La represión en Venezuela: un aparato del chavismo que mantiene Delcy Rodríguez

​Desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela el pasado 3 de enero, ha habido cambios en el aparato represivo chavista. Canjes de nombres en algunas agencias, otras redujeron la persecución a los opositores, y cientos de presos fueron excarcelados. Los ajustes más drásticos son cuatro: el anuncio del desmantelamiento de El Helicoide, principal centro de torturas del régimen; el cierre de la oficina presidencial que centralizaba la información de inteligencia; la Ley de Amnistía para excarcelar presos políticos; y la salida del fiscal general y del ministro de Defensa del madurismo. 

La sociedad venezolana aún mira con escepticismo el nuevo momento político. Los cambios de la era Delcy se han ido implementando mientras el Gobierno estrecha el vínculo con los Estados Unidos de Donald Trump y abre la posibilidad de una negociación con la oposición encabezada por la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera. La lógica parece simple: cumplir con las exigencias de la Casa Blanca y su plan de tres fases para Venezuela (estabilización, normalización y transición, aunque de esto último el Gobierno encargado no ha dicho nada), y evitar conflictos internos de relevancia. Algunas visitas de altos cargos estadounidenses lo confirman: el director de la CIA, el secretario de Energía, el comandante del Comando Sur, el secretario del Interior y el presidente del Estado Mayor Conjunto.

Sin embargo, en Venezuela siguen operando tanto el engranaje de organismos dedicados a controlar y vigilar a los ciudadanos como docenas de centros de reclusión y tortura. Pese al anuncio de la amnistía del 30 de enero y el contraste entre las cifras del Gobierno (7.325 personas liberadas al 5 de marzo según Rodríguez) y lo que afirman organizaciones de derechos humanos, los principales órganos responsables de sembrar el terror permanecen activos. La ONG Foro Penal Venezolano indica que al 24 de junio de 2026 todavía hay 373 presos políticos y un acumulado de 19.142 detenciones arbitrarias desde 2014.

Las fuerzas de Chávez y Maduro

Pocos años después de llegar al poder, el chavismo reformó las instituciones de inteligencia policial y militar para asegurar lealtad. Tras el golpe de Estado de 2002 y la resistencia del alto mando militar a las políticas de Hugo Chávez, reestructurar la inteligencia se volvió una prioridad. El Gobierno abandonó los antiguos cuerpos de seguridad para dar paso a nuevos organismos alineados con el proyecto político.

Ya en 2001, la vieja Policía Técnica Judicial había sido transformada en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y en 2009 se fundó la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la primera de ese alcance en Venezuela. En 2010 se creó el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), subordinado a la Presidencia. De manera similar, en las Fuerzas Armadas se fortaleció la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), bajo el control del Ejecutivo, y se abrió el rol de la Guardia Nacional como actor de seguridad interna en el control de manifestaciones opositoras, detenciones y custodia de grupos paramilitares oficialistas, los llamados “colectivos”. Todos estos cuerpos se convirtieron de la mano de Hugo Chávez en tentáculos de una maquinaria de represión interna.

Las agencias de inteligencia pasaron a monitorear, hostigar y perseguir opositores por todo el territorio. Simultáneamente, la policía de investigación y la de orden público se alinearon con la lógica represiva del régimen. Varios casos emblemáticos coparon la agenda mediática durante años. Destaca el encarcelamiento de diez policías de Caracas y al jefe de seguridad de la Alcaldía Metropolitana, involucrados en el preámbulo del golpe de Estado de 2002. También el caso de una jueza a quien Chávez ordenó apresar sin orden judicial en 2009 y sobre la que se documentaron torturas, violaciones y un aborto en prisión. Otro fue el de un productor agropecuario que reclamaba a Chávez a través de huelgas de hambre la recuperación de sus tierras expropiadas, y que fue recluido en un hospital bajo custodia militar hasta su muerte.

En 2013, el año que asumió la presidencia Nicolás Maduro, la represión y el control ganaron protagonismo como filosofía del Gobierno. Para ello se creó el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), un organismo para centralizar la inteligencia del Estado. Su tarea era, además de coordinar el flujo informativo de las tareas de espionaje interno, realizar sus propias operaciones de seguimiento e investigación desde el Palacio Presidencial. Luego el Gobierno de Maduro decretó la constitución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dentro de la PNB, un comando élite destinado a combatir delincuencia y terrorismo, pero que en la práctica devino en escuadrón de exterminio en barrios populares.

