El 5 de octubre de 1988 fue un día clave en la historia de Chile. Ese día se votó un plebiscito nacional para decidir si la dictadura militar dirigida por Augusto Pinochet debía continuar hasta 1997. De las más de siete millones de personas que votaron, la mayoría se decantaron por el no, que significaba la salida de Pinochet al año siguiente. La convocatoria de elecciones democráticas en 1989 para elegir presidente y congresistas puso fin a una década y media de dictadura e inició el período de regreso a la democracia.
El camino al plebiscito
Dos plebiscitos ya habían sido convocados en 1978 y 1980 para consultar el apoyo ciudadano a la legitimidad del régimen de Pinochet. En ambos ganó la candidatura del dictador por amplios márgenes, pero los procesos fueron acusados de irregulares, por lo que no saciaron las demandas de democracia de los opositores. En los años posteriores, el descontento social se incrementó. Múltiples protestas populares denunciaban la persecución política, las violaciones de los derechos humanos y la crisis económica que atacaba a Chile desde 1982. Cuatro años después, un atentado fallido contra Pinochet fue seguido de una fuerte represión por parte del régimen.
Con la convocatoria de un plebiscito, Pinochet buscaba obtener la validación de su Gobierno, que quedaría legitimado para otros ocho años. Esta era la preocupación de los opositores, que consideraban que participar legitimaba el período gobernado por la Junta Militar desde el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973. Sin embargo, era una oportunidad de terminar con el régimen de Pinochet, pues las últimas tres disposiciones transitorias de la Constitución de 1980 establecían que, a diferencia de consultas anteriores, el resultado del plebiscito sería vinculante y determinaría la continuidad del entonces presidente.
Pese a las dudas, hasta diecisiete fuerzas políticas de la oposición decidieron formar una coalición para el plebiscito, la Concertación de Partidos por el No, liderada por el democristiano Patricio Aylwin. Sus partidarios se movilizaron puerta a puerta por todo Chile, aunando ideologías dispares —como el socialismo o la propia democracia cristiana— para formar un frente democrático contra Pinochet. Por primera vez en quince años se pudieron televisar mensajes contrarios al régimen militar, aunque el Consejo Nacional de Televisión mantuvo la censura de algunos contenidos favorables al no.
El fin de la dictadura
La jornada electoral del 5 de octubre se vivió con incertidumbre. Un apagón durante la noche anterior avivó los rumores de un posible boicot al proceso. El Gobierno de Estados Unidos recibió informaciones que apuntaban a que partidarios de Pinochet podrían llevar a cabo actos violentos para generar un clima de tensión que obligase a cancelar el referéndum. El entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan, en parte a través de la primera ministra británica, Margaret Thatcher, advirtió al Gobierno de Pinochet, que se comprometió a aceptar los resultados de la votación en caso de perder.
Más de siete millones de chilenos acudieron a las urnas, para una masiva participación del 97,5%. Pese a los temores iniciales, el plebiscito contó con registros electorales, observación nacional e internacional y campañas opositoras. El Gobierno tardó varias horas en reconocer el resultado mientras la televisión pública emitía dibujos animados, pero el régimen terminó aceptando la derrota, con un 56% de votos a favor del no. Al día siguiente, un diario abría con el titular “¡Corrió solo y llegó segundo!”, en referencia a la derrota de Pinochet.
Tras diecisiete años de dictadura militar, el 14 de diciembre de 1989 se convocaron elecciones presidenciales, en las que resultó elegido Patricio Aylwin, dando comienzo a la transición hacia la democracia en Chile. Con el objetivo de otorgarle legitimidad democrática a la Constitución de 1980, esta pasó por una serie de reformas que fueron ratificadas mediante otro plebiscito en 1989, acordado entre el oficialismo y la oposición. Sin embargo, después de tres décadas de estabilidad, nuevas demandas sociales y el inconformismo contra la herencia de la dictadura en la Constitución aún vigente y las instituciones llevaron a un movimiento social en 2019 que dio paso a un nuevo proyecto constituyente.
