Estados Unidos lanzó en agosto de 1969 el llamado Plan de Asistencia Familiar, que proponía dotar de una renta mínima a todas aquellas familias con hijos que no llegasen a un cierto umbral de ingresos. El promotor de esta medida era el presidente Richard Nixon, republicano, que buscaba continuar la guerra contra la pobreza iniciada por su antecesor demócrata Lyndon B. Johnson unos pocos años antes. Entre los estadounidenses existía un consenso más o menos amplio en que esta era una política positiva: los demócratas la percibían como un avance del estado de bienestar, mientras que los republicanos no la veían con malos ojos en tanto que se trataba de una transferencia de dinero y no de un mayor papel del Estado en la vida pública. Sin embargo, y a pesar de que el plan obtuvo el visto bueno de la Cámara de Representantes, se estrelló en el Senado. Terminaba así el primer intento formal de renta básica en Estados Unidos, aunque no sería el último fracaso: apenas unos años después, en 1972, el candidato demócrata a la presidencia George McGovern esbozó un proyecto de renta básica universal para todos los estadounidenses, aunque su recorrido fue todavía más efímero, ya que sufrió una derrota aplastante frente a Nixon en las presidenciales de ese mismo año.
El testigo de la renta básica en Estados Unidos fue recogido por el llamado impuesto negativo sobre la renta, un mecanismo apoyado por economistas liberales como Milton Friedman y por keynesianos como James Tobin, conocido por la llamada tasa Tobin. Esta idea consistía en que, dentro del impuesto sobre la renta, aquellos ciudadanos que no alcanzasen un mínimo de ingresos recibirían por parte del Estado una compensación que les permitiría alcanzar ese umbral. Se hicieron varios experimentos a nivel local y estatal tanto con la renta básica como con el impuesto negativo en Estados Unidos y Canadá durante los sesenta y setenta, con resultados positivos pero poco concluyentes para extrapolarse a escala nacional. En 1981 llegaría a la presidencia estadounidense el republicano Ronald Reagan, que, con su visión abiertamente neoliberal, relegó a una posición casi marginal las políticas redistributivas de las décadas anteriores. Pero a raíz de la crisis financiera de 2008 y de la provocada por la pandemia del coronavirus, el debate ha vuelto.
¿A favor o en contra?
La renta básica universal o medidas parecidas, como el ingreso mínimo vital recientemente aprobado en España o el impuesto negativo sobre la renta, se defienden hoy por posiciones muy diferentes dentro del espectro político. Lo único que cambia es la perspectiva. Amplios sectores de la izquierda ven la renta básica como la próxima conquista de los estados de bienestar, además de una poderosa herramienta para contener la creciente desigualdad que se viene dando en las economías occidentales desde hace décadas. Por su parte, para los más liberales estas políticas son una manera útil de combatir la pobreza limitando el poder del Estado, ya que el dinero va directamente a los bolsillos de las rentas más bajas, no a políticas sociales, que, bajo su punto de vista, son una intromisión del Estado en la libertad del mercado y de los individuos.
Pero la falta de ejemplos de estas políticas a gran escala hace difícil contrastar si sus partidarios y detractores están en lo cierto. Parece evidente que que una renta básica tiene aspectos positivos, al menos en teoría, pero también presenta contrapartidas importantes que hacen dudar de su viabilidad.
El mayor punto a su favor es que dar una renta a todos los ciudadanos —o al menos a quienes tienen menos ingresos— por parte del Estado permite erradicar la pobreza y reducir considerablemente la desigualdad. Pero probablemente lo más relevante sean las consecuencias derivadas de este hecho. Una de ellas es que la renta genera una red de seguridad económica, lo que permite a los trabajadores invertir más en su formación. También se fomenta el emprendimiento, ya que los individuos pueden asumir más riesgos montando una empresa o proyecto que, si fracasa, no va a hacer que se queden desprotegidos. La renta permite remunerar, aunque sea indirectamente, las tareas domésticas y de cuidados, que a menudo recaen sobre las mujeres, lo que reduciría la brecha salarial y de género. Y, en la teoría, una medida de este tipo motiva la subida de salarios, ya que los empresarios deberán ofrecer una remuneración más elevada para competir con la renta que otorga el Estado. Incluso desde el plano administrativo puede tener evidentes bondades, ya que una renta básica permitiría prescindir de otras muchas ayudas orientadas a diferentes situaciones —como las de desempleo, inserción, pensiones, becas, etcétera— para centralizarse en una sola. Este último punto es uno de los que con mayor fuerza esgrimen los liberales: una única y gran transferencia a toda la población haría prescindible buena parte de la estructura burocrática dedicada a gestionar diferentes ayudas y servicios sociales.
