Hace unas semanas varios medios se hacían eco de que Finlandia no continuará con la iniciativa que inició en 2017: una renta básica para todos los ciudadanos. El presupuesto, que cubría una prueba de dos años para 2.000 personas —ampliable a todos los ciudadanos, trabajadores y no trabajadores, si el programa continuaba—, no se renovará en 2019. Esto ha suscitado todo tipo de comentarios en ambos bandos: por un lado, aquellos que afirman que es un error acabar con el experimento de la renta básica; por el otro, quienes opinan que la renta básica universal solo produce ciudadanos desinteresados de encontrar un trabajo y mantenerse sin depender del Estado.
Finlandia se convirtió en enero de 2017 en el primer país europeo en iniciar un programa de renta básica: 560 euros a ciudadanos desempleados de entre 25 y 58 años. Aunque no es una idea nueva entre los economistas, la renta básica llegaba a Finlandia como medida que trataba de paliar los efectos de dos problemas: una tasa de paro alarmantemente alta para la media del país —un 10% en 2015, la cifra más alta de los últimos 17 años— y los efectos de una cada vez mayor automatización de ciertos trabajos tradicionales.
Si bien la idea de la renta básica universal es ampliamente conocida, también es cierto que, a la hora de aplicarla, cada país o ciudad puede establecer los requisitos que considere necesarios. En algunas ciudades de Europa implica, por ejemplo, la obligación de buscar trabajo —con represalias en caso contrario—, un plus para quienes colaboran en servicios comunitarios, etc. En Finlandia se ideó en un principio para cualquier ciudadano que se encontrara en situación de desempleo, aunque no estaba obligado a encontrar trabajo; en caso de encontrarlo, seguía manteniendo esa renta básica.
Quienes se oponen a este tipo de medidas podrían argumentar que esto produce ciudadanos sin interés por encontrar trabajo, pero no tiene por qué ser necesariamente así. En el caso de Finlandia, la renta básica sustituía el ...
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