La tecnología define el poder militar del siglo XXI. Desde la inteligencia artificial hasta el 5G, pasando por drones y satélites, la superioridad en el campo de batalla depende cada vez más del desarrollo y despliegue de innovaciones avanzadas. No se trata sólo de armas, sino de una infraestructura tecnológica capaz de garantizar comunicaciones seguras, coordinación en tiempo real y una respuesta efectiva en cualquier escenario. A esto se suma la ciberdefensa, cada vez más crítica en la seguridad nacional e internacional. Como las batallas también se libran en el espacio digital, proteger las redes militares frente a ciberataques, interferencias, espionaje y sabotaje digital es esencial para garantizar la estabilidad y la soberanía.
Más allá del gasto en términos absolutos, la inversión en capacidades tecnológicas y digitales puede marcar la diferencia en la capacidad de disuasión. España no es ajena a esta realidad: presume de abanderar iniciativas ejemplares en Europa y en el marco de la OTAN. Esto podría darle una ventaja estratégica. El centro de investigación estadounidense RAND ya sitúa a España entre los países con mayor contribución real a la Alianza, de acuerdo con su índice de distribución de carga, que va más allá del gasto militar y mide el impacto estratégico de cada aliado.
El liderazgo español en este índice no sólo responde a las pérdidas económicas derivadas de las sanciones a Rusia, sino también a la eficiencia en el gasto en defensa. España prioriza capacidades de combate y operatividad sobre los gastos administrativos. Su apuesta por la tecnología aplicada a la seguridad y la defensa contribuye a la preparación militar y a los despliegues en el extranjero tanto del país como de la Alianza, con iniciativas que son, según fuentes del Gobierno, referencia en la OTAN.
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