La represión en Irán: un aparato de control social que se recrudece en tiempos de guerra

Las oleadas de protestas en Irán han puesto de manifiesto no sólo el malestar social: también el complejo y sofisticado entramado represor del régimen. Diseñado para garantizar la supervivencia de la República Islámica ante cualquier atisbo de disidencia interna, es una red de organismos supervisados por el líder supremo que además goza de gran autonomía en caso de crisis. Ahora esa autonomía será clave para mantener el control ante la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

La eficacia del sistema represor iraní está en que permea todos los estratos de la sociedad, desde la vigilancia callejera hasta el control del espacio digital y la persecución internacional. Esa histórica represión, a su vez, se sustenta en un marco legal y religioso que criminaliza la protesta y supedita los derechos individuales a un único propósito: preservar el sistema revolucionario.

Las fuerzas represoras del régimen iraní

Las cuatro principales fuerzas represoras en Irán son la Guardia Revolucionaria, la milicia Basij, la Fuerza Disciplinaria (FARAJA) y la Patrulla de la Orientación. La Guardia Revolucionaria, fundada en 1979, se ha convertido en una suerte de Estado paralelo: un ejército que controla parte de la economía, influye sobre el Gobierno y responde ante el líder supremo. Además, incorporó a la milicia Basij en 1981. En sus orígenes, la Guardia Revolucionaria era una fuerza paramilitar basada en relaciones personales de confianza y un fuerte celo revolucionario. Aunque se ha profesionalizado militarmente, conserva su proceder informal, lo que favorece la rapidez, la flexibilidad y la acción local. Se divide en diez cuarteles regionales: cada uno puede operar con autonomía si se rompe la cadena de mando o se cortan las comunicaciones con Teherán.

La milicia Basij es otro cuerpo leal al régimen, a los principios de la Revolución y al líder supremo. El asesinado ayatolá Jamenei llegó a definirlos como un pilar insustituible para la República Islámica. Los basij son millones de miembros divididos en casi 50.000 bases, agrupadas a su vez en distrito y regiones. Además, cuenta con los Batallones de Seguridad Imam Alí y los Batallones Beit al Muqaddas como fuerzas represoras de élite. Muchas veces, los basij reprimen las protestas cargando contra los manifestantes yendo en motocicletas y armados con palos y armas cortas, una práctica que se hizo famosa en la represión del Movimiento Verde en 2009. Los basijtambién se infiltran en las manifestaciones: vestidos de paisano, se mezclan en la multitud y recogen información sobre los disidentes y sus líderes.

La descentralización es clave para los basij y la Guardia Revolucionaria. Los responsables regionales y de distrito gozan de autonomía para decidir cómo proceder contra los manifestantes, una vez el líder supremo ha aprobado el uso de la fuerza. Esta descentralización facilita la represión: de ese modo, la Guardia Revolucionaria y los basij pueden operar como escuadristas o tropas de asalto que conocen el terreno y actúan de manera decisiva. Es el caso de las protestas recientes, donde han dejado más de 7.000 muertos, según la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos.

Al ejército y la milicia revolucionaria se suman las fuerzas policiales. La FARAJA es la policía bajo control del Ministerio del Interior, aunque su director es nombrado por el líder supremo. Cuenta con unos 200.000 miembros, un 45% de ellos reclutas que cumplen el servicio militar obligatorio, otros 100.000 en organismos afiliados y muchos miembros basij, dada la confianza que inspiran. Por último, la Patrulla de la Orientación vela en las calles por el comportamiento pudoroso de los individuos y por la vestimenta de las mujeres. Aunque esta “policía de la moral” no tiene funciones de reprimir protestas, fue la que arrestó en septiembre de 2022 a la joven Masha Amini, cuya muerte fue el detonante de nuevas protestas masivas.

Espías en ministerios, empresas, universidades y hospitales

La represión iraní también pasa por la inteligencia. Estas labores recaen en el Ministerio de Inteligencia, en el IRGC-IO, de la Guardia Revolucionaria, y en el Pava, de la Faraja. El Ministerio de Inteligencia creó a su vez la Organización de Seguridad Nacional (Herasat), un organismo de protección de personal, para extender sus tentáculos en la sociedad iraní: está presente en ministerios, empresas y universidades para identificar amenazas potenciales y supervisar a profesores, estudiantes y empleados. 

