El Consejo Ártico es el foro internacional para la cooperación en la región ártica. Agrupa a los ocho estados con territorios dentro del círculo polar ártico: Canadá, Dinamarca (por Groenlandia y las islas Feroe), Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Rusia y Estados Unidos (por Alaska). Además, son participantes permanentes las organizaciones indígenas de los pueblos árticos y hay trece estados observadores, entre los que se encuentran China, Francia, India, Reino Unido y España.
A pesar de estar situada al sur de Europa, España tiene una historia profundamente ligada al mar y la navegación, y los Polos no son una excepción. Sin embargo, el país no puede aspirar a más que su actual papel de observador. No es un Estado ártico ni una potencia con intereses estratégicos en la región. Con todo, ha sabido posicionarse como un actor fiable y respetado gracias a su implicación en la Antártida, donde mantiene dos bases científicas y una trayectoria sólida de cooperación internacional.
Una tradición de exploradores
Ya desde la época de los grandes descubrimientos geográficos, España, al igual que otras potencias europeas como Portugal o Inglaterra, buscó rutas alternativas para llegar a Asia y cartografiar el globo. Como parte de este esfuerzo, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, varios navegantes españoles exploraron el Ártico.
Bartolomé de Fonte afirmó haber cruzado el paso del Noroeste por la bahía de Hudson en 1640, y Juan Francisco de la Bodega y Cuadra lideró algunas expediciones entre las más septentrionales de España en 1775 y 1779 que permitieron elaborar mapas más precisos de la región, especialmente de Alaska. También fueron clave los viajes de Francisco de Eliza y Salvador Fidalgo, que a comienzos de la década de 1790 exploraron el estrecho de Georgia, entre Canadá y Estados Unidos.
La relevancia de estas expediciones fue tal que incluso se dice que James Cook empleó el diario de Antonio Murguía, uno de los participantes en la expedición de Bodega y Quadra, como referencia para sus propios viajes. En cualquier caso,este impulso explorador se fue desvaneciendo a lo largo del siglo XIX, coincidiendo con la pérdida del imperio colonial y, especialmente, tras el desastre de 1898. A partir de entonces, España se desvinculó en gran medida de la región ártica.
No sería hasta finales del siglo XX cuando la política exterior española volviera a tener un vector polar. Por aquellos años el interés internacional por los polos se disparara con el comienzo de la investigación climática y del deshielo de las regiones polares. España firmó el Tratado Antártico en 1982. Además, la Armada Española cuenta, desde esa época, con un buque oceanográfico con casco reforzado y capacidad para operar en zonas polares, el Hespérides, esencial para la navegación en las dos regiones polares y que cada año realiza la conocida como Campaña Antártica Española. A este buque se sumó en 2024 el Odón de Buen, que puede navegar en hielo estacional o fragmentado.
Así, ha sido la implicación sostenida y de alta calidad científica en la Antártida la que consolidó el reconocimiento internacional de España como actor polar. Esto fue un elemento clave que reforzó su credibilidad para convertirse en observador en el Consejo Ártico en 2006, y que le permitió participar en el Año Polar Internacional que comenzaba a finales de ese mismo año.
Ciencia y diplomacia: la estrategia de España en el Ártico
La estrategia española en el Ártico se basa en dos pilares: la cooperación internacional y la investigación científica, enfocada también a los efectos del cambio climático. A falta de intereses territoriales o geopolíticos directos, España ha construido su presencia en la región a través de la diplomacia científica y el multilateralismo.
No ha sido hasta 2016 cuando el país formalizó su política ártica, en un documento publicado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, “Directrices para una estrategia polar española” que establece las líneas maestras de la acción exterior en las regiones polares. Se trata, en realidad, de una política en construcción, sin grandes pretensiones, que se apoya más en la continuidad institucional que en una gran ambición estratégica.
De hecho, la autoridad competente en asuntos polares es el Comité Polar Español, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, lo que concuerda con esa estrategia científica. El Comité coordina las investigaciones, la presencia en foros internacionales y las posiciones oficiales de España. La representación diplomática ante el Consejo Ártico, por su parte, se canaliza a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, en una subdirección de la Dirección General de Diplomacia Económica. Un diseño institucional que refleja el lugar que ocupa el Ártico en las prioridades del Estado: lejos del núcleo de la política exterior.
A pesar de ello, en los asuntos árticos, su pertenencia a la Unión Europea otorga a España a dar un valor añadido. Aunque Bruselas aún no ha conseguido el estatus de observador permanente en el Consejo Ártico —principalmente por el veto de Rusia—, Estados miembro como España actúan como puente informal para mantener la presencia europea en la región. Mientras los países árticos miembros de la UE como Dinamarca, Suecia o Finlancia anteponen sus agendas nacionales, observadores como España sirven de canal alternativo para proyectar los intereses comunes de la Unión.
La construcción de una posición sólida para con el Ártico en España es una buena noticia, especialmente en momentos de incertidumbre como los que ha abierto la invasión rusa de Ucrania y la ruptura de relaciones con Rusia, uno de los principales actores árticos. Sin embargo, la acción exterior española tiene otros focos estratégicos más urgentes y coherentes con sus intereses reales: la Vecindad sur, el Sahel, América Latina o por supuesto la propia Unión Europea.
