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La reforma agraria en Sudáfrica y el populismo racial

La reforma agraria en Sudáfrica y el populismo racial
Fuente: Michael Mayer / Flickr

El reparto de la tierra en Sudáfrica es un asunto que toca directamente en las heridas raciales de la principal potencia africana. Desde hace unos meses, el debate en torno a la reforma de la legislación para la expropiación sin compensación se ha incrementado, pero esto es solo la punta del iceberg de unos problemas mucho más profundos y estructurales del país.

Hace años que Sudáfrica vive inmersa en una política de confrontación con un pasado que no consigue dejar atrás. Desde el final del régimen del apartheid se ha luchado por alcanzar las cotas de igualdad y desarrollo que el país más potente de África debería tener. Sin embargo, es el décimo país más violento del planeta y la desigualdad entre ricos y pobres es más alta que en la década de los 90. Todo este caos ha despertado uno de los fantasmas del cono sur africano: el reparto de la tierra. Un debate político que lleva años resonando en la conciencia de los sudafricanos y que aún parece que no se ha resuelto.

Durante la época colonial y el posterior régimen del apartheid, la tierra quedó en manos de la minoría blanca del país. Tal era la disparidad que cuando terminó el apartheid el 87% de la tierra estaba en manos del 10% de la población —blancos, por supuesto—. Pese a las políticas que se aplicaron durante la década de los 90 y principios del 2000 para reducir la desigualdad, poco se ha solucionado. Mandela sentó las bases para el proceso de reparto de la tierra, pero no se llevó a cabo en profundidad.

Para ampliar“El legado de la exclusión racial en Sudáfrica”, Fernando Rey en El Orden Mundial, 2016

Sin embargo, en los últimos años el debate en torno al reparto de la tierra ha vuelto a ganar peso en la política nacional. Los defensores de reformar la legislación en favor de un reparto de la tierra apelan a que la medida facilitaría una mejora en la economía y disminuiría la desigualdad que sigue imperando en el país. Partidos como el Congreso Nacional Africano (CNA) piden aclarar en la Constitución qué condiciones tienen que cumplirse para la expropiación sin compensación. Otros más radicales, como los Luchadores por la Libertad Económica, son partidarios de expropiar las tierras amparándose en el derecho histórico y la necesidad de que el Estado regule la posesión para acabar con la desigualdad. Frente a los partidarios de la reforma, la minoría blanca ve en la reforma un ataque revanchista de los partidos tradicionales africanos. Los partidos radicales afrikáners presentan una realidad de persecución y “genocidio” contra los granjeros blancos de Sudáfrica.

Si no había suficiente polarización racial en el debate sobre la tierra, Donald Trump se encargaba de echar leña al fuego vía Twitter. El presidente afirmó que había que investigar “las expropiaciones y asesinatos a gran escala de granjeros” blancos en Sudáfrica. Haciendo de abanderado de la causa, Trump llegaba al rescate de la minoría supremacista blanca. La reacción no se hizo esperar: los populistas —blancos y negros— hicieron campaña de la posición del presidente. Unos empezaban a hablar de que Sudáfrica iba camino del Zimbabue de Mugabe o la Venezuela de Maduro; los otros respondían que ya era hora de que la tierra estuviera en manos del Estado sudafricano. En realidad, el mensaje de Trump no fue más que un altavoz que ha dado visibilidad a un asunto que representa la grave crisis política, económica y social que vive el país africano. El debate sobre la tierra se ha convertido en el catalizador de la crisis nacional; detrás de este eterno debate se encuentran problemas que afectan al país de forma estructural.

El periodista estadounidense Ambrose Bierce definió en su Diccionario del diablo la política como la ‘conducción de los asuntos públicos para el provecho de los particulares’, y el caso sudafricano no se aleja de esta realidad. Ramaphosa, el actual presidente sudafricano y líder del CNA, es perfectamente consciente de la crisis reputacional que vive su partido. El nuevo líder no ha dudado en tirar de populismo reformista para alejar el debate de la crisis interna.