Los basij también realizan labores de inteligencia y actúan como informantes. La Organización de Estudiantes Básicos (SBO) y la de Profesores Básicos (PBO) controlan las universidades, que son centros habituales de protesta y de contestación. Creada en 2001, la PBO garantiza un claustro leal que adoctrina a los alumnos e informa de actividades sospechosas de compañeros o estudiantes. Pertenecer al PBO, como fue el caso del expresidente Mahmud Ahmadineyad (2005-2013), se ha convertido en una forma de escalar en el ámbito universitario y de obtener becas y ayudas del Gobierno. La SBO, entretanto, es los ojos y oídos de los basij en los campus, y contrarresta y desbarata las acciones de protesta de los estudiantes.

El aparato de seguridad iraní establece cuatro categorías de acuerdo con la estabilidad interna: blanca, gris, amarilla y roja. La blanca indica una normalidad; la gris, protestas leves que atiende la FAJAMA. El amarillo hace referencia a desórdenes que requieren a los basij. Y si los desórdenes degeneran en un descontrol generalizado y violento, se llega al rojo. Esta situación, como en las protestas recientes, implica la toma de control de la Guardia Revolucionaria para acallar la contestación social y restablecer el orden.

Pero la represión no se limita a las calles. En las protestas recientes, las fuerzas de seguridad han entrado en hospitales para arrestar o asesinar a manifestantes que recibían atención médica. Estas acciones también disuaden a los manifestantes heridos de buscar socorro ante el riesgo de ser identificados. Los servicios de seguridad, además, presionan a los médicos para que informen sobre los manifestantes heridos que hayan acudido a urgencias, y han arrestado a sanitarios por no hacerlo. En estas circunstancias, muchos médicos han asistido a los manifestantes en sus casas o en otros lugares para evitar la intervención de la policía.

El marco legal y religioso de la represión

La estructura legal de la República Islámica permite el uso indiscriminado de la fuerza contra todo lo que considera una amenaza. Las libertades y derechos individuales no son absolutos, sino que quedan supeditados a los principios religiosos y los intereses del régimen. Si el régimen iraní considera que una acción menoscaba los principios del islam, puede anular derechos como la asamblea o la libertad de expresión, convirtiendo a sus propios ciudadanos en enemigos. La doctrina del hefz-e nezam prioriza la preservación del sistema revolucionario instaurado en 1979: la obligación constitucional de las autoridades es proteger un régimen validado por Dios, así que lo que sea necesario para lograrlo pasa a ser legal.

Más aún, cuando el régimen iraní apela a la supervivencia del sistema, activa medidas extraordinarias que suspenden tanto derechos como protecciones de los ciudadanos. Eso implica darle cobertura legal y religiosa a la represión violenta de los manifestantes, a los que suelen calificar de “hacer la guerra a Dios” o de “corruptores en la tierra”, graves ofensas religiosas que acarrean penas severas. Así, la disidencia queda convertida bien en herejía, sacrilegio o blasfemia, o en una amenaza para la seguridad del Estado.

Ha habido muchos ejemplos. Después de ocho años de guerra con Irak, el ayatolá Jomeini emitió una fetua o dictamen religioso en 1988 para justificar la ejecución extrajudicial en las cárceles de miles de izquierdistas y miembros de los Muyahidines del Pueblo, la principal organización rebelde en Irán, actualmente desarmada y en exilio. En 1989, Jomeini emitió otro dictamen para justificar el asesinato de Salman Rushdie, un escritor que ni era iraní ni residía en Irán. Y a finales de los años noventa, el clérigo Misbah Yazdi emitió una fetua secreta para permitir una campaña de asesinatos del Ministerio de Inteligencia contra opositores. El régimen incluso recurre a la psiquiatría para perseguir y condenar a los opositores. Mujeres que han protestado contra el velo obligatorio han sido acusadas por jueces de ser “enfermas mentales”. Ante la protesta de psicólogos y psiquiatras, ciertos órganos del régimen han propuesto tratamiento psiquiátrico para aquellas mujeres que se nieguen a cubrir su cabeza.

Desde sus inicios, la República Islámica también recurrió a juicios sumarios para purgar a sus enemigos. En 1979 y 1980, el clérigo Sagegh Jaljalí se hizo famoso como “el juez de la horca” por la rapidez y facilidad con que dictaba la pena capital. El régimen también ha torturado y encarcelado personas para disuadir a disidentes potenciales, con prisiones como la de Evin convertidas en símbolos de la represión. En ocasiones, el régimen permite a los reclusos salir durante unos días para visitar a sus familiares, pero para que sus vecinos y seres queridos vean cómo están y así difundir temor entre ellos. Los ahorcamientos públicos son otra forma de escarnio y amedrentamiento: a diferencia de otros países, el ahorcamiento por grúa en Irán no mata al reo de inmediato, sino que prolonga su agonía en una asfixia dolorosa.

