Israel es un país diverso donde conviven etnias y religiones con siglos de historia, pero con una estructura de poder dominada por una corriente, el sionismo, que lleva décadas tratando de imponer el dominio de la comunidad judía en el país. A base de expulsiones forzosas, colonizaciones y técnicas de segregación racial, esta movimiento político no solo ha sido el principal promotor del sistema de ocupación y colonización del territorio de la Palestina histórica, sino que también ha arrinconado a las minorías que componen el país.
El plan de la ONU para la partición de Palestina de 1947, conocido también como la “solución de los dos Estados”, contemplaba que casi la mitad —el 45%— de la población israelí debería estar compuesta por ciudadanos no judíos. En 2022, esa proporción era del 25%, según datos de la Oficina Central de Estadísticas de Israel.
Frente al fundamentalismo sionista que busca homogeneizar la vida social y política del país, el crecimiento demográfico natural muestra una realidad muy distinta: son las familias árabes, y no las judías —más dependientes de la inmigración—, las que han sostenido durante las últimas décadas el aumento poblacional de Israel, que se espera que en 2024 sobrepase la barrera de los diez millones de personas. En los sesenta la tasa de fecundidad árabe prácticamente triplicaba la judía.
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