El CNA hace mucho que dejó de ser el partido de Mandela. La década de gobierno de su anterior líder, Jacob Zuma, ha ensombrecido la popularidad del partido que encabezó la liberación del país. La corrupción que ha salpicado al anterior gabinete ha puesto en entredicho la legitimidad del CNA para gobernar. No solamente ha sido dañino para la reputación del partido, sino que el Gobierno de Zuma ha basado su política en un discurso populista que le permitiera tapar la creciente crisis y corrupción. Esto supone un gran obstáculo para la Administración actual de Ramaphosa, quien se tiene que enfrentar a medidas populistas que debe revertir porque no son beneficiosas para el país. La marcha de Zuma no ha terminado con el problema, al igual que no lo hará la reforma de la propiedad de la tierra. Sin embargo, el debate da un balón de oxígeno a una Administración con demasiados frentes abiertos.

En una carta abierta publicada en el Financial Times, Ramaphosa defiende que los acuerdos a los que se llegaron hace 25 años no son del todo precisos en la cuestión de la expropiación de tierras: “Después de la formación, el reparto y acceso a la tierra es el segundo mayor obstáculo para el fin de la pobreza y el desarrollo”. Según el presidente, el fin de la reforma es aclarar los casos en los que es posible la expropiación sin compensación, ya que en la sección 25 de la Constitución no está claro. La modificación no pretende arrebatar toda la tierra, como han afirmado los oportunistas políticos, sino que tiene como objetivo especificar qué tierras son susceptibles de expropiarse sin compensación. Por el momento ha hablado de incluir “tierra en desuso, edificios abandonados, terrenos usados para la especulación o circunstancias en las que un grupo tenga un fuerte derecho histórico para ocupar el terreno”.

El Gobierno sabe que no puede arriesgarse a tomar una medida que amenace la producción agrícola o ponga en riesgo la seguridad económica. Por un lado, se teme que avanzar hacia la reforma haga que las empresas y los grandes latifundistas tomen medidas y perjudiquen la economía nacional. Por otro lado, no se pueden permitir dejar que la oposición monopolice y movilice al electorado a través de la reforma agraria. Las elecciones generales de 2019 están cerca y no hay que dar concesiones a los otros partidos.

La actual situación económica y social no favorece para nada el debate sobre un asunto como el de la propiedad de la tierra. El pasado racista pesa demasiado como para que los partidos extremistas —desde los supremacistas de AfriForum a los partidos más radicales, como los Luchadores por la Libertad Económica— no enarbolen discursos identitarios con los que aglutinar votos. La crisis del CNA, junto con su uso del nacionalismo étnico durante la última década, ha hecho que la identidad prime en la búsqueda de soluciones y en el debate en torno a la propiedad de la tierra.

Para ampliar: “El fantasma zulú”, Eduardo Saldaña en El Orden Mundial, 2017

Sin embargo, Sudáfrica no es un país con una estructura democrática deficitaria; tiene una base lo suficientemente fuerte como para que haya tiempo de reconstruirla. El mayor problema está en que la crisis que vive no tiene que ver con la propiedad de la tierra. Este debate es un síntoma de una enfermedad mayor que tiene que ver con una desigualdad creciente, un paro en alza y una corrupción que no para de salpicar al anterior presidente y a su entorno. La tierra se convierte en la esperanza de muchos para salir de la pobreza. Esta situación, sumada a las heridas aún abiertas del apartheid, es el abono perfecto para el populismo trumpista a la africana. Si no se abordan los problemas de fondo, como la pobreza y el desempleo, el debate sobre la tierra irá escalando conforme se acerquen las elecciones. La distracción que Ramaphosa buscaba para ganar peso electoral puede terminar convirtiéndose en el maná de la oposición y dar un espacio político al populismo racial.