Huyendo del monzón

Los rohinyás son una comunidad étnica musulmana de 1,1 millones de personas procedentes de Birmania, cerca de la frontera con Bangladés. Sin derecho a ciudadanía desde 1982, han vivido históricamente situaciones de esclavitud y discriminación por parte de la mayoría budista del país surasiático y del ejército, lo que los ha llevado a ser considerados la minoría más perseguida del mundo. En 1991 250.000 rohinyás abandonaron sus hogares para buscar refugio en países vecinos. El ejército birmano sigue abusando de esta minoría y, lejos de lo que se esperaba con la supuesta democratización del país, el Gobierno de Aung San Suu Kyi no reconoce las atrocidades que lleva a cabo. Para ampliar: “La apatridia y los rohinyás de Birmania”, Raquel Jorge Ricart en El Orden Mundial, 2015 A lo largo de estos años, las migraciones se han contado a millares, pero hasta el pasado año el éxodo de los rohinyás —que huían de una respuesta militar desproporcionada después de que un grupo rohinyá atacara unos puestos policiales en la frontera— no empezó a definirse como una crisis humanitaria. Más de 600.000 refugiados rohinyás llegaron a Bangladés tan solo entre agosto y noviembre de 2017. El campo de Kutupalong, el más grande, acoge a casi 800.000 personas, las cuales tienen que hacer frente a las dificultades de cualquier campo de refugiados: necesidades educativas y sanitarias, el cansancio del largo camino, las secuelas psicológicas del conflicto, acceso limitado a agua potable, inseguridad alimentaria, viviendas precarias e inseguridad, especialmente para las mujeres y niños. [caption id="attachment_19260" align="alignnone" width="1600"] Cronología del problema rohinyá hasta febrero de 2017. Datos del Parlamento británico[/caption] Por su situación, los campos bangladesís tienen que afrontar tres complicaciones más. Por un lado, el elevado flujo de personas en un período tan breve, lo que ha dificultado su asentamiento adecuado, el reparto de productos de primera necesidad o la construcción de letrinas y tiendas con unas condiciones mínimas. Por otro lado, los campos se sitúan en el sur, una de las zonas más lluviosas de un país que sufre inundaciones con frecuencia. Y, por último, el peligro que supone la inminente llegada del monzón, un fenómeno climático derivado del contraste de temperaturas entre el suelo y el océano que provoca fuertes vientos, los cuales remueven las masas de aire y derivan en fuertes y peligrosas lluvias. En Bangladés suele tener lugar entre abril y septiembre y, cuando a finales de abril de 2018 hubo los primeros chubascos, los asentamientos ya acusaron los efectos, a pesar de no ser los más fuertes que se esperan. Teniendo en cuenta la estructura de estos campos, las consecuencias del monzón serían devastadoras. Las peores serían la muerte de los refugiados y la pérdida de infraestructuras sanitarias básicas. En un área cercana al mar y con una ocupación elevadísima, el ambiente es propicio para el contagio de enfermedades respiratorias. No hay vegetación —debido a la desforestación de la zona por el uso de la madera para cocinar en los campos— que absorba el agua de las lluvias menos torrenciales, lo que hace que los desprendimientos de tierra sean mayores y más frecuentes. Además, las tiendas se construyen con materiales poco resistentes y a ras de suelo, mientras que en Asia septentrional y en el sudeste asiático abundan las viviendas elevadas para evitar pérdidas materiales y personales debidas a las inundaciones. Por último, las letrinas, insuficientes, van a quedar desbordadas por el agua, de manera que los desechos se esparcirán por el lugar. Esto conlleva un elevado riesgo de contraer enfermedades como el cólera o la fiebre tifoidea, lo cual desbordaría los servicios sanitarios. Para ampliar: “Situation report: Rohingya Refugee Crisis”, ISCG, 2018 A principios de este año conocíamos el acuerdo entre Birmania y Bangladés para repatriar refugiados a su país de origen. Sería una opción válida si el Gobierno birmano garantizara su seguridad, pero, sabiendo que los 800.000 refugiados vieron sus casas arder y sus tierras fueron expropiadas, seguramente no sea una opción segura para ellos. El Gobierno bengalí propuso trasladar a los refugiados a la isla de Basán Char, pero por el momento no parece una buena opción, porque difícilmente evitaría las inundaciones. Descartadas estas dos opciones, podríamos confiar en los avances tecnológicos —Bangladés cuenta con sistemas de detección de ciclones—, pero no hay un plan de evacuación para los campos y tampoco se conoce la cifra real de personas que viven en ellos. Mientras, las lluvias ya han empezado y la relocalización de 14.000 refugiados —de los 41.000 que viven en las zonas de mayor riesgo— ya se ha hecho efectiva dentro de los propios asentamientos. ¿Qué pasará cuando las lluvias sean diarias y fuertes? Seguramente las peores previsiones serán una realidad y, una vez más, hablaremos de una crisis humanitaria durante el verano.