Ayudas al desempleo, pensiones, protección de la infancia o permisos de maternidad y paternidad. Los sistemas de seguridad social incluyen numerosas prestaciones destinadas a proteger a la población y a garantizar unos niveles mínimos de bienestar. Sin embargo, ni todos los países cuentan con el mismo volumen de transferencias sociales ni, sobre todo, todos son igual de capaces de garantizar el acceso de toda su población al sistema de ayudas. El mapa de la protección social en el mundo muestra las enormes diferencias que existen en este ámbito tanto a nivel regional como global, donde hay países con un 100% de cobertura y otros que apenas llegan al 2%.
Según los datos recopilados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo once países del mundo cuentan con un sistema de protección social universal. Es decir, apenas existen una decena de Estados –la mitad de ellos europeos– donde toda la población es beneficiaria de, al menos, una de las herramientas de protección social más habituales.
Esta medición, que excluye la cobertura sanitaria de los cálculos, no solo tiene en cuenta a las personas que reciben ayudas o prestaciones económicas, sino también a los contribuyentes que, siendo también potenciales beneficiarios, sostienen el sistema de protección de cada país.
En total, menos de la mitad (46,9%) de la población mundial tiene acceso a algún tipo de prestación y ayuda, pero las diferencia son amplias si se comparan regiones: en Europa y Asia Central la cobertura social ronda el 84%, mientras que en África apenas se llega al 17%.
La cobertura de la seguridad social en el sector público y privado
Además de las pensiones y el desempleo, la Organización Internacional del Trabajo tiene en cuenta otras transferencias sociales para elaborar su índice de protección. Entre ellas, las ayudas a personas con discapacidad, las bajas laborales por enfermedad o los permisos parentales, todas ellas también presentes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Los sistemas de protección pública son herramientas esenciales para mejorar la cohesión social y acabar con la desigualdad. En algunos países, especialmente los más desarrollados, las transferencia sociales –junto con el sistema fiscal– son capaces de reducir en un cuarto la brecha de desigualdad, según la propia OIT. No es coincidencia, por ejemplo, que los países nórdicos cuenten a la vez con un sistema de políticas públicas prácticamente universal y algunos de los índices de inequidad más bajos del mundo.
Como es de esperar, el nivel de cobertura de los distintos sistemas de seguridad social que hay en el mundo guarda una estrecha relación con el nivel de gasto que dedican los Estados a este ámbito. En Europa y Asía Central, por ejemplo, los países invierten de media un 17,4% de su PIB para financiar sus sistemas de seguridad social. En el continente americano este porcentaje llega hasta el 16,6%, mientras que en África y los países árabes no supera el 4,6%.
La brecha más significativa, en cualquier caso, es aquella que tiene que ver con el nivel de desarrollo de cada país: en los Estados de altos ingresos se invierte cerca de un 16,4% del PIB en protección social, mientras que en los de bajos ingresos el gasto general, sin incluir la sanidad, apenas llega al 1,1%.