Durante la llamada Operación de Liberación del Pueblo contra el crimen organizado entre 2015 y 2017, el CICPC, las FAES, la Guardia Nacional y otras fuerzas llevaron a cabo redadas violentas en barriadas humildes. Aquellos operativos dejaron 560 muertos y miles de detenidos sin proceso judicial. La represión, además, sirvió para sofocar protestas y amedrentar a la disidencia. En las protestas antigubernamentales de 2014, 2017 o 2019 fue común ver a la PNB apoyada por la Guardia Nacional usando fuerza desproporcionada contra manifestantes pacíficos, incluyendo gases tóxicos, perdigones a quemarropa y golpizas, y detenciones de manifestantes y transeúntes bajo cargos de instigación o terrorismo.

Una espiral de represión

La represión del régimen venezolano se extendió desde la policía política hacia las filas policiales regulares, configurando un frente de coerción amplio y multifacético. La Misión Internacional de la ONU sobre Venezuela encontró en 2020 que el CICPC y las FAES fueron responsables del 90% de las muertes atribuidas a fuerzas estatales, con decenas de ejecuciones documentadas en sus operaciones entre 2014 y 2020. En concreto, el informe dice que “dieciséis casos de operaciones policiales, militares o conjuntas finalizaron con 53 ejecuciones extrajudiciales y también [la Misión ONU] indagó 2.552 incidentes en los que se produjeron más de 5.000 muertes por parte de las fuerzas de seguridad” en ese periodo.

Los casos de tortura, tratos crueles y violencia institucional no se limitaron a las celdas del SEBIN o la DGCIM. Con menor visibilidad ocurrieron abusos en custodia policial regular. La tortura se convirtió en una herramienta más de esta estrategia de control. El Helicoide es quizá el mayor símbolo de un esquema de represión que se distribuyó en casi noventa sitios entre centros de reclusión, prisiones comunes, comisarías y dependencias administrativas del Estado. Fue un proyecto de centro comercial vanguardista de los años cincuenta ubicado en el centro de Caracas que terminó convertido en cárcel y centro operativo del SEBIN desde 2010. Celdas pequeñas y oscuras, aislamiento prolongado y subsuelos se hicieron parte del repertorio de acción en ese centro, descrito por la ONU como un enclave de tortura sistemática.

Del interior de El Helicoide hay representaciones gráficas en internet, como una experiencia en realidad aumentada que un expreso político creó para concienciar sobre lo que ocurre. Para la oposición, el mayor riesgo de un cambio súbito en este emblema de la represión chavista es que se pierda documentación valiosa para la justicia y la memoria histórica. Cerca del lugar, los familiares que exigen la liberación de presos políticos esperan en carpas a que se concreten las liberaciones prometidas por el Gobierno.

Otros sitios también se hicieron famosos por las condiciones infrahumanas de los presos políticos. La sede del DGCIM en Caracas, “La Tumba” (sótanos del edificio principal del SEBIN, inaugurado en tiempos del entonces ministro del Interior que ahora es el de Defensa), la cárcel militar de Ramo Verde (donde estuvo preso el líder opositor Leopoldo López), el penal Tocorón o el de Tocuyito son algunos de ellos.

La dominación política

A lo largo de los años, las tácticas de control evolucionaron y abarcaron diversos frentes. Por un lado, las fuerzas de seguridad oficiales profundizaron las detenciones arbitrarias de opositores de alto perfil y de ciudadanos comunes por igual. Se volvió habitual escuchar sobre activistas o diputados detenidos sin orden judicial, incomunicados por días o semanas, o procesados en tribunales militares por motivos fabricados.

Simultáneamente, se practicaron desapariciones forzadas: personas arrestadas cuyo paradero era ocultado a sus familiares, a veces durante meses. Estas desapariciones, como las documentadas tras las protestas contra el fraude de las presidenciales del 28 de julio de 2024, buscaron sembrar terror y la sensación de que nadie estaba a salvo. A esto se sumó la censura y criminalización de la libre expresión: medios de comunicación independientes fueron clausurados, sitios web bloqueados y periodistas encarcelados.

Este pulpo ha sido catastrófico para la vida en Venezuela. Los presos políticos aumentaron de forma sostenida durante la última década. De acuerdo con la ONG Foro Penal Venezolano, desde 2014 se registraron más de 18.981 detenciones por motivos políticos. Si bien muchos detenidos fueron liberados al cabo de días o semanas tras el 3 de enero, y otros, como el opositor Juan Pablo Guanipa, excarcelados, recapturados y vueltos a excarcelar, el efecto acumulado fue de miles de venezolanos que han pasado por las cárceles por razones políticas. A fines de 2025 había alrededor de 880 presos políticos. Luego de la aprobación de la Ley de Amnistía el 16 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que al 2 de marzo habían sido liberados 5.628 detenidos. Sin embargo, Foro Penal Venezolano verificó poco más de quinientas excarcelaciones efectivas y 568 personas aún detenidas.

