En febrero de 2022, la Corte Constitucional de Colombia acordó despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación. Aunque la legislación del país ya había sido cambiada en 2006 para permitirlo en algunos casos muy estrictos, cerca de 500 menores fueron llevadas ante la Justicia entre 2005 y 2017 por interrumpir su embarazo. La práctica llevaba presente en el código penal del país desde 1834. Casi dos siglos.
Junto con Colombia, apenas existen otros cuatro países en América Latina, cinco si también se tiene en cuenta la Guayana Francesa, que permiten la interrupción voluntaria del embarazo dentro de unos plazos establecidos: Cuba, Puerto Rico, Uruguay y Argentina, así como los estados de CDMX y Oaxaca en México, tal y como refleja el análisis del Center for Reproductive Rights.
Este reducido grupo de países representa una excepción a la regla que se extiende por toda la región y que, salvo casos muy concretos —riesgos para la salud de la madre o el bebé, violaciones o incestos—, prohíbe el aborto.
De hecho, en América Latina todavía se encuentran 5 de los 24 países que rechazan y criminalizan cualquier circunstancia relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo en el mundo: República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua y El Salvador. En este último, las mujeres que abortan, incluso por razones naturales, pueden enfrentar penas de cárcel de varios años de duración.
Esta estricta regulación, que se ha mantenido en muchos países pese a los avances sociales y políticos de los últimos años, ha provocado, por ejemplo, que las cifras de mortalidad materna sean mucho más elevadas en los países que restringen el aborto que en aquellos con legislaciones más laxas. Aunque los datos son imprecisos, se estima además que entre cinco mil y diez mil mujeres pierden la vida al año en la región por abortos clandestinos.
Al igual que ha sucedido en Colombia, Chile y México son otros de los países que han mostrado algunos avances hacia el reconocimiento del derecho al aborto en los últimos tiempos en América Latina. En septiembre de 2021, la Corte Suprema mexicana despenalizó el aborto, lo que en la práctica solo supone que las mujeres no podrán ir a la cárcel por interrumpir su embarazo. En Chile, por su parte, el derecho al aborto ha conseguido entrar en el borrador de la nueva Constitución que se votará este año.
Si bien es cierto que la ola feminista que recorre América Latina y que clama por los derechos de la mujer está ejerciendo una gran presión para derribar la barrera del aborto, en el lado opuesto del tablero el auge de la Iglesia evangélica choca frontalmente con sus aspiraciones. En varios países latinoamericanos, con Brasil y Bolivia a la cabeza, esta corriente del cristianismo está ocupando espacios de poder y, haciendo uso de su influencia, trata de socavar el debate en torno a la despenalización del aborto.
A nivel global, todavía un 5% de las mujeres en edad reproductiva del mundo viven en países donde el aborto está prohibido en cualquier de sus formas, y otro 36% se encuentra en Estados que solo lo permiten para salvar la vida de la madre o para preservar la salud.
