53.000 muertos y 14.000 desaparecidos después, Europa ha empezado a reaccionar ante la “catastrófica” situación de Gaza, según ha definido la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Kaja Kallas anunció el pasado 20 de mayo que revisarían el Acuerdo de Asociación que rige las relaciones políticas y económicas con Israel. Su predecesor, Josep Borrell, ya había propuesto sin éxito en noviembre suspender el diálogo con Israel invocando la cláusula relativa al cumplimiento de los derechos humanos.
Cada vez más países han comenzado a responder ante las evidencias de violaciones de derechos humanos. “Nosotros siempre hemos apoyado el derecho de Israel de defender a los israelíes del terrorismo. Pero esta escalada es completamente desproporcionada”, firmaban los mandatarios de Francia y el Reino Unido, junto al de Canadá, amenazando incluso con imponer sanciones. Además, Londres suspendió la renovación del acuerdo de libre comercio, que pretendía ampliar las áreas de intercambio. El mensaje de un aliado histórico y facilitador de la creación del Estado judio es tanto económico como político.
No obstante, el giro más relevante ha sido el de Alemania, defensor histórico de Israel y su segundo proveedor de armas y munición después de Estados Unidos. El canciller Friedrich Merz cuestionó los ataques a civiles, y el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, ha alertado de que el apoyo alemán no debe ser “instrumentalizado”. España, mientras tanto, es la voz más firme en la UE en abogar por sanciones a Israel, calificado por el presidente Pedro Sánchez como “Estado genocida”. Madrid también acogió un encuentro de una veintena de países para presionar por la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.
La UE es el mayor socio comercial de Israel, con un volumen de 48.250 millones de dólares, casi un tercio del comercio del país, aislado en Oriente Próximo. Una cifra difícil de reemplazar para una economía resentida tras gastar más de 67.000 millones de dólares en la ofensiva más costosa de su historia moderna. La adhesión de socios que parecían incondicionales como Alemania, Polonia, el Reino Unido o Chequia a esta nueva oleada de críticas supone un punto de inflexión en el discurso europeo. Sin embargo, para presionar de verdad a Israel deberá tomar forma en medidas concretas.
Por qué ahora
La línea roja para Europa ha sido el riesgo de hambruna que pesa sobre los más de dos millones de gazatíes, según Naciones Unidas. El hambre como método de guerra está prohibido en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, que también condenan la retención de la ayuda humanitaria. En ese sentido, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, reconoció a finales de mayo que su Gobierno dejaría entrar víveres para ganar tiempo después de casi tres meses de bloqueo: “Nuestros mejores amigos en el mundo [en referencia a senadores estadounidenses] vienen a mí y me dicen: ‘Te damos todo nuestro apoyo para una victoria final’ […]. Pero hay una cosa que no podemos tolerar: imágenes de hambruna masiva”.
Desde entonces, Israel ha permitido el acceso de algunos camiones que apenas están llegando a la población por los propios obstáculos israelíes. Desoyendo las advertencias de organismos internacionales, el Gobierno israelí puso en marcha una empresa, con capital israelí y estadounidense, que trató de llevar a cabo un primer reparto de comida. La mala organización y la situación desesperada de miles de palestinos hambrientos desencadenó escenas de caos y tiros al aire por parte de la seguridad privada de la empresa.
Europa también ha restado credibilidad al Gobierno israelí por su salida del acuerdo de alto al fuego que pretendía devolver a los israelíes secuestrados por Hamás en Gaza. A esto se suma el recrudecimiento de la ofensiva militar con un lenguaje que llama al desplazamiento forzoso y la limpieza étnica. Además, el repliegue de Estados Unidos tras la vuelta de Donald Trump ha dado alas a una Europa más independiente, con una sociedad civil que lleva meses presionando a sus representantes por acciones contundentes.
La UE, con los obstáculos de siempre
Sin embargo, la presión europea a Israel enfrenta su propia desunión y falta de contundencia. Diecisiete de los veintisiete Estados miembros se han mostrado favorables a la revisión de los acuerdos bilaterales, entre ellos España y Polonia. Pero países clave como Alemania o Italia votaron en contra. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, era contraria a esta votación y no se ha pronunciado al respecto, aunque ha empezado a matizar su propia postura: “La Comisión Europea siempre ha apoyado —y seguirá apoyando— el derecho de Israel a la seguridad y la autodefensa, pero esta escalada y el desproporcionado uso de fuerza contra civiles no se puede justificar bajo la ley humanitaria e internacional”.
La Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior tendrán que analizar si Israel cumple con el artículo 2 del Acuerdo de Asociación, que hace mención al “respeto a los derechos humanos y los principios democráticos”. En caso de incumplimiento, estos organismos deben proponer acciones, y es aquí donde la falta de unanimidad podría reducir la rotundidad de potenciales medidas políticas. Para Niccolò Milanese, director de European Alternatives, una organización civil que promueve la democracia, que la UE actúe se ha “convertido en un imperativo político, sobre todo con respecto a sus propias poblaciones”.
Milanese explica que si bien se necesita unanimidad para suspender el acuerdo o las relaciones diplomáticas, o sancionar a miembros del Gabinete israelí, basta con una mayoría cualificada de quince votos para interponer medidas que ataquen diferentes ámbitos comerciales. Por eso algunas restricciones sí podrían salir adelante. Los fallos de julio de 2024 y enero de 2024 de la Corte Internacional de Justicia ya daban instrucciones a Israel y otros Estados para prevenir el genocidio, como el embargo de venta de armas o sanciones y vetos a empresas relacionadas con la empresa militar. Además del embargo propuesto por España, países como el Reino Unido o Países Bajos han limitado las exportaciones de ciertos materiales.
Con todo, sin el compromiso de los grandes socios de Israel, hay muy pocas opciones de afectar su economía militar y corren el riesgo de quedarse en acciones simbólicas. A su vez, el proceso de sanciones sería lento, empezando por la expansión de los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada, como ya ha anunciado el Reino Unido. Para Yossi Mekelberg, analista político en el instituto Chatham House, los avisos son una forma de llamar al orden a Israel y forzar negociaciones para atenuar la violencia. “Es una manera de lanzar un mensaje y avisar de que para cuando se terminen de revisar los acuerdos se puede tomar una decisión”, explica Mekelberg, quien se muestra escéptico: “La UE y el Reino Unido esperan que mientras tanto se pueda llegar a un alto al fuego y que finalmente no tengan que revisar ni suspender nada”.
Un punto de inflexión a medias para Israel
La presión internacional sí está logrando que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria, aunque a cuenta gotas. Además, el empuje que está ganando el reconocimiento al Estado palestino, también podría ser un paso importante si Reino Unido o Francia lo se suman en la próxima cumbre en junio organizada por Francia y Arabia Saudí en Nueva York. Aun así, es muy difícil que estas medidas se materialicen en sanciones o acciones efectivas que traigan justicia a la agónica vida de los palestinos en la Franja de Gaza.
A medio plazo, las presión e incluso sanciones europeas pueden no ser efectivas, como en el caso de Rusia. Las amenazas de sanciones económicas pierden credibilidad si no van acompañadas de un compromiso político y legal, ya que países como Francia o Hungría, e incluso voces que han criticado la violencia como Bélgica, han anunciado que no atenderán a las órdenes de arresto de la Corte Internacional de Justicia. La UE no está siendo una voz unánime con Israel, lo que sumado a la falta de contundencia puede hacer de la postura europea y su histórica defensa de los derechos humanos una mera declaración de intenciones.