Cuba, Rusia e Irán: colaboración internacional

El sistema represivo venezolano no se construyó en solitario. El intercambio con aliados extranjeros y transferencia de expertise fortalecieron los tentáculos del aparato chavista. Durante más de dos décadas, Cuba fue el aliado clave. Centenares de asesores cubanos, muchos de ellos veteranos de inteligencia, trabajaron con el SEBIN y la DGCIM en labores de contrainteligencia, entrenamiento y operativos sensibles. La propia Misión de la ONU en 2020 documentó la existencia de una “estructura paralela de inteligencia” cubana operando en Venezuela. También la OEA, en 2018, señaló una red de asesoramiento y supervisión desde La Habana que influía en las acciones de los servicios venezolanos.

Rusia, por su parte, proveyó equipo de seguridad, tecnología de vigilancia e intercambios de información, consolidando un núcleo duro de apoyo al régimen de Caracas. Ese respaldo dotó a los órganos venezolanos de inteligencia de medios más sofisticados para la vigilancia interna. Expertos en defensa advirtieron en 2024 que Moscú estaba suministrando a Caracas sistemas avanzados de inteligencia con capacidad de interceptar comunicaciones (similares a plataformas espía de última generación), lo que ha reforzado la habilidad del Gobierno venezolano para interceptar comunicaciones de adversarios internos y externos.

Personal militar ruso ha operado sobre el terreno en labores de entrenamiento y operaciones conjuntas con las fuerzas chavistas. En 2019, por ejemplo, llegaron unos ochenta técnicos rusos (acompañados de un grupo de cubanos) a una base fronteriza venezolana, donde instalaron radares y antenas para bloquear telecomunicaciones y adiestraron en el uso de drones a las unidades locales. Estas actividades, no informadas oficialmente, se condujeron bajo estricto silencio y con participación de efectivos de la DGCIM, afianzando la influencia operativa rusa en el aparato de seguridad venezolano.

Irán también estrechó lazos con Caracas. Bajo convenios opacos, llegaron militares y personal de inteligencia iraní que ofrecieron asistencia técnica en áreas sensibles. Una colaboración notoria fue la fabricación conjunta de drones militares. En 2007 Venezuela firmó con Teherán un acuerdo para ensamblar localmente aeronaves de reconocimiento iraní Mohajer-2, algo que Chávez reconocería en 2012. 

Durante años, además, se ha denunciado la presencia de grupos aliados de Irán, como la milicia libanesa Hezbolá, operando en Venezuela bajo protección oficial. Un informe de 2020 del Atlantic Council detalló que redes clandestinas de Hezbolá, integradas en la economía ilícita y la burocracia chavista, actúan con la connivencia del régimen involucradas en narcotráfico, contrabando, lavado de dinero y otros delitos para recaudar fondos y apuntalar tanto al movimiento chií como a la cúpula venezolana. Dichas redes de apoyo han facilitado incluso la presencia encubierta de la Guardia Revolucionaria iraní en suelo venezolano, replicando esquemas de cooperación similares a los empleados por Teherán en Siria.

Por otro lado, en la frontera de más de 2.000 kilómetros con Colombia, grupos guerrilleros, en particular facciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC, encontraron apoyo en zona venezolana, con tolerancia e incluso cooperación de autoridades locales y cesión de territorio. Estos grupos irregulares controlan zonas mineras y rutas clandestinas, y a cambio de refugio brindaron al chavismo un apoyo estratégico que consistía en el refuerzo armado en áreas rurales y una pieza más en el mosaico de intimidación. Todas estas alianzas foráneas e internas crearon una red multidimensional de represión. 

Qué ha cambiado con Delcy Rodríguez

Desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada el 3 de enero ha reordenado el aparato de seguridad chavista. Sin embargo, el SEBIN, la DGCIM, el CICPC y la PNB siguen activos y bajo control de figuras leales. El SEBIN, en particular, continúa adscrito a la Vicepresidencia y dirigido por Alexis Rodríguez Cabello, designado en 2024 por Maduro y primo de Diosdado Cabello, número dos del régimen.

El 30 de enero Rodríguez anunció el cierre de El Helicoide y su reconversión en un centro social, deportivo, cultural y comercial. Junto a ello, presentó la Ley de Amnistía para excarcelar a presos políticos detenidos desde 1999. Además, mediante un decreto ordenó la supresión definitiva del CESPPA. También se realizaron cambios en la cúpula institucional y de seguridad. El 25 de febrero renunció el fiscal general Tarek William Saab tras casi nueve años en el cargo, y terminó como interino de la Defensoría del Pueblo.

