El autoritarismo competitivo es un tipo de régimen con instituciones democráticas pero donde los gobernantes abusan constantemente del poder. Bajo esta forma de gobierno, características básicas de la democracia como las elecciones se mantienen. Sin embargo, los gobernantes intervienen complicando el triunfo de la oposición, lo que crea una competencia real, pero injusta, o contra la separación de poderes.
Ni democracia sólida, ni autoritarismo pleno
El concepto “autoritarismo competitivo” fue introducido en 2002 por los politólogos estadounidenses Steven Levitsky y Lucan A. Way. Ambos sostienen que estos regímenes se distinguen tanto de las democracias como de los autoritarismos plenos. Esto se debe a que manipulan y violan características básicas de los regímenes democráticos, como el pluralismo político, la separación de poderes o el Estado de derecho, pero sin eliminarlas por completo.
Para ello, los líderes de los autoritarismos competitivos utilizan medidas más sutiles como el soborno, las desventajas fiscales o el apoyo del poder judicial, que les permitan perseguir a la oposición y concentrar poder. Por lo tanto, una serie de fisuras en una democracia no significa el ascenso de una autocracia total, pero sí podría suponer el auge de un autoritarismo competitivo.
Tras la Guerra Fría, muchos países fueron categorizados como regímenes híbridos, es decir, que mezclan bases democráticas con formas autoritarias de gobierno. Los regímenes híbridos se consideran países en transición, pero muchos nunca evolucionaron hacia una democracia. Por ello, se les ha categorizado como una forma de régimen propia. Otro ejemplo de régimen híbrido son las democracias iliberales, donde se celebran elecciones con participación de la oposición, pero donde no se respeta la separación de poderes.
Un ejemplo de autoritarismo competitivo fue la Venezuela presidida por Hugo Chávez entre 1999 y 2013. Como presidente, Chávez aprobó el derecho a la reelección indefinida y pasó una ley para gobernar por decreto durante año y medio, nombró jueces chavistas en el Tribunal Supremo y aumentó el control sobre la prensa. Otro ejemplo fue el de Alberto Fujimori en Perú a raíz de su autogolpe de Estado en 1992. Hoy en día, tres casos clasificados como autoritarismos competitivos son la Hungría de Viktor Orbán, por la erosión de las instituciones; Recep Tayyip Erdogán en Turquía, donde se han utilizado recursos estatales para oprimir a la oposición, o El Salvador de Nayib Bukele, por la concentración de poder.
Estados Unidos, ¿hacia el autoritarismo competitivo?
El segundo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos podría suponer una ruptura con los estándares democráticos. Estas fisuras podrían acelerar el auge de un autoritarismo competitivo, en el cual la Administración sería utilizada como arma. Por un lado, Trump ya se libró de haber sido acusado de insurrección por el asalto al Capitolio de 2021, y cuenta con un Tribunal Supremo favorable de mayoría conservadora. Además, controla el Partido Republicano, que tiene mayoría en ambas cámaras legislativas.
Desde su vuelta al poder en enero de 2025, Trump también comenzó a nombrar en puestos federales a personas afines, independientemente de su experiencia. Este es el caso del presentador de Fox News Pete Hegseth como secretario de Defensa, la magnate de lucha libre Linda McMahon como secretaría de Educación o Robert F. Kennedy, defensor antivacunas, como secretario de Salud.
Además, Trump ha despedido a miles de trabajadores federales con el apoyo del magnate tecnológico Elon Musk. En muchos casos estos deciden qué empresas reciben licencias o rescates financieros, los cuales han sido otorgados en el pasado a gigantes como Bank of America o J. P. Morgan. Los funcionarios profesionales pueden representar una resistencia interna ante los intentos del Gobierno para convertir la burocracia en un arma. Por ello, su despido ya ha sido una medida implantada por los Gobiernos de Hungría y Turquía. Trump también ha asegurado que despedirá a los agentes del FBI que investigaron el asalto al Capitolio y amenaza con despedir a los jueces administrativos, aunque es inconstitucional.
Asimismo, el presidente estadounidense ha firmado decenas de órdenes ejecutivas desde su vuelta al poder. Algunas han tenido efectos sobre las libertades civiles, como la prohibición de los programas de diversidad, equidad e igualdad. Esto es una señal para otros actores: los donantes del Partido Demócrata podrían ser objetivo del IRS —organismo que administra los impuestos federales— y las empresas que apoyan a organizaciones de derechos civiles podrían enfrentar un mayor escrutinio legal y fiscal.
Trump también quiere intervenir en la política estatal y local. Por ejemplo, ha amenazado con congelar los fondos estatales aprobados por el Congreso, una medida que no puede ser unilateral, para imponer sus medidas antiinmigratorias. El ultimátum se extiende a colegios y universidades para eliminar las medidas a favor de la inclusión racial.
