Si obviamos al Reino Unido, España era en 2015 el país de la Unión Europea que menos personas empleaba en sus empresas públicas, con tan solo el 0,8% de todos los trabajadores. Es casi tres veces menos que Italia, cinco menos que Portugal y cerca de nueve inferior a Francia. Las cifras no son casualidad: España llevó a cabo una privatización masiva de compañías estatales entre 1985 y 2007, con más de 120 empresas vendidas y unos ingresos de cerca de 45.000 millones de euros.
Sin embargo, lejos de ser una particularidad española, la liberalización de empresas públicas fue un proceso que se inició en el Reino Unido a finales del siglo pasado y que tuvo su réplica a lo largo y ancho del continente. Margaret Thatcher, primera ministra británica entre 1979 y 1990, fue la encargada de romper con la lógica que se había impuesto tras la Segunda Guerra Mundial, que animaba al Estado a adoptar un rol más activo en la economía. En su apuesta por desregular y privatizar el mercado británico, Thatcher también se llevó por delante numerosas empresas públicas británicas y sentó un precedente para el resto de países europeos.
Pronto Estados como Austria, Dinamarca, los Países Bajos, Suecia o la propia España se lanzaron también a implementar sus propios planes de reestructuración de entidades públicas. De esta manera, la primera empresa privatizada en España fue Textil Tarazona en 1985. Aunque el Instituto Nacional de Industria ya había acometido la venta de 17 empresas públicas con anterioridad a esa fecha, fue a partir de ese momento cuando realmente se comenzó a aplicar una política industrial orientada a desprenderse de lastre público.
Las privatizaciones fueron principalmente de dos tipos: por un lado, ventas industriales directas de empresas pequeñas o medianas sin capacidad para competir en el mercado o de sectores sin interés para el Gobierno y, por otro, ofertas públicas de venta, es decir, desinversiones parciales de empresas rentables en Bolsa en las que el Estado conser...
