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“Absurdamente largo”, “fiscalmente irresponsable” y “excesivamente progresista” son solo algunos calificativos que ha recibido el borrador constitucional de Chile. El documento fue rechazado el pasado 4 de septiembre por un 62% de la población, que prefiere una propuesta alternativa frente a la que The Economist llamó una “lista de deseos de la izquierda”, ilustrándola como un rollo de papel higiénico.
El camino de Chile hacia una nueva constitución no ha sido sencillo. El deseo común de dejar atrás la legislación heredada de la dictadura de Augusto Pinochet ha derivado en peleas a puñetazos en la Cámara de Diputados y enfrentamientos entre ciclistas y coches de caballos en las avenidas de Santiago. Finalmente, quince millones de chilenos que acudieron a votar de manera obligatoria se han decantado por rechazar un texto tan progresista en sus propuestas como polémico por su sesgo político, elaborado en un contexto marcado por la polarización, la desinformación y la subida de los precios.
Un estado plurinacional, ecologista y feminista
Considerado el buque insignia del Gobierno de Gabriel Boric, el borrador constitucional ha sido el primero en la historia de Chile en ser redactado por una asamblea elegida de forma popular. Las mujeres y miembros de comunidades indígenas tuvieron una representación sin precedentes en un proceso de poco protagonismo para los conservadores. El texto fue descrito como el proyecto constitucional más “democrático e inclusivo” que ha tenido el país, por su marcado corte progresista, feminista y ecologista. Sin embargo, muchos detractores lo han considerado “ambiguo” e incluso “radical”.
A diferencia del documento de 1980, que priorizaba la inversión privada, la reciente propuesta constitucional describía a Chile como un Estado democrático de bienestar, “plurinacional, intercultural, regional y ecológico”. El borrador pretendía reformar el sistema político del país, estableciendo un modelo presidencialista, atenuado con bicameralismo asimétrico y autonomías territoriales indígenas. También introducía un sistema de seguridad social público y de pensiones, reformaba el sistema de justicia y reconocía nuevos derechos como la vivienda, la memoria histórica, el matrimonio igualitario y el aborto.
De sus 388 artículos, el texto dedica 36 al feminismo y cincuenta a la protección del medioambiente, donde responde a la crisis hídrica de Chile declarando el agua como un “bien común protegido” e “inapropiable”. “La propuesta de nueva constitución refleja una redistribución de poder al ser muy inclusiva en los temas paritario, indígena y ambiental, que son innovaciones a nivel mundial”, reflexionó María Victoria Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos en Columbia University.
“Hecha con rabia”
El proyecto había nacido en un clima de descontento social, cuyo detonante fueron las protestas de 2019. Las desigualdades económicas —el 70% de la población gana menos de 770 dólares al mes— y las heridas del régimen de Pinochet llevaron a la elección de una Convención Constitucional de mayoría de izquierdas. Al obtener menos del 30% de los votos, los sectores conservadores chilenos quedaron infrarrepresentados, estuvieron prácticamente ausentes de los debates constitutivos y sus ideas quedaron fuera del borrador final. Por ello, organizaciones como la Casa Ciudadana del Rechazo se movilizaron en contra del proyecto de constitución: “No nos une como chilenos”, o está “hecha con rabia”, eran algunas consignas.
El borrador proponía un cambio radical en el modelo político de Chile, algo con lo que gran parte del país ha estado en desacuerdo. Aunque existe cierto consenso respecto al reconocimiento de derechos sociales, los artículos sobre la plurinacionalidad del Estado, la disolución del Senado y establecer un sistema de justicia indígena paralelo han generado una dura oposición conservadora. La incertidumbre de un cambio judicial y político también ha sido conflictiva para el sector empresarial. Desde esta perspectiva, la falta de estabilidad política y legal podría haber puesto en riesgo las inversiones internacionales y las exportaciones de cobre o litio, fundamentales para la economía del país. Además, la inflación y la ralentización económica han contribuido al desplome de la popularidad de Boric y, con él, de su proyecto.
La desinformación al poder
La oposición al borrador se ha enfocado en el sistema social, jurídico y político, pero también le ha sacado partido a un “tsunami de desinformación”. Si bien el apoyo al nuevo texto ha caído en picado desde que los chilenos votaron por su elaboración hace dos años, el 58% de la población admitió haber recibido información falsa sobre la Convención Constitucional en el primer trimestre de 2022, según la ONG Derechos Digitales.
Entre los bulos más propagados están los que afirman que el texto permite el aborto hasta los nueve meses de embarazo, como afirmó el propio excandidato presidencial José Antonio Kast. También que abole el derecho a la propiedad o la educación y salud privadas, e incluso hubo acusaciones de que el Servicio Electoral había inscrito a personas migrantes para registrar sus votos a favor. “La campaña que ha instalado el Rechazo está basada en denostaciones y en mentiras que se caen por sí solas”, aseguró en una entrevista la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon.
La desinformación también fue más allá de las redes sociales, como cuando la política María Ignacia Castro afirmó en televisión que la nueva constitución pretendía cambiar el himno, la bandera e incluso el nombre de Chile. A pesar de esta contaminación informativa, muchos chilenos han decidido ir a las fuentes antes de tomar una decisión. Así, el proyecto de constitución, disponible de forma gratuita en internet, se ha convertido en el libro de no ficción más vendido en todo el país.
Rechazar para reformar
En el futuro de Chile, la única certeza es el cambio. Ya incluso antes de la victoria del rechazo, el Gobierno de Boric se había comprometido a modificar el borrador constitucional. Los añadidos incluirían reformas como el reconocimiento del “carácter único e indivisible” de Chile o aclaraciones sobre la consulta indígena, que solo se referiría a las materias que afectasen directamente a los pueblos originarios. Estas concesiones, sin embargo, no impidieron el fracaso de la propuesta, que lo es también de Boric, principal abanderado del documento, que había descrito como un “motivo de orgullo mundial”.
Dada la derrota del borrador, el proceso constitucional en Chile comenzará de nuevo con la elección de una nueva comisión para elaborar un texto que se adecúe mejor a los deseos de la ciudadanía. Pero el momento es de incertidumbre política y legal. Según Boric, este proceso duraría al menos dieciocho meses. Hasta que una nueva constitución obtenga la aprobación de la población, como lo votó en 2020, Chile continuará siendo regida por las leyes heredadas de su época más oscura.
