Bélgica, oficialmente Reino de Bélgica, es una monarquía parlamentaria y federal ubicada en Europa central. Su mapa político limita con Francia al sur, Luxemburgo al sureste, Alemania al este, Países Bajos al norte y el mar del Norte en su lado occidental. Su capital, Bruselas, es junto con Luxemburgo y Estrasburgo una de las tres sedes oficiales de las instituciones europeas desde 1992 y se considera de facto la capital de Europa.
En el plano internacional, Bélgica es uno de los Estados fundadores de la Unión Europea y su moneda es el euro desde que este se constituyó como moneda común en 1999. Actualmente se posiciona en el sexto puesto de la Unión Europea en términos de PIB per cápita y representa el 3,4% del PIB total del bloque. A pesar de contar solo con 11,5 millones de habitantes, su limitada extensión —de apenas 30.000 km2— lo hace el tercer país comunitario con más densidad de población, solo por detrás de Malta y Países Bajos.
Bélgica cuenta con tres idiomas oficiales: el neerlandés, el francés y el alemán, que coinciden con tres comunidades con un fuerte sentimiento identitario —la comunidad flamenca, la comunidad francesa y la comunidad germanófona—. Las comunidades son, junto con las regiones, los dos tipos de entidades federadas que conforman el mapa político de Bélgica, con personalidad jurídica distinta de la del Estado y competencias autónomas que les transfiere el Gobierno federal en los planos educativo, cultural y ciertos aspectos sanitarios.
Respecto a las regiones, también tres —la Región de Bruselas-capital, la Región Flamenca y la Región Valona— tienen competencias en materia de obras públicas, agricultura, planificación urbana, medio ambiente o empleo. El fantasma ideológico recorre tanto las comunidades como las regiones, convirtiendo el mapa del país en un tenso campo de batalla.
Por un lado, el nacionalismo belga aboga por la centralización del gobierno, restando o eliminando la autonomía de las entidades federadas. Por otro lado, la comunidad flamenca cuenta con un fuerte movimiento separatista que demanda la independencia de Flandes. Por su parte, los valones claman más autonomía para la Región Valona y, a su vez, los regionalistas alemanes piden una región separada de la Valona, de la que son parte.
Además de estas dos divisiones administrativas, las principales instituciones belgas son el Gobierno federal y el Parlamento, que junto con la monarquía conforman el entramado político-administrativo del país.
La monarquía, encabezada por el rey Felipe de Bélgica, no ostenta poderes políticos reales sino que actúa en consulta con los ministros del Gobierno. Bélgica es un país independiente desde 1830, y la Constitución de 1831 estableció que el Estado sería una monarquía parlamentaria. Ante esto, el Congreso tuvo que poner en marcha la búsqueda del que sería el primer rey de la dinastía belga: el príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo y Gotha.
Felipe, el rey actual, es el séptimo rey de esta dinastía tras la abdicación de su padre en 2013. El pronóstico de futuro va bien para la Casa Real: de acuerdo con la última encuesta realizada por IPSOS en julio de 2024, el 68% de los belgas considera que Bélgica debería seguir siendo una monarquía, frente al 32% que opina que debería convertirse en una república.
La economía belga recae mayoritariamente en el sector servicios, seguido del mercado del automóvil. Bélgica tiene una larga historia automovilística y cuenta con plantas de grandes marcas como Ford, Opel, Audi o Volvo. El sector secundario está marcado también por otra gran industria, la farmacéutica, siguiendo la línea europea en cuanto a exportaciones.
Si bien Bélgica es una democracia consolidada con sólidas protecciones y garantías legales a los derechos políticos y libertades civiles, su pasado sigue presente y salpica la vida pública. Recientemente, el Estado fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad a principios de diciembre de 2024 por la segregación de niños mestizos en el Congo bajo su control colonial.
