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Destruir la presa de Nueva Kajovka, en la región ucraniana de Jersón, sería un crimen de guerra si se confirma que ha sido una acción deliberada. Ocurrida el pasado martes 6 de junio, ya ha provocado inundaciones y la evacuación de civiles. Rusia y Ucrania se acusan de la autoría, que aún se desconoce. Los ataques a infraestructuras estratégicas son frecuentes en las guerras, y la zona en este caso es clave en el conflicto, ubicada a orillas del sur del río Dniéper y controlada por los rusos.
La presa de Kajovka: un posible crimen de guerra
Rusia ha acusado a Ucrania de haber destruido la presa de Nueva Kajovka como parte de sus ataques. Ucrania, por su parte, ha acusado a Rusia de haber plantado y detonado minas en el lugar para volarla. Existen hipótesis sobre la motivación de cada bando: los rusos buscarían frenar el avance ucraniano por Jersón, y los ucranianos pretenderían dañar las defensas rusas en la región y cortar el suministro de agua a Crimea. También se contempla que la presa haya colapsado por falta de mantenimiento. En cualquier caso, su destrucción ha provocado inundaciones y la evacuación de más de 20.000 personas. También puede afectar a la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, que se refrigeraba con sus aguas.
La Unión Europea ha denunciado un crimen de guerra por parte de Rusia por la destrucción de la presa de Nueva Kajovka. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski y otras autoridades del país la han calificado como “terrorista” y de “ecocidio”, debido a las consecuencias medioambientales de las inundaciones. No obstante, el ecocidio no está tipificado en el derecho internacional, y el presunto crimen de guerra depende de si la intención del ataque era afectar directamente a la población. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha avisado que la destrucción de la presa ha dejado a las poblaciones cercanas en una situación “nefasta”, y ha recordado la protección que les ofrece el derecho internacional humanitario.
El derecho internacional humanitario establece las normas de la guerra. Son reglas vinculantes y universales recogidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. Violarlas supone un crimen de guerra por el que actores estatales y no estatales pueden ser procesados. En particular, el artículo 52 del Protocolo Adicional I establece que “los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos militares”. No obstante, el artículo 56 establece que “las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber, las presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto de ataques, aunque sean objetivos militares”, cuando tales ataques provoquen “pérdidas importantes en la población civil”. En este caso, la destrucción de la presa de Nueva Kajovka ya ha causado daños sobre la población en localidades cercanas. Por tanto, si se confirma la autoría sería un crimen de guerra.
Por otro lado, la Ley de Guerra del Departamento de Defensa de Estados Unidos considera que si una infraestructura es de “uso dual” sí puede considerarse como un objetivo militar. Por ejemplo, si se ataca a una central eléctrica porque se demuestra que ofrece ventajas al enemigo debe estudiarse si esa central alimenta a un hospital y si la falta de electricidad podría producir muertes. Teniendo en cuenta esas variables, habría que actuar bajo el principio de proporcionalidad.
Los ataques a infraestructuras clave son frecuentes
Si se prueba una autoría, la destrucción de la presa de Nueva Kajovka no sería el primer ataque a una infraestructura estratégica en la guerra de Ucrania. De hecho, es una táctica frecuente en los conflictos armados e incluso al margen de ellos, con la proliferación de los ciberataques, o como autosabotaje. En la propia Ucrania hay un antecedente histórico: en la Segunda Guerra Mundial, agentes de la Unión Soviética volaron la presa de Zaporiyia por orden de Iosif Stalin para evitar que las tropas de la Alemania nazi se hicieran con ella. Aunque los soviéticos consiguieron su objetivo, provocaron decenas de miles de muertos.
Ya en 2015, nacionalistas ucranianos opositores a la anexión rusa de Crimea hicieron estallar dos torres de electricidad, dejando a casi dos millones de personas sin este servicio. En la guerra actual, Rusia ha reconocido en numerosas ocasiones haber tenido como objetivo las infraestructuras energéticas ya que las considera objetivos militares y no civiles, provocando cortes de suministro de agua y electricidad. Por ejemplo, los ataques sistemáticos en octubre afectaron el 40% del abastecimiento ucraniano. Fueron una respuesta a la explosión que había dañado el puente del estrecho de Kerch, que conectaba Crimea con el resto de Rusia. El Kremlin acusó a Ucrania de sabotaje, pero Kiev nunca reconoció la autoría. Asimismo, la central nuclear de Zaporiyia ha sido objeto de ataques rusos y del fuego cruzado entre ambos bandos.
