Las lenguas no entienden de fronteras, banderas ni pasaportes y, sin embargo, son uno de los elementos culturales más politizados del mundo. La rusofonía de parte de la población del este de Ucrania fue instrumentalizada por Rusia para justificar su invasión del mismo modo que en Chipre el griego y el turco parten la isla en dos mitades lingüísticas con intereses políticos opuestos. El reciente intento español por incluir el catalán entre las lenguas oficiales de la Unión Europea, un movimiento orientado a acabar con el bloqueo político interno del país, es otro ejemplo.
En este sentido, la Unión Europea, por su diversidad idiomática y exigencias comunicativas, lidia con uno de los mayores desafíos lingüísticos del planeta: necesita hacer llegar su mensaje a 448 millones de ciudadanos que hablan cerca de sesenta lenguas regionales distintas. A pesar de ello, en lugar de afrontarlo como una debilidad, Bruselas incluyó el multilingüismo entre sus principios fundacionales con el objetivo de «comunicarse con sus ciudadanos en sus propios idiomas, proteger la rica diversidad lingüística de Europa y promover su aprendizaje».
Es por eso que el grupo comunitario cuenta con hasta veinticuatro idiomas oficiales en los que los Estados miembros o cualquier ciudadano europeo puede dirigirse a las instituciones comunitarias, que a su vez tienen la obligación de emplear la misma lengua en su respuesta. Es también el número de traducciones con las que cuenta cada acto legislativo de la Unión, de las interpretaciones de las reuniones del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea y de las posibilidades que tienen los diputados del Europarlamento para expresarse. Internamente, eso sí, las instituciones europeas utilizan solo el inglés, el francés y el alemán.
El número de países excede el de lenguas oficiales porque idiomas como el inglés, el francés, el alemán o el griego son compartidos por más de un mismo territorio, a lo que hay que sumar el hecho de que no todas las hablas reconocidas como oficiales a nivel nacional han recibido el mismo estatus a nivel europeo. Es el caso, concretamente, del luxemburgués y el turco (Chipre), que junto con la inexistencia de una lengua austríaca conforman las tres ausencias nacionales del abanico de idiomas oficiales de la Unión Europea.
La última incorporación a esa lista fue la del irlandés o gaélico, que no recibió la condición de lengua oficial hasta 2022. En 2005 la UE aprobó su ascenso de categoría, pero las dudas en torno a la aplicación de la decisión —por la falta de intérpretes gaélicos, principalmente— provocaron que su introducción se aplazara hasta el año pasado.
En la burbuja bruselense, de hecho, se consideró un acuerdo político el respaldo a una lengua que, por mucho que fuera oficial en Irlanda y se hubiera utilizado en las traducciones de los tratados comunitarios desde 1973, era minoritaria dentro de su propio país.
En el aspecto económico, el multilingüismo de la Unión Europea tiene un coste aproximado de mil millones de euros al año, el equivalente al 1% del presupuesto comunitario o dos euros por habitante.
