Prohibir y criminalizar el aborto no acaba con su práctica, sino que lo convierte en un acto clandestino, peligroso e inseguro para las mujeres. De hecho, los países donde la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo ilegal presentan tasas de abortos superiores a las de aquellos que lo permiten. Hoy, tras más de un siglo de lucha por el reconocimiento de este derecho, la mayor parte de Europa ha aprobado leyes que protegen y despenalizan el aborto, aunque siguen existiendo algunas barreras —como los periodos de espera o el asesoramiento obligatorio— que dificultan su práctica y desarrollo.
A nivel legislativo, y a diferencia de lo que sucede en otras regiones del mundo, solo quedan un par de países en el Viejo Continente donde el aborto sigue siendo una práctica ilegal: Malta y Andorra, dos microestados en los que la Iglesia católica sigue teniendo una presencia muy importante en la vida política y gubernamental. Liechtenstein, Mónaco y Polonia son los otros territorios que no permiten la interrupción voluntaria del embarazo bajo demanda o en términos sociales amplios. En el resto de Europa, el acceso generalizado al aborto ha sido legislado con mayores o menores restricciones, que además han ido cambiando a lo largo de los años en función del momento social, económico y político.
El primer Estado moderno en regular la interrupción voluntaria del embarazo fue la Rusia soviética en 1920. Este reconocimiento no partió, sin embargo, de un compromiso con el derecho a elegir de las mujeres, sino que más bien se trató de una medida pragmática ante la realidad que atravesaba el país: la I Guerra Mundial y el conflicto civil habían arrasado el país y apenas existían recursos económicos y materiales para mantener a los hijos. El Gobierno revolucionario, contrario al aborto pero convencido de que se seguiría practicando furtivamente, terminó legalizando su práctica en hospitales estatales — aunque en los años siguientes volvería a restringirlo por motivos demográficos y políticos— .
Desde entonces, varios países de Europa fueron introduciendo normas que regulaban el aborto para casos muy concretos —violencia sexual, riesgo médico, etc.— , y a partir de la década de los 60 y 70 se generalizó el aborto por solicitud durante los primeros meses de gestación, como en Francia (1975), Alemania occidental (1976), Italia (1978) o Países Bajos (1980).
En la actualidad, cerca de un 95% de la población femenina europea en edad reproductiva vive en un país donde está legalizada la interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con el análisis realizado por el Center for Reproductive Rights. Pese a esto, países como España y Portugal fijan periodos de espera obligatorios una vez que se solicita la interrupción del embarazo o establecen un asesoramiento obligatorio para las mujeres, como Alemania y Hungría. Por su parte, Reino Unido y Finlandia siguen exigiendo —al menos sobre el papel— algún motivo médico o socioeconómico concreto, aunque en el primer caso el pretexto del perjuicio para la salud física o psíquica de la madre se interpreta ampliamente y en el segundo la normativa cambiará a partir de septiembre de este año para eliminar dichos obstáculos.
De esta forma, aparte de la prohibición en Andorra y Malta, los únicos Estados europeos que solo contemplan el aborto en casos muy limitados y extremos son Polonia, Liechtenstein y Mónaco: los tres lo permiten si la salud o la vida de la madre está en riesgo o el embarazo ha sido fruto de una prohibición. En el caso de Mónaco, también si el feto sufre un deterioro grave.
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No obstante, cabe recordar que la regulación del aborto en Europa no siempre coincide con la realidad sobre el terreno. Algunos países, por ejemplo, pueden tener legislaciones en apariencia muy restrictivas pero no impedir en la práctica que las mujeres que deseen abortar puedan hacerlo de forma generalizada, como Finlandia o Reino Unido, o por el contrario regulaciones liberales que no se ven reflejadas en la vida real. Este último es el caso de Italia, donde siete de cada diez ginecólogos se niegan a hacer abortos, o la Comunidad de Madrid en España, donde además de tener que acudir a centros privados casi un tercio de las mujeres paga la operación de su bolsillo.
