La revolución política tras La casa de papel

Que no teman quienes no hayan terminado todavía la serie porque aquí no hay intención de desvelar nada relevante —al menos, nada más que lo que se puede leer en cualquier sinopsis o crítica—. Sin embargo, uno de los atracos más importantes jamás llevado a la pantalla se origina y vive por y para la política.

El plan es sencillo en teoría: entrar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, atrincherarse el máximo tiempo posible y, durante esos días, imprimir moneda en billetes pequeños para luego escapar con todo ese dinero —cientos o miles de millones de euros, en el mejor caso—. La novedad del golpe no es el hecho de robar, sino a quién se roba, porque la respuesta es que a nadie. Esto es posible gracias a trampear el propio funcionamiento del sistema monetario: al tener los bancos centrales —y, por extensión, el Estado— el monopolio de la emisión y regulación de la moneda, incluyendo la cantidad de esta que hay en el mercado, cualquier intento de reproducción de esa moneda por un particular es un delito de falsificación.

Pero ¿qué ocurre cuando son particulares —en este caso, la banda atracadora— quienes imprimen moneda de curso legal? Más allá del obvio delito, lo cierto es que esos papeles ni son públicos —ya que no tienen como finalidad ir a las arcas estatales— ni tampoco de particulares, como podrían serlo si el robo tuviera lugar en la sucursal de un banco comercial. Hay que tener en cuenta que los billetes que se imprimen de forma legal no tienen como finalidad aumentar la oferta monetaria en el mercado, sino que simplemente se crean para restaurar las monedas y billetes en curso deteriorados y para que haya un porcentaje estable de unidades físicas siempre disponible. Así, los atracadores sustraen un dinero cuya creación simplemente no estaba prevista, con lo que evitan robar a alguien y desaparece la existencia de una víctima del robo. Si robasen al erario nacional, la víctima sería, además de las propias arcas públicas, la totalidad de la ciudadanía; si robasen a un banco comercial, los afectados serían sus clientes, incluyendo pequeños ahorradores. Por tanto, que deje de haber una víctima objetiva permite, a su vez, resignificar la victimización del atraco.