En 1767, las coronas de España y Marruecos firmaron el Tratado de Paz y Comercio, el primero tras décadas de hostilidades. Fue, también, el primer tratado bilateral formal que reconoció de forma explícita la soberanía española de los enclaves en el norte de África —por entonces presidios— de Ceuta y Melilla, así como de los peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas.
Hasta ese momento, las relaciones entre la monarquía hispánica y el sultanato alauí habían navegado entre periodos de confrontación militar y treguas efímeras. De hecho, en 1774, el sultán Mohammed III volvió a romper la paz y sitió Melilla. Tuvo que ser un nuevo tratado de amistad y comercio el que zanjara la crisis en 1780.
Hoy, Mohamed VI, la séptima generación de descendientes de aquel sultán, y su gobierno cuestionan la españolidad de ambas ciudades, a las que ven como colonias que deben ser devueltas. Lo hacen bajo el amparo del Gran Marruecos, la reivindicación irredentista instalada en la élite política del país desde su independencia en 1956 que concibe el Magreb —incluyendo partes de Argelia, Mauritania, Mali o el Sáhara Occidental— como el espacio territorial natural del Estado marroquí. Para ello, se basa en una supuesta continuidad política e institucional entre las diversas dinastías que han reinado en el territorio marroquí, desde los almorávides, almohades o meriníes hasta los alauíes.
Sin embargo, la historia y la ciencia jurídica indican que el Marruecos moderno poco tiene que ver con la estructura de esos imperios tribales medievales, y señala a la dinastía alauí —en el poder desde 1631— como el origen político y dinástico del Estado actual. Para cuando los alauíes consiguieron unificar y pacificar el país, en el siglo XVII, Ceuta y Melilla llevaban en manos ibéricas 251 y 169 años, respectivamente.
Los imperios del Magreb y el mito de la continuidad territorial
Marruecos se define a sí mismo no como un Estado-nación nacido de la independencia en 1956, sino que sitúa su origen en el año 789, con la dinastía idrisí, los fundadores de la ciudad de Fez.
La historiografía marroquí se remonta a este momento por ser la primera dinastía islámica en establecerse en el Magreb occidental, con Idris I —su fundador— siendo descendiente directo de Mahoma. Sin embargo, aquella entidad no tuvo conexión sucesoria ni política con las dinastías posteriores. Mucho menos con la alauí actual.
De hecho, los idrisíes se fragmentaron en el siglo X y desaparecieron engullidos por las guerras entre el Califato fatimí y el Califato omeya de Córdoba. No fue hasta el siglo XI cuando los almorávides —una confederación de monjes-soldados bereberes del Sáhara— consiguieron unificar de nuevo el Magreb. Extendieron su dominio desde Senegal hasta la península ibérica, donde lograron su máxima expansión alrededor del 1110 sobrepasando el río Ebro.
Pero su imperio —1040-1147— colapsó a mediados del siglo XII en favor de sus rivales, los almohades, quienes establecieron un nuevo califato entre 1121 y 1269 que se hizo fuerte en el norte de África —se extendió hasta la actual Libia—.
Tanto Ceuta como Melilla formaron parte de estas grandes dinastías del Magreb y la península: primero en el califato de Córdoba (siglo X), después en los imperios norteafricanos almorávide y almohade (siglos XI-XIII) y, luego, en el sultanato meriní, establecido en 1212. Fue durante la descomposición de este último, cuando ambas pasaron a manos europeas: Ceuta, conquistada por Portugal en 1415, y Melilla, tomada por la Corona de Castilla en 1497.
Los meriníes, como los almorávides y almohades, también eran una confederación tribal nómada que extendió su poder desde Fez. Su decadencia se produjo a partir de 1340, que les llevó a abandonar la costa mediterránea para centrarse en la defensa de Fez. Así, para cuando Ceuta y Melilla fueron ocupadas por las coronas ibéricas, en medio de la decadencia meriní, ambas plazas llevaban ya mucho tiempo desconectadas de cualquier estructura imperial centralizada.
Las dinastías que sucedieron a los meriníes, wattásidas y saadíes, también emprendieron campañas militares contra los enclaves, sucediéndose infructuosos ataques y asedios contra Ceuta y Melilla durante los siglos XVI y XVII.
Aunque todas estas dinastías —desde los idrisíes hasta los saadíes— compartían un componente teocrático donde un líder espiritual o sultán aglutinaba a confederaciones tribales para conformar un imperio, se trató siempre de entidades separadas, sin continuidad institucional, administrativa o dinástica entre sí, a menudo enfrentadas tras periodos de guerra civil y anarquía que desintegraban por completo las fronteras precedentes.
Frente a la difícil justificación de una continuidad política, el nacionalismo marroquí insiste en el argumento religioso. Esta vía sostiene que los territorios que alguna vez estuvieron vinculados a un sultán mediante la bay’ah —el tradicional juramento de lealtad religiosa y feudal que se establecía entre el soberano y las tribus incorporadas en el mundo islámico— formarían parte de una influencia continua magrebí que debería reflejarse en las fronteras actuales.
Este argumento ya lo descartó la Corte Internacional de Justicia de la Haya en 1975, cuando Marruecos lo alegó para reclamar sus derechos sobre el Sáhara Occidental. El dictamen del tribunal indicó que en ningún caso ese lazo religioso constituye un título de soberanía territorial o equivale a la existencia de un Estado en un territorio, ni puede anular el derecho de autodeterminación moderno.
Además, si el régimen marroquí atendiese de forma rigurosa a la lógica de la bay’ah y los mapas históricos, el Gran Marruecos incluiría el sur de la península ibérica, territorios del África subsahariana o zonas del norte de África hasta Libia. Sin embargo, para no perder credibilidad internacional y poder aumentar su territorio tras la independencia en 1956, el nacionalismo radical rechazó deliberadamente incluir esos territorios en sus mapas irredentistas.