Sin fronteras: asesinatos y secuestros a nivel internacional

La persecución de los disidentes no termina en las fronteras de Irán. Desde 1979, la República Islámica ha asesinado a opositores exiliados en Europa, América y Asia. El príncipe Shahriar Shafiq en 1979, el general Gholam Ali Oveisi en 1984, el primer ministro Shapur Bajtiar en 1991 o el cantante Fereidún Farrojzad en 1992 son sólo algunos de los nombres más conocidos. Para ello Teherán ha subcontratado a grupos terroristas locales. En una entrevista, el ministro de la Guardia Revolucionaria entre 1982 y 1988, Mohsen Rafiqdoost, reconoció haber pagado a ETA para atentar contra disidentes iraníes en Francia.

La campaña de asesinatos en Europa, especialmente activa en Francia y Alemania, llevó a varios países europeos a romper relaciones con Irán en los años noventa. Desde 1979 se han detectado 102 acciones del régimen iraní en el continente, de las cuales 54 tuvieron lugar entre 2021 y 2024. Teherán también ha secuestrado a disidentes en el extranjero, como Ruhollah Zam y Rasoul Danialzadeh en 2019 y Jamshid Sharmahd en 2020, recurriendo a sicarios y traficantes. El uso de intermediarios para llevar a cabo tanto asesinatos como secuestros busca evitar la implicación iraní en las investigaciones.

La represión digital y de vigilancia, con ayuda de China y Rusia

Por último, la represión del régimen iraní ha llegado a internet: persiguen a los disidentes, desbaratan su coordinación, silencian a los manifestantes y controlan la narrativa dentro y fuera de Irán. Ante las protestas del pasado enero, el régimen cortó internet y las líneas telefónicas. Los noventa millones de iraníes quedaron aislados del mundo y de todo aquel que no fuese su vecino. La medida permitió a las autoridades ejecutar una represión violenta sin arriesgarse a que las imágenes o los vídeos se difundieran.

El régimen iraní aprendió la importancia de las redes sociales tras las protestas de 2009, las primeras en las que los manifestantes pudieron compartir sus mensajes e imágenes de inmediato con el resto del mundo. Durante las protestas de 2017 y 2019, las autoridades comenzaron a cerrar internet de manera temporal o localizada. En paralelo, aumentaron las cámaras en los edificios y en las calles para identificar más fácilmente a los manifestantes. La empresa china Tiandy Digital Technology Co., especializada en videovigilancia, ha sido clave en la expansión del sistema. Rusia también ha exportado equipos y software para controlar las redes sociales. Asimismo, el régimen ha recurrido a los drones para identificar a los manifestantes, espiar domicilios privados y lanzar mensajes de advertencia a las multitudes.

Aparte de aislar a sus ciudadanos entre sí y del mundo, la República Islámica ha apostado por las redes sociales para controlar la narrativa. En enero llevó a cabo una intensa campaña para transmitir la imagen de que los manifestantes eran terroristas y agentes de la CIA y del Mosad. Figuras mediáticas occidentales de extrema derecha y extrema izquierda, influencers, cuentas prorrusas y granjas de bots se hicieron eco del mensaje. Como parte de este control de la narrativa, el régimen suele obligar a los detenidos a confesar sus “crímenes” ante las cámaras. Los vídeos luego son difundidos por televisión o redes sociales como prueba de una conspiración terrorista internacional que justifique la violencia contra los manifestantes.

Control interno ante la nueva guerra

Estados Unidos e Israel están bombardeando Irán desde el pasado 28 de febrero para hacer colapsar las instituciones de la República Islámica. Ya han matado a Jamenei, al ministro de Defensa y al comandante de la Guardia Revolucionaria, entre otros altos cargos. Además, han atacado a la Asamblea de Expertos, encargada de escoger al nuevo líder supremo. Crear las condiciones para que la oposición iraní asalte el poder y pueda culminar un cambio de régimen es uno de los objetivos declarados de Trump y Netanyahu.

Sin embargo, la República Islámica se apoya en su red de organismos represores, cuya gran capacidad de autonomía dificulta una caída del sistema. Estas instituciones superpuestas están pensadas para seguir operando, cada una en su ámbito, si se rompe la cadena de mando. Neutralizar los centros de mando de Teherán no basta para forzar una parálisis que lleve a la caída del régimen iraní: los estadounidenses e israelíes son conscientes y por eso también bombardean comisarías de policía y bases de los basij.