Parte de la frontera entre Venezuela y Colombia es zona de guerra desde hace meses. El conflicto en el estado venezolano de Apure entre el Ejército bolivariano y el Frente Décimo, disidentes de las antiguas FARC, ha dejado asesinatos arbitrarios, violaciones de derechos humanos y más de 6.000 refugiados. Los enfrentamientos no son constantes, pero se dilatan en el tiempo.
Desde el pasado 21 de marzo, el Ejército venezolano ha realizado uno de los mayores despliegues de su historia. Apure está situado en la región de la Orinoquía, donde la frontera con Colombia es porosa e impera la ley de los grupos armados por el control del narcotráfico y la riqueza mineral. Los combates en puntos fronterizos llevan años, pero se han recrudecido desde la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC, debido a las disputas territoriales que surgieron tras la disolución de la guerrilla.
El conflicto, además, ha agudizado la crisis diplomática entre Venezuela y Colombia, que se señalan mutuamente como responsables del conflicto, y ha extendido la crisis de refugiados a la localidad fronteriza colombiana de Arauquita. Los desplazados aseguran huir de las violaciones de derechos humanos y asesinatos extrajudiciales cometidos por las fuerzas armadas venezolanas en su lucha contra los guerrilleros colombianos.
Venezuela, aliada de grupos guerrilleros colombianos
El conflicto reciente en Apure parte de una ruptura de alianzas. Las autoridades venezolanas han tolerado o colaborado con el tráfico de cocaína y otras drogas en la región, llegando a forjar acuerdos con grupos tan dispares como disidencias de las FARC, la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el grupo posparamilitar Los Rastrojos. No han sido alianzas ideológicas, sino de conveniencia por razones económicas, lo que las hace muy inestables.
En esta ocasión, los enfrentamientos estallaron contra una facción disidente del antiguo Frente Décimo de las FARC. Este grupo está liderado por Gentil Duarte, uno de los pocos cabecillas que decidió no firmar el acuerdo de paz de 2016 y mantener su actividad armada. Desde entonces, el Frente Décimo ha ocupado los espacios abandonados por las FARC para controlar el narcotráfico en la zona, hasta el punto de enfrentarse con el Ejército venezolano. Además, la fuerte reacción de Caracas también sugiere una creciente penetración de guerrilleros en territorio venezolano más allá del área fronteriza.
Venezuela ha sufrido desde 2017 un notable aumento de la actividad de grupos armados ilegales, que se aprovechan de la crisis política, económica y humanitaria. Además de ser una zona de salida para la cocaína hacia el Atlántico, los grupos armados vieron en Apure gran potencial como puerta de entrada al llamado Arco Minero del Orinoco, una zona rica en oro y coltán. A los negocios del narcotráfico y la minería ilegal se suman los del combustible y la huida de miles de migrantes venezolanos por caminos no controlados hacia Colombia a cambio de extorsiones económicas.
Los grupos armados generan fricciones por toda la frontera colombo-venezolana: en Apure, la sierra del Perijá o el Catatumbo tienen presencia el ELN, pequeños grupos paramilitares y otra facción disidente de las FARC conocida como Segunda Marquetalia. Con excepciones puntuales, el ELN y la Segunda Marquetalia parecen haber gozado de mayor tolerancia por parte de las autoridades venezolanas que el Frente Décimo, lo cual podría ser otro detonante del conflicto. Estas dos facciones de las FARC están en guerra, ya que Gentil Duarte y sus socios consideran traidores a los líderes de la Segunda Marquetalia: Iván Márquez, el Paisa o el fallecido Jesús Santrich, por haberse desmovilizado durante las negociaciones de paz, a pesar de que volvieran a las armas en 2019.
El conflicto agrava la crisis de refugiados
Los enfrentamientos han dejado decenas de fallecidos, la mayoría militares venezolanos y guerrilleros, pero las principales víctimas han sido civiles. La ONG estadounidense Human Rights Watch ha denunciado al Ejército venezolano por su violencia contra la población en localidades como La Victoria, donde veía potenciales guerrilleros. El pánico provocó una desbandada de más de 6.000 personas de Apure hacia Colombia en pocos días, que generó un colapso migratorio en el municipio de Arauquita.
La situación de los refugiados ha sido límite. Arauquita apenas cuenta con albergues para acogerlos, y organizaciones como Acnur tuvieron que levantar campamentos improvisados. La mayoría de los refugiados salieron de sus hogares a la carrera y sin pertenencias, y ahora tienen miedo a regresar. Según sus testimonios, los asesinados y desaparecidos en Apure son muchos más que los registrados.
En pleno conflicto, para muchas de estas personas el invasor es el Estado, ausente durante décadas. Los grupos armados están ejerciendo sobre localidades venezolanas el poder que años atrás tenían sobre vastas extensiones colombianas. Las comunidades los toleran en ocasiones, pero en otras los enfrentamientos o los intereses de estos grupos se cobran la vida de líderes sociales.
Esta situación se suma al éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia a causa de la crisis económica que afecta al país desde hace años. La frontera entre Apure y Arauca es la menos conocida y no suele sufrir los colapsos migratorios de la ciudad de Cúcuta o el departamento de La Guajira, en Colombia, pero esto no ha impedido que los Gobiernos de ambos países vuelvan a acusarse mutuamente por esta crisis.
Una buena excusa para los Gobiernos de Colombia y Venezuela
Desde el inicio del conflicto se está demandado una mayor presencia de Naciones Unidas para fomentar el diálogo entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, las relaciones diplomáticas entre ambos países son casi inexistentes y la cooperación es nula. El panorama se agrava con el cierre total de fronteras a causa de la pandemia, que ha propiciado el aumento del tráfico ilegal de personas y mercancías, y la proliferación de grupos armados y narcotraficantes.
Ambos Gobiernos se sienten cómodos lanzándose acusaciones, conscientes de que un conflicto externo ayuda a reforzarles en política interior. El Gobierno colombiano señaló que la causa del conflicto era la acogida del Ejecutivo venezolano a las guerrillas, y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusa al país vecino de ser cómplice de la presencia de esos grupos narcotraficantes en su territorio junto con Estados Unidos.
Mientras tanto, la paz parece alejarse de la frontera colombo-venezolana. A estas alturas es claro que la disolución de las FARC en 2016 no ha supuesto el fin de la violencia en Colombia, ya que una mala implantación de los acuerdos ha generado un vacío de poder en el que compiten otros grupos, ahora también en Venezuela. Además, el cóctel de la ausencia estatal y la crisis venezolana puede provocar enfrentamientos en otros puntos de la frontera como el que se está viviendo en Apure.