La época colonial: un protectorado sin Ceuta y Melilla
Ceuta permaneció en manos de Portugal hasta la Unión Ibérica, cuando a las coronas de Castilla y Aragón se unió la de Portugal, por los derechos sucesorios del rey Felipe II. En 1640, cuando Portugal recuperó su independencia, Ceuta permaneció bajo la Corona de Castilla.
Desde que se incorporaran en el siglo XV y XVI, Ceuta y Melilla fueron territorios de pleno derecho dentro de las coronas ibéricas, igual que la Granada conquistada a los nazaríes por los Reyes Católicos o las islas Canarias. Jamás tuvieron una codificación de colonia o territorio dependiente —a diferencia de las Indias—, sino que fueron integradas constitucional y jurídicamente en la estructura del Reino.
Por ello, cuando a principios del siglo XX las potencias europeas establecieron protectorados en el territorio marroquí, Ceuta y Melilla nunca estuvieron integradas en las administraciones coloniales, sino que mantuvieron su estatus previo.
A finales del siglo XIX, un nuevo enfrentamiento entre 1859 y 1860 entre Marruecos y España había dejado al Sultanato alauí arruinado, tras imponer los españoles en el tratado de paz de Wad-Ras una indemnización millonaria al país. Ese tratado sería también el inicio de la presencia colonial española en Marruecos: Tetuán quedó bajo ocupación temporal e Ifni, un pequeño territorio al sur del país, fue cedido para establecer una colonia pesquera.
La asfixia financiera para pagar la deuda obligó al sultán a endeudarse cada vez más con la banca europea. Este endeudamiento fue la excusa perfecta para que Francia y España establecieran en 1912 sendos protectorados. La zona española comprendía, al norte, el Rif y Yebala con capital en Tetuán, y al sur la franja de Cabo Juby (Tarfaya), además del enclave de Ifni. Por su parte, la ciudad de Tánger fue excluida de ambos protectorados y constituida en 1923 como una zona internacional.
En 1956, cuando Marruecos obtiene la independencia de Francia, también reclama el resto del territorio del sultanato alauí previo a los protectorados, recuperando el norte del protectorado español en abril del mismo año y Tánger en octubre. Cabo Juby pasaría a manos marroquíes dos años más tarde, e Ifni en 1969.
Sin embargo, en la nueva nación, las ideas formuladas en las décadas de 1940 y 1950 por intelectuales como Allal el Fassi, fundador e ideólogo del Partido Istiqlal y las tesis del Gran Marruecos, ya habían calado profundamente en la élite política hasta convertirse en doctrina de Estado.
Marruecos no se conformó con la restitución de las fronteras previas a 1912 y, bajo esta ambición expansionista, en 1975 el rey Hassan II organizó la Marcha Verde, mediante la cual Marruecos ocupó el Sáhara Español, contraviniendo los preceptos de descolonización dictaminados por la ONU, el Dictamen del Tribunal de La Haya y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
También en el momento de la independencia se materializó la pretensión de la integración de las españolas Ceuta y Melilla en el nuevo estado marroquí. En 1960, Rabat, aprovechando el proceso de descolonización auspiciado por la resolución 1514 de la ONU, intentó incluir a Ceuta y Melilla en las listas de territorios pendientes de descolonización, en la que sí figuran el Sáhara Occidental o Gibraltar, entre otros.
Sin embargo, esta petición nunca prosperó. La razón es que los territorios de la lista comparten un estatus político-administrativo distinto al de la metrópoli, que se traduce en una carencia de derechos políticos plenos para sus habitantes. Esto no ocurre con Ceuta y Melilla, que nunca fueron administradas como colonias. Dependieron directamente de la Corona de Castilla como plazas militares y, con el nacimiento del estado-nación, se integraron en la organización territorial española como el resto del territorio insular y peninsular. En 1978, la nueva Constitución garantiza a cada ciudad un diputado y dos senadores, y desde 1995 ambas son ciudades autónomas.
Desde la independencia de Marruecos y el regreso de las reclamaciones sobre Ceuta y Melilla, España ha optado por no entrar en este debate. Amparándose en el derecho internacional, no reconoce que exista disputa alguna y ha rechazado iniciativas bilaterales como la célula de reflexión conjunta sobre el futuro de las ciudades que propuso Hassan II en 1987. Su posición se apoya en que la soberanía sobre Ceuta y Melilla es anterior a la configuración del actual Estado marroquí, y en que ambas ciudades forman parte del territorio español en igualdad con el resto.
La historia de Ceuta y Melilla no es muy distinta de la de tantas otras fronteras. Como la mayoría de los territorios del mundo, se incorporaron por conquista, un método de adquisición aceptado hasta que la Carta de la ONU y el sistema de derecho posterior a la Segunda Guerra Mundial prohibiera el uso de la fuerza. Por conquista se expandieron los almorávides y los almohades hacia al-Ándalus, las Coronas de Castilla y Aragón, y más tarde también los imperios coloniales europeos del siglo XIX.
Por eso la diferencia hoy no está en la legitimidad o no de las conquistas del pasado, o en los tratados que lo sancionaron, sino en lo que ocurrió después de la conquista. Allí donde las potencias establecieron órdenes coloniales y sometieron a las poblaciones, el derecho internacional reconoció a esos pueblos la autodeterminación. En cambio, aquellos territorios que quedaron integrados en las estructuras de los Estados modernos, con ciudadanos iguales en derechos, quedan fuera de reclamaciones de este tipo.
