El salario mínimo en la Unión Europea

En noviembre de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anunció que la directiva europea de salarios mínimos propuesta en 2022 seguiría adelante. Suecia y Dinamarca habían recurrido al tribunal alegando que la norma era una intromisión en sus legislaciones laborales nacionales. Aunque la sentencia del TJUE anula los criterios obligatorios para fijar y actualizar los salarios mínimos, también consolida un marco a nivel europeo para avanzar en esta materia. 

Esto ha ocurrido en un contexto en el que los salarios mínimos europeos han experimentado un enorme crecimiento desde 2020, con subidas del 30% en Bélgica y Países Bajos, del 37% Portugal o de casi el 40% en Alemania, según datos de Eurostat. 

En el caso de España, la subida ha sido de casi el 25% en el último lustro, mientras que en algunos países del este esta cifra sobrepasa el 70%. Por ejemplo, Bulgaria contaba en 2020 con un salario mínimo de unos 312 euros brutos en 12 pagas, mientras que en el segundo semestre de 2025 alcanzó los 551 euros. En la parte alta de la escala, Luxemburgo era el único país que en 2020 superaba los 2.000 euros de salario mínimo; a cierre de 2025, ya son cinco los países que alcanzan ese umbral.

Este cambio en las políticas laborales está relacionado con la inflación que ha sufrido la UE en los últimos años, pero también con las crisis de 2008 y 2010 y las medidas de austeridad que se impusieron en el espacio comunitario, con duros ajustes salariales en muchos países. Esta situación terminó reduciendo el consumo, frenó la economía interna y deterioró el sistema social, tal y como señaló Mario Draghi en su famoso informe de 2024.

El salario mínimo es uno de los grandes avances alcanzados por los estados de bienestar europeos a lo largo del siglo XX. Por un lado, supone una garantía para los trabajadores al asegurarse un ingreso mínimo cuando trabajan, y por otro genera un elemento estabilizador del mercado, ya que hace previsibles una serie de gastos para el empleador.

Sin embargo, el salario mínimo también está estrechamente relacionado con el músculo económico que tiene cada país. Si este es muy elevado en relación al valor de lo producido, se reduce el beneficio y desincentiva la inversión; por el contrario, si el salario mínimo es muy bajo o inexistente y muchos trabajadores están cerca de esa cifra, se corre el riesgo de que el consumo interno en el país sea muy bajo y la economía también se resienta. No es casualidad, por tanto, que los salarios mínimos en los distintos países comunitarios estén relacionados con la productividad de las respectivas economías.

Pero todavía existen una serie de países donde no existe un salario mínimo, como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Austria, e Italia. Chipre, que tampoco lo tenía recogido en su legislación, lo estableció en 2023. Llama especialmente la atención el caso de los países nórdicos, donde no se regula un pago mínimo a los trabajadores y, aun así, han logrado un elevado nivel de desarrollo y bienestar. La razón tras esto es que tradicionalmente en estos países ha existido un nivel muy elevado de sindicalización y también de cooperación entre empresarios y trabajadores, por lo que de facto sí existe un salario mínimo, aunque descentralizado en los distintos acuerdos sectoriales.

Uno de los debates —y retos— actuales en la Unión Europea es precisamente converger hacia algún tipo de salario mínimo europeo que permita armonizar más las economías. Sin embargo, todavía es una cuestión difícil de alcanzar, ya que las diferencias de renta y bienestar dentro del espacio comunitario son inmensas. Solo en el caso del salario mínimo, hay 2.154 euros de diferencia entre el primer clasificado y el último, lo que complica enormemente armonizar el mercado laboral europeo.

Como ocurre con muchos otros indicadores comunitarios, la estadística sobre salarios mínimos no se libra de la tradicional división que sufre la región cuando se analiza el desempeño económico de sus miembros. Así, los países del noroeste de Europa cuentan con salarios mínimos que superan los 1.500 euros en países como Alemania, Francia, Irlanda, Bélgica o Países Bajos. 

Por su parte, en los países mediterráneos los ingresos mínimos están entre los 1.381 euros de España y los 1.000 euros de Chipre. Forman también parte de este grupo Portugal, Grecia, o Eslovenia, aunque también otros como Lituania y Polonia.

El tercer grupo queda compuesto por el resto de países del este, con salarios mínimos por debajo de los 1.000 euros. Aquí se encuentran Croacia, Letonia, Rumanía, Eslovaquia y Chequia. 

Aunque las diferencias siguen siendo importantes dentro del espacio comunitario, lo cierto es que se han ido reduciendo en la última década. El crecimiento ha sido mayor en los países con los salarios mínimos más bajos, especialmente en Rumania, Croacia y Polonia, donde desde 2021 se han aumentado más de un 70%. Este cambio ha reducido las diferencias y acerca la idea de un salario mínimo europeo.

Es más, las disparidades en los salarios mínimos se reducen notablemente después de ajustar los niveles de precio y el poder adquisitivo de cada país. Así, y aunque el sueldo mínimo de Luxemburgo es casi cinco veces el de Bulgaria, cuando se tiene en cuenta el poder adquisitivo, esta diferencia se reduce a la mitad. 

De todos modos, la UE no tiene competencias para imponer leyes en materias de salarios nacionales, por lo que será competencia exclusiva de los Estados miembros alcanzar una convergencia regional en esta materia.