En el ámbito militar, Rodríguez reemplazó al jefe de seguridad de Maduro y con el general Gustavo González López. González López fue ministro del Interior entre 2015 y 2016, periodo en el que lideró la Operación de Liberación del Pueblo, director del SEBIN (2019-2024) y tras la salida de Maduro fue nombrado comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la DGCIM. Ya en marzo sería nombrado ministro de Defensa en reemplazo de Vladimir Padrino López tras once años de control total sobre las fuerzas armadas. Al igual que decenas de altos mandos chavistas, sobre González López pesan sanciones de Washington y la Unión Europea por su vinculación con la violaciones de derechos humanos. 

Estos ajustes no implican un desmantelamiento del aparato represor. El ministro del Interior sigue siendo Diosdado Cabello, tampoco ha sido tocada la jefatura del CICPC, y Delcy Rodríguez ha colocado a aliados de confianza en ministerios clave. Por ejemplo, integró a Daniella Cabello (hija de Cabello) como ministra de Turismo. En el gabinete de Gobierno, catorce de los 33 ministerios existentes tuvieron cambios. Los más destacados son: Presidencia, Hidrocarburos, Industrias, Comercio, Trabajo y Energía Eléctrica.

¿Hacia dónde va la represión en Venezuela?

Pese a las medidas de apertura, el sistema represivo venezolano sigue siendo un pulpo cuyos tentáculos se han extendido por la sociedad y las instituciones. El porvenir político de Venezuela está en un punto de inflexión. La captura de Maduro el 3 de enero abrió dos escenarios posibles. La velocidad de los acontecimientos permite apostar hoy por el primero: Delcy Rodríguez avanza, presionada y apoyada por Estados Unidos, para desmantelar o reconvertir el aparato represivo hasta un punto que permita una cohabitación razonable con la oposición. Lo anterior implica liberar a todos los presos políticos, reformar o disolver los cuerpos de inteligencia y seguridad, e impartir justicia contra quienes comandaron la represión.

Tomar este camino requiere una voluntad política férrea y un acompañamiento internacional constante. También la oposición, movilizada y activa en las calles, tiene un rol estelar. Exige, además, reconstruir las fuerzas de seguridad bajo principios democráticos, algo bastante complejo desde la cosmovisión chavista, pero no imposible. Un pulpo sin algunos tentáculos, sin sus cárceles secretas, sin su red de espías, sin sus colectivos armados, perdería capacidad de coacción, abriendo espacio a una apertura democrática.

Los incentivos para el régimen son nítidos: hacer posible una normalización del Estado de derecho y encaminar la transición tiene como premio la no persecución por la constelación de investigaciones judiciales que pesan sobre los conductores del chavismo y sobre las que gravita la sombra del operativo militar que sacó a Maduro del poder. Otro incentivo es la subsistencia futura del chavismo como proyecto político en un momento de transición política. Como contexto, los aliados internacionales del chavismo han desaparecido como jugadores fuertes de la región, en parte por sus conflictos internos (Rusia e Irán en guerra, Cuba en crisis), y en parte por la avanzada de Estados Unidos en toda Latinoamérica y el Caribe.

El segundo escenario se mantiene probable salvo que Venezuela colapse en su totalidad: la persistencia del aparato represivo chavista bajo nuevas formas o máscaras. Los anuncios de reforma quedarían en gestos simbólicos, podrían excarcelar presos puntuales y centros notorios como El Helicoide, pero manteniendo la maquinaria básica de control. Figuras como Diosdado Cabello siguen moviendo los hilos. La inteligencia estatal podría mutar en estructura más discreta pero igualmente intimidante, con espionaje selectivo y campañas de miedo encubiertas. La historia reciente del chavismo muestra un patrón de puerta giratoria, donde tras liberar a algunos presos, el régimen detiene a nuevos críticos para mantener un saldo de miedo. El discurso de reconciliación de la presidenta encargada sirve de fachada mientras el pulpo se regenera.

¿Ha cambiado entonces el sistema de represión venezolano con Delcy Rodríguez? Sí, hay cambios: el régimen ha derribado símbolos ominosos y ha aliviado algunas cargas con la amnistía. Pero el aparato represivo no ha sido desmontado y sigue funcionando. Mientras tanto, la sociedad y sus espectadores internacionales mantienen la incertidumbre para no dejarse engañar por cambios cosméticos.