Sea cual sea el desenlace de la invasión rusa de Ucrania, está claro que la economía y la sociedad ucranianas tardarán años en recuperarse. El país ya era uno de los más empobrecidos de Europa antes del ataque y acumulaba una deuda externa cercana al 72% de su PIB, dos problemas que la ofensiva rusa puede cronificar mientras ya se registran numerosos datos sobre el derrumbe económico y el drama humanitario que ha provocado la invasión.
Desde el Euromaidán, la revuelta popular que en 2013 expulsó del poder al Gobierno prorruso de Víktor Yanukóvich y que acabó motivando la intervención de Moscú en el Donbás y Crimea, la deuda externa ucraniana no ha logrado bajar de los 110.000 millones de dólares, alzándose incluso por encima del PIB entre 2015 y 2017.
Pero si bien a comienzos de la década pasada ese endeudamiento fue asumido principalmente por los hogares y el sector privado de Ucrania, a raíz de la crisis de 2014 con Rusia fue el Gobierno general el que comenzó a recibir más préstamos desde el exterior, según los datos del Banco Nacional de Ucrania y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así, si en 2014 la Administración ucraniana era responsable del 26% de la deuda externa nacional, en 2021 era ya del 40%. Y si nos centramos únicamente en la deuda pública, observaremos que en 2020 los préstamos externos suponían el 60% del montante.
Gran parte de ese dinero ha sido prestado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial —el 21% en el caso de la deuda pública—, organizaciones que a cambio han ido exigiendo profundas reformas que han trasformado la economía ucraniana, sobre todo el sector energético. Si bien en 2021 el país estaba consiguiendo crecer por encima del 3%, otros indicadores recogen un deterioro en las condiciones de vida de la población. Sin ir más lejos, el precio del gas que llega a los hogares del país ha aumentado cerca de un 650% desde 2014.
Solo en 2022 Ucrania debía devolver cerca de 18.500 millones de dólares de deuda externa, de los que 5.700 millones corresponden a los compromisos que mantiene el Gobierno con los acreedores internacionales. Pero por mucho que la autoridades defendieran al principio de la invasión que seguirían «honrando la deuda aún en estas condiciones extraordinarias», una reestructuración de los pagos parece inevitable. Primero porque las necesidades humanitarias y militares son ahora mismo un pozo sin fondo, y segundo porque esa deuda está contraída en dólares, algo que con la grivna —la moneda nacional— devaluada añade aún más presión a las arcas públicas.
Al posible aplazamiento de la deuda se suman, además, nuevos préstamos millonarios —sujetos también a nuevas reformas políticas y económicas— que seguirán agrandando la hipoteca ucraniana. En este sentido, el Banco Mundial se ha comprometido a prestar a Ucrania 3.000 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional 1.400 millones y la Unión Europea 1.200 millones de euros, mientras que Estados Unidos ha ofrecido contribuir con otros 1.000 millones de dólares.
La red urbana de Ucrania, un elemento clave para controlar el país
Algunas organizaciones de la sociedad civil ucraniana han pedido ya la cancelación de la deuda para que el Estado pueda mantener su actividad sin preocuparse por el vencimiento de los pagos, pero parte del dinero comprometido por la comunidad internacional ya ha sido entregado precisamente para sostener el funcionamiento del aparato público —920 millones de dólares en el caso del Banco Mundial y 300 millones de euros en el de la UE—.
La gran incógnita es, sin embargo, si el resto bastará para financiar la reconstrucción el país, el gran reto a largo plazo de Ucrania, o si la deuda seguirá aumentando sin control. La respuesta variará en función de la duración de la invasión y el grado de destrucción sufrido, pero también de las exigencias de los organismos financieros internacionales. De lo que no cabe duda es que la gran crisis migratoria que ha desatado la guerra y el bombardeo de infraestructura clave lastrarán la economía ucraniana durante décadas.
