Suecia comenzó a ser conocida en 2017 como “la capital de las violaciones en Occidente”, una realidad que se presentaba terrorífica para algunos que habían considerado, durante años, que los países nórdicos eran modélicos en muchos aspectos, especialmente en aquellos relacionados con el bienestar social y la igualdad. Según los datos del año pasado, Suecia ocupaba la segunda posición mundial en índice de violaciones —53,2 violaciones por cada 100.000 habitantes—, superada solamente por el reino de Lesoto, en África. En 40 años había habido un incremento del 1.472%: en 1975 se registraron 421 violaciones, mientras que en 2014 se registraron 66.620.
En 2015, cuando Suecia registraba 56,8 violaciones por cada 100.000 habitantes, España registraba 2,65. Un año después, las cifras ascendían en Suecia —64,06— mientras se mantenían en España. Países cuyos modelos políticos y organizativos eran un ejemplo que imitar resultaban ser una estafa; en la lista nos encontramos también con Reino Unido, Noruega o Islandia. La conclusión parecía clara: comparada con otros países de Europa supuestamente más progresistas y avanzados, la situación de la mujer en un país como España, especialmente en lo que respecta a violencia sexual, no era tan mala.
Es aquí donde se encuentra la trampa. Si bien la política comparada ha sido siempre una rama de estudio más que útil a la hora de sacar en claro diferencias y similitudes entre países o poblaciones, también es cierto que, a la hora de aproximarse, es conveniente proceder con cuidado y mucha objetividad. De lo contrario, se puede caer en el error de terminar comparando datos que no se asemejan, aunque en principio lo parezca. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se compara la criminalidad entre países que entienden la delincuencia de manera distinta.
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