En pocos países la Corte Suprema tiene tanta importancia como en Estados Unidos. A diferencia de otros tribunales supremos como el de España, la máxima autoridad judicial estadounidense también se encarga de interpretar la Constitución, ya que decide si las leyes del Congreso y las acciones del Gobierno se ajustan a la carta magna. Sus dictámenes no pueden ser revocados por ningún otro organismo y sientan un precedente judicial, lo que supone que el resto de tribunales del país deben regirse por su doctrina.
Esto significa que el Tribunal Supremo tiene la última palabra sobre asuntos como el derecho a portar armas, el aborto o las libertades religiosas. Por ello, y porque sus jueces son nombrados por el presidente de los Estados Unidos y ratificados por el Senado, su composición se ha convertido en una de las principales batallas políticas del país. El mandato de sus miembros es además vitalicio, de manera que solo pueden perder su cargo si renuncian voluntariamente o son destituidos por el Congreso, algo que nunca ha sucedido. De hecho, solamente se ha producido un impeachment contra un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y fracasó en 1805.
Como resultado, presidentes y senadores buscan escoger jueces de su ideología para condicionar las mayorías del tribunal. Hoy en día, la Corte Suprema cuenta con nueve jueces: seis conservadores y tres progresistas. Sin embargo, su composición ha variado con los años. El tribunal nació con la Ley del Poder Judicial de 1789, después de que los padres fundadores propusieran su creación en la Convención Constitucional celebrada dos años antes. Dicha ley establecía que la Corte Suprema estaría formada por seis miembros. Sin embargo, la Constitución no especifica cuántos magistrados la componen, ni tampoco los requisitos de sus integrantes.
La escasa concreción del texto constitucional ha provocado que el número de jueces de la Corte Suprema haya sufrido modificaciones durante su historia. La primera se produjo en 1807, cuando el Congreso añadió un séptimo juez al tribunal tras crear el circuito judicial de Ohio, Kentucky y Tennessee. La expansión territorial de Estados Unidos en los años posteriores impulsó al Congreso y al presidente Andrew Jackson a incrementar esa cifra hasta los nueve en 1837.
Este número se mantuvo hasta la Guerra Civil. El presidente Abraham Lincoln quería reformar el poder judicial tras haberse opuesto al fallo del Tribunal Supremo sobre el caso Dred Scott contra Sandford, que privaba a los afroamericanos del derecho a la ciudadanía. De este modo, sus compañeros del Partido Republicano en el Congreso añadieron un décimo juez a la corte en 1863. Sin embargo, tras el final del conflicto, la mayoría republicana en el Congreso aprobó una nueva ley judicial que volvía a fijar la cifra de magistrados del Supremo en nueve.
Este número se ha mantenido estable desde entonces, pero los intentos de modificar la composición del organismo no han desaparecido. El más conocido fue el del presidente Franklin Roosevelt, que propuso ampliar el número de jueces a quince en 1937 después de que la corte comenzara a derogar las leyes del New Deal que había promovido durante la Gran Depresión. Aunque su iniciativa fue rechazada por el Congreso, Roosevelt terminó controlando el Supremo, pues ocho de los nueve magistrados que tenía el tribunal en 1945 los había nombrado él.
En los últimos años, el equilibrio político de la Corte Suprema de los Estados Unidos se ha inclinado a favor de los conservadores. Este cambio comenzó en 2016, cuando tras la muerte del juez conservador Antonin Scalia los senadores republicanos impidieron que Barack Obama pudiera nombrar un reemplazo antes de las elecciones presidenciales de ese mismo año. Su asiento permaneció vacante hasta la victoria de Donald Trump, que nombró hasta tres jueces conservadores durante su mandato.
Este dominio conservador se ha reflejado en las últimas resoluciones del tribunal. El ejemplo más destacado fue la decisión de la Corte Suprema de anular su sentencia del caso Roe contra Wade de 1973, que protegía el aborto a nivel federal. El tribunal también dictaminó en julio que el presidente estadounidense tiene inmunidad por los actos oficiales realizados en el ejercicio de su cargo, lo que beneficia a Trump en sus causas judiciales.
