La represión en Venezuela: un aparato del chavismo que mantiene Delcy Rodríguez

​Desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela el pasado 3 de enero, ha habido cambios en el aparato represivo chavista. Canjes de nombres en algunas agencias, otras redujeron la persecución a los opositores, y cientos de presos fueron excarcelados. Los ajustes más drásticos son cuatro: el anuncio del desmantelamiento de El Helicoide, principal centro de torturas del régimen; el cierre de la oficina presidencial que centralizaba la información de inteligencia; la Ley de Amnistía para excarcelar presos políticos; y la salida del fiscal general y del ministro de Defensa del madurismo. 

La sociedad venezolana aún mira con escepticismo el nuevo momento político. Los cambios de la era Delcy se han ido implementando mientras el Gobierno estrecha el vínculo con los Estados Unidos de Donald Trump y abre la posibilidad de una negociación con la oposición encabezada por la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera. La lógica parece simple: cumplir con las exigencias de la Casa Blanca y su plan de tres fases para Venezuela (estabilización, normalización y transición, aunque de esto último el Gobierno encargado no ha dicho nada), y evitar conflictos internos de relevancia. Algunas visitas de altos cargos estadounidenses lo confirman: el director de la CIA, el secretario de Energía, el comandante del Comando Sur, el secretario del Interior y el presidente del Estado Mayor Conjunto.

Sin embargo, en Venezuela siguen operando tanto el engranaje de organismos dedicados a controlar y vigilar a los ciudadanos como docenas de centros de reclusión y tortura. Pese al anuncio de la amnistía del 30 de enero y el contraste entre las cifras del Gobierno (7.325 personas liberadas al 5 de marzo según Rodríguez) y lo que afirman organizaciones de derechos humanos, los principales órganos responsables de sembrar el terror permanecen activos. La ONG Foro Penal Venezolano indica que al 24 de junio de 2026 todavía hay 373 presos políticos y un acumulado de 19.142 detenciones arbitrarias desde 2014.