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Decenas de vecinos escuchaban la asamblea en silencio. Uno de ellos lideraba la sesión y daba paso: primero a testigos, a las víctimas o familiares y finalmente al acusado. Isaie Karegeya era uno de ellos. Había matado a varios miembros de la etnia tutsi entre abril y julio de 1994. Ahora se enfrentaba a su pueblo. Si reconocía los cargos, aceptaba su culpa y pedía perdón a las víctimas, se le aplicaría la ley de amnistía y no pasaría por la cárcel; sólo tendría que hacer trabajo comunitario. Así fue.
En 1994, Ruanda vivió uno de los peores genocidios de la historia. El país se tiñó de sangre en sólo cien días: alrededor de 200.000 personas de la etnia mayoritaria hutu asesinaron a machetazos a los de la minoría tutsi, así como a otros hutus moderados o casados con tutsis. Treinta años después se siguen desenterrando fosas comunes, pero las estimaciones los sitúan en unos 800.000 muertos. El genocidio acabó cuando las fuerzas del Frente Patriótico Ruandés (FPR) de Paul Kagame, de la etnia tutsi que estaba siendo asesinada, se hicieron con el poder. Ahí empezó el dilema: ¿cómo juzgar un genocidio?
El ejemplo de Ruanda
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