretanto, la estrategia de Erdoğan ante las protestas es jugar la carta de la guerra cultural para movilizar a sus bases. El presidente ha tratado de presentar a los estudiantes como terroristas y ha criticado al movimiento LGTBI+ de la universidad, a quienes el ministro de Interior ha calificado de “pervertidos”. La policía ha arrestado a centenares de estudiantes y manifestantes, y muchos han sido acusados de terrorismo y pertenencia a banda armada.
Mientras, los medios afines al AKP califican a los manifestantes como “elitistas” opuestos a los valores tradicionales del país. Aunque la admisión a la Universidad del Bósforo no depende del nivel adquisitivo sino del mérito académico —como sus defensores se esfuerzan en destacar—, sí existe una correlación entre mayor renta familiar y altas calificaciones. Algunos analistas turcos afirman que la Universidad del Bósforo no es muy popular para la mayoría de la opinión pública, que la percibe como una institución para estudiantes acomodados y como un centro de influencia estadounidense. Pese a que hoy es 100% turco, este centro se fundó en 1863 con el nombre de Robert College y fue el primer centro educativo estadounidense en el extranjero.
Los manifestantes, por su parte, reivindican el legado de las protestas del parque Gezi de 2013, un movimiento contra la destrucción de un parque público de Estambul que se convirtió en un foco de manifestaciones contra Erdoğan. Se inspiran en sus eslóganes y en algunas tácticas, como las caceroladas a las nueve de la noche. Las protestas de 2021 continúan y se han extendido a otras partes de Estambul. El alcalde de la ciudad, el socialdemócrata Ekrem İmamoğlu, cuya victoria en las elecciones de 2019 contra el candidato del AKP representó la primera derrota importante del partido de Erdoğan en muchos años, ha apoyado las manifestaciones. Quienes protestan han expresado su deseo de mantener el pulso al Gobierno, aunque los arrestos, la violencia policial y el cansancio pueden debilitar al movimiento. La mayoría de los detenidos han sido liberados, pero muchos afrontarán consecuencias penales.
Si bien las demandas de los manifestantes son poco ambiciosas —de momento, la dimisión del nuevo rector—, las protestas pueden ser un importante punto de encuentro para que parte de las generaciones más jóvenes articulen una nueva oposición a Erdoğan. El contexto de dificultades e incertidumbres económicas ha ayudado a que muchos otros estudiantes expresen su solidaridad y protesten contra el Gobierno en uno de los primeros movimientos multitudinarios desde 2013. El reto para los participantes en las protestas será organizarse de forma resistente y duradera, establecer alianzas con otros grupos de la sociedad civil y conectar con las preocupaciones y ansiedades económicas del resto de los jóvenes turcos.
