En agosto, Estados Unidos se tiñó, de nuevo, de rojo. El tercer día del mes, un joven supremacista blanco irrumpía en un hipermercado de la ciudad texana de El Paso con el objetivo de matar al mayor número de mexicanos y latinos posible. Veintidós personas fallecieron a causa de los disparos. En menos de veinticuatro horas, la historia se volvió a repetir en la otra punta del país, en el estado de Ohio. Esa noche, un joven armado irrumpió en un bar de la ciudad de Dayton, asesinando a nueve personas. ¿Algo en común? Ambos terroristas eran veinteañeros y tenían a su disposición armas semiautomáticas con las que llevar a cabo sus infames actos.
Para ampliar: “Racismo y fanatismo: supremacismo blanco en EE. UU.”, Andrea Moreno en El Orden Mundial, 2017
Tras los ataques, el presidente republicano Donald Trump se comprometió a reforzar la verificación de antecedentes de los poseedores de armas, aunque el líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, se ha mostrado más escéptico que el líder del Ejecutivo. Uno de los motivos por los que una verdadera reforma a favor de la regulación de las armas resulta difícil es el profundo peso que tiene la Asociación Nacional del Rifle —una organización defensora de la libertad de posesión de armas— en el poder legislativo en general y en el Partido Republicano en particular.
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