Pero quienes recelan de esta medida no lo hacen de manera infundada, ya que la renta básica es una política de tal calado que, si sale mal o tiene consecuencias indeseadas, el daño puede ser prácticamente irreparable. De ahí que los proyectos que se han lanzado durante estas décadas se limiten a entornos relativamente pequeños, como municipios o regiones, ya que sus efectos se pueden medir y gestionar mejor. Con todo, y al igual que ocurrió con el experimento desarrollado en Finlandia entre 2017 y 2019, los resultados que suelen arrojar estos proyectos piloto no son todo lo exitosos que cabría esperar.
Tampoco se puede obviar el coste que tendría esta medida. Si adoptar una renta básica universal supusiera la desaparición de otras transferencias, el coste de esta medida para un país como España sería de algo más de 187.000 millones de euros al año, un 17,4% del PIB. Una medida similar en Reino Unido oscilaría entre los 300.000 y 790.000 millones de libras, mientras que en Estados Unidos ascendería a tres billones de dólares cada año. Otra opción es que el dinero que se destina a todo tipo de gasto social o educación se intercambiase por esa renta básica, pero el precio a pagar sería la práctica desaparición del estado de bienestar, sustituido por una transferencia del Estado para sufragar todos esos servicios y prestaciones que anteriormente se proporcionaban desde el ente público.
Otra consecuencia negativa es que podrían incentivar salarios más bajos, especialmente en aquellos lugares sin una sólida legislación de sueldos mínimos o convenios asentados. Una renta básica podría llegar a convertirse en una subvención a la contratación, ya que quienes necesitasen trabajar podrían hacerlo por menos dinero seguros de que el Estado suplirá la diferencia que su salario no cubre. Resulta paradójico que una ayuda universal pueda tanto subir como bajar los salarios, pero este es uno de los ejemplos más evidentes de lo imprevisibles que pueden ser los efectos de una medida de este tipo. Otra consecuencia indeseada bien podría ser que resulte devastadora para sectores económicos de bajo valor añadido y con alta demanda de mano de obra, como la hostelería o el turismo: si buena parte de las empresas del sector solo pueden ser competitivas pagando salarios bajos, un alza en los mismos haría desaparecer su rentabilidad, por lo que muchas tendrían que cerrar y el desempleo crecería considerablemente.
Y existen profundos debates más allá de lo estrictamente económico. Si se implementa una renta universal, ¿quién tiene derecho a percibirla? Si la respuesta es que cualquier persona que resida en el país, esto podría legitimar un endurecimiento de las políticas migratorias para evitar el “efecto llamada”, sea este real o no, y ofrecer un claro argumento para discursos xenófobos. En cambio, si la respuesta es que solo las personas con nacionalidad del país pueden beneficiarse de esta renta, se crearía una ciudadanía de segundo nivel que incluiría a muchos inmigrantes, también aquellos en situación irregular, que estarían privados de las ayudas y más expuestos a la pobreza, desigualdad y abusos laborales como mano de obra barata.
¿Hay alternativas?
Ningún país parece haber resuelto todavía las incógnitas que plantea una política tan ambiciosa como la renta básica, y nadie quiere aventurarse con ella sin despejarlas. Ni siquiera está claro qué formato de renta básica es el idóneo: ¿debería todo ciudadano recibir la misma ayuda o estas deberían variar teniendo en cuenta la situación de cada familia o persona? ¿Es preferible que el Estado provea de dinero a los ciudadanos sin condiciones o que les facilite un trabajo? ¿El objetivo es que todo el mundo obtenga esa renta o que solo lo hagan quienes tienen una necesidad real? Las respuestas a estas y otras muchas preguntas llevan a distintos escenarios con diferentes consecuencias.
Además, conviene no olvidar otro de los problemas de fondo: muchas de las economías avanzadas, a pesar de que sus políticas redistributivas consiguen reducir la desigualdad, están muy lejos de ser todo lo justas que podrían, ya que buena parte de las transferencias y ayudas no suelen ir a los estratos de menor renta de la población sino a las clases medias, al igual que muchas ayudas fiscales, como las deducciones. Por tanto, y antes de abordar ambiciosos programas sociales, cabría revisar si los sistemas vigentes están funcionando conforme al objetivo último que tienen, que es redistribuir la riqueza de una manera correcta.
Resolver la compleja ecuación de la renta mínima cada vez es más apremiante. La crisis económica que se derive de la pandemia dejará muy desprotegidas a amplias capas de la población, quizá sin capacidad de reinsertarse en el mercado laboral, especialmente a quienes ya estaban en una frágil situación por la crisis anterior. Paralelamente, procesos ya en marcha como la robotización y automatización de la economía irán laminando numerosos empleos de poco valor añadido, y muchas de las personas afectadas no podrán, sabrán o tendrán tiempo de adaptarse a la nueva realidad laboral. Al mismo tiempo, y como ha ocurrido otras tantas veces en la historia, los avances en el sistema de bienestar son posibles cuando previamente existe un salto considerable a nivel de productividad que hace posible destinar recursos a esas nuevas políticas sociales. ¿Estamos hoy a las puertas de ese momento? Lo cierto es que no lo sabemos.
